La primera vez que vio el cartel de Zeta, su nueva película, a Mario Casas (A Coruña, 39 años) se le escapó una sonrisa. “Me vi ahí con un arma, con una explosión detrás, como el héroe de acción de una película americana. Me hizo muchísima gracia”. Posiblemente se acordó de todas las horas que había pasado viendo películas como aquella. “Soy de una generación que tiene idealizado el cine. Mi infancia fueron las películas, los videoclubs. Llegabas a casa y el plan del sábado por la noche era alquilar una peli. Yo con 13 o 14 años, mientras mis colegas jugaban al fútbol, cogía el autobús del centro comercial para ir al cine solo”.
Circulan estos días en redes sociales imágenes de perros y gatos abandonados en las calles de Dubái. Sus dueños los dejan porque quieren huir de la guerra y es complicado volar con ellos. Además, el paso a Omán prohíbe el ingreso con animales y los peludos a los que cuidaron como perrijos son ahora un lastre. Quienes los abandonan son propietarios con recursos que, en muchos casos, y según denuncian veterinarios locales, intentan sacrificar a sus mascotas sanas. Solo cuando no han podido matarlas en su doméstica solución final deciden atarlas a un poste de la luz o encerrarlas en la terraza de sus urbanizaciones de lujo y huir. No es un abandono desesperado entre el caos de la guerra, sino una profiláctica y despiadada solución para matar a un miembro de su familia. Lo más aterrador es que a sus propietarios les parecerá, estoy segura, un exterminio responsable. Después de todo, están dispuestos a pagar lo que sea necesario por sus seres queridos. Incluso para aniquilarlos.
La trama de corrupción medioambiental presuntamente liderada por el dueño de Forestalia, Fernando Samper, iba supuestamente mucho más allá del ex alto funcionario del Ministerio para la Transición Ecológica detenido la semana pasada por favorecer los permisos de parques renovables ligados a esta empresa aragonesa. Forestalia nació y se hizo grande en Aragón, donde tejió una red de influencia política —a derecha e izquierda— basada en las llamadas puertas giratorias (el paso de cargos públicos a la actividad privada) y en supuestas mordidas millonarias, según los documentos que figuran en el sumario del caso que se sigue en el Juzgado de Instrucción 1 de Teruel.