Al menos ocho de los 14 institutos que participaban inicialmente en la prueba piloto para introducir agentes de los Mossos de forma estable en los centros han pedido abandonar el plan. En la mayoría de casos, los claustros han votado mayoritariamente en contra de la iniciativa y, en otros, han sido las propias direcciones quienes lo han solicitado tras constatar la oposición del profesorado. El número podría crecer en los próximos días, ya que hay, al menos, dos institutos más que votarán esta semana si continúan participando en la prueba. Pero el Govern ha optado por no cuantificar este movimiento de oposición y no cifra el número de centros que han solicitado la renuncia. Educación asegura que no informará de este tema hasta diciembre.
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este martes el recurso del Gobierno a las modificaciones de la Ley trans valenciana promovidas por el PP y Vox. Además, el organismo ha suspendido la vigencia y aplicación de varios artículos de la norma aprobada por las derechas (los 127, 129, 136, 139 y 140) desde la fecha en la que el Ejecutivo central recurrió, el 26 de febrero de este año. Para cerrar el apoyo de Vox a los presupuestos regionales de 2025, el PP valenciano aprobó una ley de acompañamiento a los mismos en la que abría la puerta a la realización de falsas terapias de conversión para personas LGTBI+; prohibía a los centros educativos abordar la diversidad sexual y de género; y otorgaba a los padres de adolescentes menores de edad potestad para bloquear el cambio de género de sus hijos. “Los derechos LGTBI+ se han utilizado [en Valencia] como moneda de cambio para alcanzar acuerdos presupuestarios, algo inmoral, injusto e inconstitucional”, dijo la ministra de Igualdad, Ana Redondo, cuando se anunció el recurso al Constitucional.
El químico Mariano Barbacid ha anunciado que no se beneficiará económicamente de su estudio sobre un tratamiento experimental contra el cáncer de páncreas en ratones que está investigando. La decisión llega apenas una semana después de que la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en la que se presentaron los resultados retirase el artículo por “un conflicto de intereses relevante no declarado en el momento de la presentación”, según adujeron los editores de la revista. Se referían a que Barbacid y otros firmantes no informaron de que son copropietarios con otros socios de la empresa Vega Oncotargets, fundada para desarrollar nuevas terapias contra el cáncer de páncreas. En un comunicado enviado a través de un despacho de abogados, Barbacid ha anunciado este martes que se desvinculará “por completo” de Vega Oncotargets y de “la titularidad de dos solicitudes de patentes pertenecientes al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)”.
Alrededor de las seis y media de la mañana del pasado 28 de octubre Miguel Barreno López, ciudadano español, se dirigía en su coche a la fábrica de comida india en la que trabajaba cerca de la ciudad de Carol Stream, a las afueras de Chicago. Lo acompañaban tres personas más, todas ellas nicaragüenses. De repente, se les acercó un vehículo y los obligó a parar. Barreno intuyó enseguida lo que estaba pasando. “Estos no son de la policía”, pensó para sus adentros. Eran agentes del ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés), las unidades parapoliciales a las que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado carta blanca para perseguir y detener a extranjeros en situación irregular. Así comenzó “un infierno” cuya salida empezó a entrever tras denunciar su abandono en una llamada telefónica a EL PÁIS.
