A la industria que impulsa la inteligencia artificial (IA) cada vez le resulta más complicado proyectar una cara amable. El relato oficial que promueven las empresas que lideran esta tecnología es que ha llegado para mejorar el mundo. Prometen que aumentará las capacidades humanas, nos permitirá trabajar menos, facilitará tareas hasta ahora tediosas, revolucionará la ciencia, curará enfermedades, incluso resolverá la crisis climática. Pero esta semana, varios acontecimientos han aportado una buena dosis de realidad. El Banco Central Europeo ha ordenado a la banca reforzar su ciberseguridad porque teme que el último modelo de Anthropic, que ha demostrado ser especialmente bueno detectando fallos de software, pueda causar estragos en el sector, dejando desnudas las cuentas de millones de personas. En Estados Unidos, Google rompió el martes su política antibelicista y firmó un acuerdo con el Pentágono para cederle sus modelos, que podrán ser usados para asuntos clasificados. El viernes, el Departamento de Guerra anunció que ese acuerdo se extendía a xAI, OpenAI, Amazon, Microsoft o Nvidia, entre otras. Todo eso mientras se celebra el crucial juicio sobre OpenAI, la desarrolladora de ChatGPT, por el que desfilarán durante el próximo mes muchos tecnomagnates —ya lo hizo Elon Musk— y que está dejando al descubierto la lucha de poder que subyace a sus proclamas para salvar el mundo con la IA.
Ibrahim Badr corre, ajeno a la miseria y la incertidumbre que le rodean, entre las tiendas de campaña de familias desplazadas instaladas en un patio de la Universidad islámica de Ciudad de Gaza. Tiene dos años y medio y un inconfundible acento egipcio que delata que aprendió a hablar en el país vecino, lejos de toda su familia y de Gaza.
Un año después de haber estado en un buen hotel habrá olvidado casi todo menos el olor. Esa fragancia diseñada para hacerlo sentir por un tiempo un mortal levemente superior al resto habrá quedado almacenada en algún rincón de su hipocampo con un 65% de precisión, según apuntan algunos estudios. El día que regrese, reconocerá de inmediato la sensación: ha llegado a un sitio que huele a caro —olor a rico—, que se dice ahora en TikTok, así que alguien se hará cargo de usted por unos días siempre que su tarjeta de crédito también huela a rico, o al menos a persona solvente con disposición a gastar dinero.
Nigel Farage siempre ha amado el lujo, los trajes bien confeccionados y el buen vino. El dinero, en suma. Por eso no ha extrañado a nadie la revelación del diario The Guardian de que su decisión final de presentarse como candidato, una vez más, en las elecciones parlamentarias de julio de 2024, a pesar de que había anunciado su retirada de la política, tuvo que ver con el regalo de cinco millones de libras esterlinas (unos 5,8 millones de euros) que le hizo el multimillonario Christopher Harborne. Farage justificó esa entrega, sin mostrar demasiado remordimiento, como el vehículo para reforzar su seguridad y la de su familia, su mayor preocupación en ese momento.
Esa sesentena larga de trabajadores, la mayoría periodistas, que se reunieron para celebrar el primer medio siglo de EL PAÍS, casi todos jubilados, muchos ya sin pelo o blanco el que les queda, fueron los que iniciaron aquella incierta aventura y los que proporcionaron “alma” al periódico, un alma que tantos han querido seguir. Entonces, la Redacción estaba a la izquierda ideológica de la dirección y de la propiedad. Bastantes de esos redactores no eran demócratas a no ser que al concepto de democracia se le añadiera algún apellido, por ejemplo el de popular (“democracia popular”). Y coqueteaban con el titular de aquel librito de Daniel Cohn-Bendit, uno de los héroes de Mayo del 68, “la revolución y nosotros, que la quisimos tanto”. Luego llovió mucho, cayeron el muro de Berlín y las Torres Gemelas de Nueva York, y casi todos sustituyeron la revolución por otra noción aparentemente más modesta: “La democracia y nosotros, que la quisimos tanto”.
Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias declaró procedente el despido de una empleada que dedicó parte de su jornada al uso privado de sus redes sociales. Para fundamentar el cese, la empresa aportó registros de actividad y publicaciones en la web de la infractora. Este no es un caso aislado. En otro litigio, el TSJ de Castilla y León validó el empleo de un software de control para motivar el cese de un teleoperador que prestaba servicios desde su domicilio. Del mismo modo, el tribunal autonómico madrileño refrendó el despido de otra teletrabajadora: la empresa, una importante aseguradora, aportó un certificado sobre tiempos de desconexión.
¿Cómo conseguir pruebas sobre la inactividad de un teletrabajador sin vulnerar su intimidad? Para Òscar Jiménez, titular del despacho Òscar Jiménez Digital Forensics, un peritaje riguroso no implica un acceso indiscriminado a la información de un dispositivo. En sala, el especialista aplica metodologías de minimización, como “búsquedas selectivas por palabras clave” vinculadas al objeto investigado. El objetivo es limitar el examen a los datos potencialmente relevantes. En un reciente juicio por despido, este tipo de análisis fue clave para que el tribunal calificara la metodología empleada por Jiménez como “respetuosa con los derechos fundamentales”. En materia de evidencia digital, “no solo importa qué información se obtiene, sino también cómo se accede a la misma”, defiende el perito.
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John Kenneth Galbraith publicó en 1967 su libro El nuevo Estado industrial. Una de sus conclusiones es que en las empresas modernas, a medida que crecen, un grupo de técnicos y directivos, a los que define como la “tecnoestructura”, asume más y más poder, desplazando a los accionistas. Como consecuencia de este empoderamiento y de la atomización de la propiedad de las corporaciones, la tecnoestructura tiene una influencia directa a la hora de decidir sobre sus propios sueldos. Casi seis décadas después de que el economista y diplomático canadiense advirtiese sobre este fenómeno, la maquinaria de la élite directiva sigue perfectamente engrasada.
