En septiembre de 2022, la muerte de Mahsa Amini, una joven iraní de 22 años detenida por la policía de la moral por supuestamente incumplir las normas sobre el velo islámico, desencadenó una oleada de protestas en Irán contra la obligación de las mujeres de cubrirse el cabello. Cuatro años después, al otro lado de la frontera, el hiyab vuelve a provocar manifestaciones, pero por el motivo contrario. En Azerbaiyán, alumnas y profesoras denuncian que no pueden acceder a los centros educativos por llevarlo. Las protestas han provocado decenas de detenciones y un enfrentamiento político con Turquía, el principal aliado de Bakú.
Las conversaciones de varios corrillos rompen la tranquilidad de la noche en Wudaoying, uno de los hutong (callejones) más populares del casco antiguo de Pekín. A la puerta de una sala de conciertos, Shao, de 27 años, y Qin, de 28, charlan con cervezas en la mano. “Me tratan como si fuera una niña y encima tengo que sonreír para no dar problemas”, se queja Shao. Da una calada al cigarrillo y señala con la cabeza a un compañero de trabajo, que está a unos metros. “Estoy harta de tanto mansplaining”, responde Qin, en referencia a las explicaciones condescendientes de hombres que presuponen que ellas saben menos.
Una mayoría de los doce magistrados que componen el Tribunal Constitucional defenderá este miércoles que se inadmita el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, según fuentes del órgano de garantías. El recurso pedía restablecer el derecho al voto de más de 160.000 españoles, nacionalizados en virtud de la ley de nietos, que viven en el extranjero y a quien el Tribunal Supremo ha retirado cautelarmente el sufragio a poco más de un mes de las próximas elecciones generales. La mayoría del Pleno, sin reflejar esta vez la división de referencia entre progresistas y conservadores, considera que como el Supremo abrió un plazo de alegaciones para los afectados —vigente hasta el viernes, 23 de octubre—, el recurso del Defensor es prematuro y no cumple con el requisito de subsidiariedad del amparo: esto es, que se haya agotado la vía de la justicia ordinaria.
Estaba cantado. El auto del lunes del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que levantaba la orden de arresto contra Carles Puigdemont en aplicación de la doctrina del Constitucional, fijada por su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y con notables críticas a esta, era el prólogo. La resolución de ayer de la Sala de lo Penal, firmada por Manuel Marchena, eleva varios grados la fricción entre ambas instituciones y certifica un choque de trenes que no es sólo producto de interpretaciones opuestas en materia jurídica y de competencias.
Óscar Puente está feliz. Es su turno. Se arremanga. Sube al escenario de un edificio con forma de caparazón de tortuga, la Cúpula del Milenio de Valladolid. Pedro Sánchez lo observa desde abajo. El ministro de Transportes no falla. Pone patas arriba a la militancia:
La calle también juega en la precampaña. Desde las grandes manifestaciones iniciales por el desahucio de Maricarmen Abascal, que se condensaron después en la acampada en la Puerta del Sol y que también empujaron a un adelanto electoral, hasta las protestas, la huelga indefinida de maestros en Madrid y, dentro de tres semanas, una huelga general por la crisis de la vivienda ya a las puertas de la campaña electoral: todo suma o resta en una campaña atípica en la que la calle, que en los últimos años se había movido mucho con la derecha contra el Gobierno, ha recuperado un gran protagonismo de la izquierda en un momento de máxima debilidad del bloque progresista y de euforia en el conservador, cada vez más convencido de que su llegada al poder es inminente.
PSOE y Frente Amplio irán juntos al Senado en casi toda España, con una lista llamada Senado de Progreso. Ese movimiento estratégico tiene ahora un eco en la derecha: Vox estudia no presentarse en varios territorios para no dividir el voto conservador. Tiene hasta el lunes 26, cuando se cierra el plazo de candidaturas. Son movimientos que pueden decidir quién controla la Cámara alta.
“¿Ustedes saben qué es tener aquí al anarcocapitalista más importante del mundo?“, afirmó eufórico Javier Milei en una entrevista en abril de 2025. Pocas horas después, el presidente argentino condecoró en la Casa Rosada a su alabado Jesús Huerta de Soto, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), con la Orden de Mayo en gratitud por sus servicios a la nación. Y ahora este excéntrico profesor de la Escuela Austriaca devuelve estos cumplidos a Milei como anfitrión de un acto que se celebrará este miércoles en el campus de Vicálvaro de la universidad.
Si la escritora Vicki Baum estaba en lo cierto al decir que uno de los atajos hacia la felicidad es el baile, muchos hombres agradecerán saber que no es necesario que esa danza sea especialmente memorable. De ser así, ese trayecto se volvería mucho más complicado. ¿Por qué hay tantos hombres que temen bailar? ¿Y por qué a tantas mujeres a las que un mal baile les genera verdadero rechazo? En Sorry I Don’t Dance: Why Men Refuse to Move (Perdona, pero yo no bailo: por qué los hombres se niegan a mover el esqueleto) (Oxford University Press), Maxine Leeds Craig se pregunta precisamente cómo, tras haber estado asociada la masculinidad durante un tiempo con la gracia, la danza y el movimiento, en la actualidad se considera el baile y la masculinidad se han vuelto incompatibles. “La razón por la que tantos hombres evitan bailar tiene que ver con cómo se percibe su sexualidad. Evitar parecer gay es central a la hora de representar la masculinidad normativa. El miedo a parecer homosexuales les limita a la hora de andar y de gesticular. Determina cómo bailan y evita que algunos bailen jamás”, asegura. En muchísimas películas estadounidenses, especialmente adolescentes, hay una escena primordial en la que el protagonista es pillado en su habitación haciendo algo que considera humillante e íntimo: bailar al ritmo de su canción favorita.