El pasado 25 de noviembre el Parlamento andaluz admitía a trámite la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por Mareas Blancas para blindar la sanidad pública y limitar la firma de conciertos con la privada. Salió adelante, de manera sorpresiva, con el apoyo del PP, que entonces tenía la mayoría absoluta en la Cámara regional en los que los propios proponentes como los partidos de la oposición entendieron como un cálculo electoralista, dado que el deterioro de los servicios sanitarios públicos era el mayor talón de Aquiles de la gestión del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Con las elecciones autonómicas de mayo, la propuesta no pudo ser desarrollada, pero, con la nueva legislatura en marcha la comisión de Sanidad ha comenzado esta mañana con las comparecencias de profesionales para mejorar y complementarla, el primer paso antes de que se dicte el dictamen que determine su viabilidad o como ha ocurrido con todas las ILP que se han presentado en esta comunidad, se quede en un cajón.
En un pasado no tan lejano, el acelerado deshielo en el Ártico era considerado un problema mayoritariamente medioambiental. Pero para la Unión Europea, el indeseado efecto del cambio climático —casi cuatro veces más rápido que en el resto del planeta— ha pasado a convertirse, en los últimos años, en un rompecabezas sobre todo geopolítico. Un giro radical que se refleja en la nueva estrategia para la región presentada este martes por la Comisión Europea para impulsar “un Ártico estable y preparado para el futuro”; un plan europeo que busca responder y contrarrestar al cada vez mayor interés —no siempre pacífico— de Rusia, pero también de China y Estados Unidos, sobre una región estratégica y rica en algunas de las materias primas más cotizadas.
La tensión entre el Gobierno de Ceuta y La Moncloa a cuenta de la entrada masiva continúa en aumento. La afrenta mantenida por el presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, desde mitad de agosto contra la Administración central ha sumado este martes un nuevo capítulo. El Ejecutivo ceutí envió hace un mes un requerimiento formal solicitando más información sobre los miles de migrantes internados en los recursos de acogida. Y censuran que no se están poniendo los medios suficientes para tramitar los expedientes de devolución. Enfrente, el mando único defiende que los dichos “expedientes se pueden resolver en el plazo de un mes”, que “se deben respetar los procedimientos legales” y que se han movilizado los recursos necesarios. Tras la contestación remitida, el equipo de Vivas amenaza con elevar la cuestión al Tribunal Supremo.
El clima belicista que sobrevuela la geopolítica terrestre comienza a cristalizar en el espacio. Hace unas semanas, EE UU reconoció por primera vez que tenía armas activas “en órbita”. Y en los últimos días, Rusia también ha enseñado los dientes en el espacio al acosar al satélite Iceye-X36, un artefacto comercial de propiedad estadounidense que proporciona a Ucrania imágenes muy nítidas de los escenarios de la guerra que libra contra las tropas de Vladímir Putin. El satélite ruso Kosmos-2612 comenzó a finales de septiembre una serie de sospechosas maniobras que culminaron el pasado 18 de octubre, acercándose hasta un punto de “extrema proximidad” mientras recorrían la Tierra a 540 kilómetros de altura, poniendo en peligro la integridad del artefacto. Los especialistas en tráfico espacial consideran la persecución una maniobra de una agresividad inédita. La sombra de los sabotajes que hoy recorre Europa también llega al espacio con un claro significado geopolítico: un satélite militar ruso se ha acercado extraordinariamente a un satélite comercial estadounidense que presta apoyo militar a Ucrania.
Hay 338.473 personas en la Comunidad de Madrid que, pese a trabajar y cobrar un sueldo, viven bajo el umbral de la pobreza. Aun así, las estadísticas oficiales no los contabilizan como tal, porque tienen ingresos por encima de los 1.018 euros al mes, el umbral que mide la pobreza en España. En cambio, UGT ha aplicado un umbral de 1.190 euros que compensa el coste de vida en la capital, que es notablemente superior al de otras zonas del país.
La visita que el papa León XIV hizo a España el pasado junio ha costado el doble de lo que estimó la Conferencia Episcopal inicialmente en abril de 2026. El gasto de las entidades organizadoras ha alcanzado 31,09 millones de euros, muy por encima de los 15 millones que anunciaron inicialmente desde la Conferencia en abril de este año, aunque posteriormente, días antes de la llegada del Pontífice, desde la misma organización elevaron el cálculo a 25 millones de euros. “Nosotros tenemos una proyección en función de los gastos habituales, pero, a la hora de la verdad, siempre se producen más gastos porque hay imprevistos. Lo que hemos querido, con toda transparencia y claridad, fue someternos a un proceso de revisión por una entidad externa que pudiera validar los gastos”, ha explicado Fernando Giménez Barriocanal, el coordinador general adjunto de la visita.
