El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este martes el recurso del Gobierno a las modificaciones de la Ley trans valenciana promovidas por el PP y Vox. Además, el organismo ha suspendido la vigencia y aplicación de varios artículos de la norma aprobada por las derechas (los 127, 129, 136, 139 y 140) desde la fecha en la que el Ejecutivo central recurrió, el 26 de febrero de este año. Para cerrar el apoyo de Vox a los presupuestos regionales de 2025, el PP valenciano aprobó una ley de acompañamiento a los mismos en la que abría la puerta a la realización de falsas terapias de conversión para personas LGTBI+; prohibía a los centros educativos abordar la diversidad sexual y de género; y otorgaba a los padres de adolescentes menores de edad potestad para bloquear el cambio de género de sus hijos. “Los derechos LGTBI+ se han utilizado [en Valencia] como moneda de cambio para alcanzar acuerdos presupuestarios, algo inmoral, injusto e inconstitucional”, dijo la ministra de Igualdad, Ana Redondo, cuando se anunció el recurso al Constitucional.
El químico Mariano Barbacid ha anunciado que no se beneficiará económicamente de su estudio sobre un tratamiento experimental contra el cáncer de páncreas en ratones que está investigando. La decisión llega apenas una semana después de que la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en la que se presentaron los resultados retirase el artículo por “un conflicto de intereses relevante no declarado en el momento de la presentación”, según adujeron los editores de la revista. Se referían a que Barbacid y otros firmantes no informaron de que son copropietarios con otros socios de la empresa Vega Oncotargets, fundada para desarrollar nuevas terapias contra el cáncer de páncreas. En un comunicado enviado a través de un despacho de abogados, Barbacid ha anunciado este martes que se desvinculará “por completo” de Vega Oncotargets y de “la titularidad de dos solicitudes de patentes pertenecientes al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)”.
Alrededor de las seis y media de la mañana del pasado 28 de octubre Miguel Barreno López, ciudadano español, se dirigía en su coche a la fábrica de comida india en la que trabajaba cerca de la ciudad de Carol Stream, a las afueras de Chicago. Lo acompañaban tres personas más, todas ellas nicaragüenses. De repente, se les acercó un vehículo y los obligó a parar. Barreno intuyó enseguida lo que estaba pasando. “Estos no son de la policía”, pensó para sus adentros. Eran agentes del ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés), las unidades parapoliciales a las que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado carta blanca para perseguir y detener a extranjeros en situación irregular. Así comenzó “un infierno” cuya salida empezó a entrever tras denunciar su abandono en una llamada telefónica a EL PÁIS.
Todo empezó en la retina de un pollo. La carrera del bioquímico Gabriel Rabinovich (Córdoba, Argentina, 57 años), descubridor de una especie de interruptores moleculares que regulan el sistema inmune, dio sus primeros pasos ahí, aprendiendo en un laboratorio de química biológica, poco después de graduarse, a fabricar anticuerpos en conejos contra proteínas de la retina del pollo.
“Escribí a cinco directores generales y me contestaron cuatro”, dice Ben Horwitz, estudiante de la Escuela de Negocios de Harvard. Los directores generales no suelen contestar a emails de desconocidos. Les pedía, además, tomar un café o que fueran a una reunión con estudiantes, nada muy importante. Pero Horwitz tenía un truco: había creado una pequeña app que imitaba el estilo de estos ejecutivos al escribir, con erratas, sin saludos, apenas una línea con seis, ocho palabras. Y funcionó.
Khoudia Diop tiene 26 años y lleva en un matrimonio a distancia desde los 17. Ella vive en Léona, un pueblo en el noroeste de Senegal; él, en Catania, en Italia, donde ahora vende productos en los mercados. Sus padres se encargaron de los preparativos antes de que partiera a Europa en 2008. Él solo regresó una vez, en 2023. “Nos las arreglamos, pero no es fácil”, admite Diop, que ha sacado un momento, en medio de sus múltiples tareas domésticas en casa de sus suegros, para hablar con este diario. Su caso no es la excepción, sino, más bien, la norma en el pueblo y, en general, en la región de Louga, profundamente marcada por la migración. La Oficina de Acogida, Orientación y Seguimiento de Senegal (BAOS, por sus siglas en francés) calcula que casi el 56% de los hogares de Louga tienen al menos un miembro de la familia viviendo en el extranjero. En 2024, alrededor de 740.000 senegaleses se habían marchado del país.
