Milán es la ciudad a la que la cantante Dua Lipa está pensando irse a vivir pero también donde muchos de sus vecinos se ven obligados a marcharse. Está entre las que acoge más millonarios del mundo, que se instalan en nuevos rascacielos firmados por grandes arquitectos. Llegan atraídos por la tarifa plana fiscal ofrecida en Italia desde 2017, un solo pago de 300.000 euros (convenció a Cristiano Ronaldo a irse del Real Madrid a la Juventus en 2018). Es el llamado modelo Milán, una ciudad de lujo, de cultura, de moda, de bancos de inversión, ideal para vivir, salvo que por el precio de los pisos y de los alquileres vivir se ha vuelto imposible: comprar cuesta un 57% más que hace una década y alquilar, un 70% más que en 2018, según los datos de los portales inmobiliarios.
Cada mes despegan desde el aeropuerto alemán de Leipzig aviones con destino a Afganistán. Son vuelos chárter de la aerolínea turca Freebird (“Pájaro libre”, en español), un nombre que puede sonar a broma de mal gusto para sus pasajeros: ciudadanos afganos deportados a Kabul en contra de su voluntad. Cerca de 300 afganos han sido expulsados por las autoridades alemanas a su país de origen desde 2025, desde que tomó posesión el actual Gobierno federal. La gran mayoría eran condenados por crímenes, pero en los últimos traslados están siendo incluidas cada vez más personas sin antecedentes penales.
Pese a que era el líder de Israel cuando unas 1.200 personas murieron en los ataques encabezados por Hamás el 7 de octubre de 2023, Benjamin Netanyahu tiene opciones sorprendentemente buenas de obtener un buen resultado en las elecciones generales de la próxima semana. En parte se debe a las campañas militares del primer ministro israelí, que le han devuelto el prestigio a ojos de algunos de sus compatriotas. También a que preside una economía que en 2025 logró crecer más de un punto porcentual por encima de la media del 1,8% de los países de la OCDE, el club de economías desarrolladas. Aun así, otro Gobierno podría obtener un dividendo económico.
La barbarie acosa a sus víctimas allá donde vayan. A Tetyana Ogárkova y Volodímir Yermolenko les cuesta pensar que lejos de la guerra, ellos hagan o hablen de cosas diferentes a las que comparten con sus tres hijos su casa familiar de Brovary, objetivo diario de los bombardeos, a las afueras de Kiev, la capital de Ucrania. Bromean mientras posan en la terraza de un hotel de Madrid, donde presentan La vida en el límite (Libros del Asteroide), un viaje literario sobre el horror que atraviesa su país. Un día antes lo hicieron en Barcelona, invitados por el centro cultural CCCB. Entre risas y chanzas suenan unos pitos en el teléfono móvil de Ogárkova, que mantiene activas las alertas antiaéreas que atenazan su hogar. Rusia está bombardeando algún rincón de Ucrania.
Cuando se confirmó que Javier Milei volvía a España pero esta vez en plena precampaña electoral, el equipo de campaña del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no daba crédito. Parecía un regalo perfecto. Y lo fue. Hasta el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, del PP, admitió que el viaje era un caramelo para el presidente. “Pedro Sánchez será el primero que esté muy feliz por la propaganda que le ha dado Milei hoy, estoy seguro”, llegó a decir el regidor.
No es la primera vez que sucede. Hace dos años, en junio de 2024, en la anterior visita de Javier Milei a España, Isabel Díaz Ayuso incomodó a Génova al otorgar al presidente de Argentina la medalla internacional de la Comunidad de Madrid, en un acto con toda la pompa del que fue ajeno el líder del PP. Ahora, en plena precampaña electoral, la presencia del histriónico mandatario latinoamericano vuelve a ser incómoda para el PP, salvo para la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha vuelto a reivindicarlo como un referente, al recibirlo calurosamente y exhibir complicidad con un abrazo mientras el líder de su partido lo ignoraba y ponía tierra de por medio con un acto en Sevilla centrado en las políticas de vivienda. Los populares son conscientes de que los insultos de Milei en Madrid a Pedro Sánchez, a quien llamó este miércoles “impresentable dictador”, pueden activar al electorado progresista, pero confían en que el impacto de la visita del presidente argentino se diluya porque aún faltan 40 días para la cita con las urnas. “Menos mal que ha venido ahora y no el 21 de noviembre, porque si llega a venir la última semana de campaña el escenario sería distinto”, admite un dirigente.
Antes de que su abogado, Pedro J. Díaz, pudiera darle la noticia, el único ciudadano español nacionalizado al amparo de la ley de nietos que acudió al Tribunal Constitucional para adherirse al recurso de amparo del Defensor del Pueblo ya le había enviado el enlace de la información con el fallo. El pleno del tribunal de garantías había inadmitido, por diez votos a dos, el recurso que reclamaba restablecer el derecho al voto de más de 160.000 nacionalizados, entre ellos el suyo. Junto al enlace, el hombre, español de origen argentino, escribió una pregunta tan breve como cargada de desazón: “¿Y ahora qué se puede hacer?”. El portazo judicial lo dejó triste y desmoralizado, aunque no ha conseguido apagar del todo su esperanza. Su abogado, sin embargo, mira al futuro con mucho menos optimismo. Las posibilidades de que los afectados puedan votar el próximo 29 de noviembre son, a su juicio, “pocas o ninguna”.
La retirada del derecho al voto a más de 160.000 nacionalizados por la llamada ley de nietos ha puesto el foco en una ley y una instrucción aprobadas en octubre de 2022 sin que ningún partido político las recurriera. La Ley de Memoria democrática se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 19 octubre de ese año tras un año de compleja tramitación parlamentaria con intensos debates, no solo entre el Gobierno y la oposición sino también con los socios de investidura. La instrucción del Ministerio de Justicia con las directrices para tramitar el derecho a optar a la nacionalidad española se aprobó seis días después y solo fue impugnada por una asociación contraria a las leyes de memoria histórica y democrática, pero su recurso fue desestimado por una cuestión de forma. Cuatro años después, el debate político a las puertas de un nuevo ciclo electoral ha desenterrado aquella instrucción que en su momento pasó inadvertida para los partidos y ahora ha derivado en un enorme embrollo jurídico.
Este octubre se cumplen seis meses desde que el PP inaugurase la segunda ronda de Gobiernos autonómicos con Vox. María Guardiola, baronesa extremeña, cedía de nuevo ante la extrema derecha incluyéndola en su Ejecutivo y desataba la caída del resto de fichas del dominó: Aragón, Castilla y León y Andalucía. En todas los pactos, los populares dieron cancha a la formación de Santiago Abascal, cuya agenda ultra ha ido avanzando en los boletines territoriales desde entonces hasta hoy. Medidas que se han acelerado con el inicio del curso político, así como con la paulatina aprobación de los Presupuestos autonómicos en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre en la que, según las encuestas, la alianza de PP y Vox puede alcanzar una mayoría de gobierno.
La expectación ante la llegada del iPhone Duo, que se agotó en reservas online y tiene un plazo de entrega de tres meses, ha vuelto a poner en el centro de la actualidad tecnológica a este tipo de dispositivos. En realidad, la propuesta del primer smartphone plegable de Apple es muy similar a la que hemos visto durante los últimos años en fabricantes como Samsung, Huawei o Motorola: un teléfono que se abre para mostrar una pantalla enorme con la que es posible leer, ver vídeos, consultar documentos o trabajar con varias aplicaciones a la vez de forma más cómoda que con un terminal tradicional. Sin embargo, esa versatilidad tiene un precio, tanto económico como práctico. Las preguntas que muchos se hacen antes de tomar la decisión de adquirirlo son obvias: ¿Merece la pena pagar más por un móvil que se dobla? ¿Es tan delicado como puede parecer? ¿Puede sustituir realmente a una tablet?