El Tribunal Constitucional ha rechazado intervenir en el debate jurídico que se mantiene en el Tribunal Supremo sobre el derecho al voto de 163.000 nacionalizados por la ya conocida como ley de nietos que viven en el extranjero. Los magistrados han desestimado la petición del Defensor del Pueblo de levantar la suspensión cautelar del sufragio de estos españoles de cara a las elecciones generales del 29-N. El tribunal de garantías ha adoptado esta decisión al considerar prematuro el movimiento impulsado por la institución encabezada por Ángel Gabilondo porque no se ha agotado todavía la vía abierta en el Supremo.
Miles de sitios web, entre ellos páginas gubernamentales de Europa y otras regiones, quedaron fuera de servicio este miércoles después de que la divulgación de vulnerabilidades críticas en PHP obligara a los administradores de sitios web de todo el mundo a tomar medidas urgentes para proteger sus sistemas.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha aprovechado su comparecencia esta mañana en Sevilla para hablar de vivienda, quizá el gran tema de la inminente campaña electoral. Entre promesas de construcción y compromisos de rebajas fiscales, el líder popular no ha dejado pasar la oportunidad de mencionar la okupación —uno de los ejes vertebradores de la posición del partido sobre el problema de la vivienda— y ha afirmado: “Hay propietarios con miedo. Porque si un okupa llega con un papel de haber pedido una pizza, ya nadie le puede sacar hasta dentro de varios años”. ¿Se puede acreditar que uno es el legítimo morador de una vivienda por haber pedido una pizza? No.
Aunque no se han encontrado físicamente, Javier Milei y Santiago Abascal se han visto este miércoles a través de una videollamada en la que el líder de Vox le ha agradecido al presidente argentino por su visita y por su discurso cargado de insultos a la izquierda en el Nueva Economía Fórum, y en la que se ha lamentado por no poder recibirlo personalmente. En sendos vídeos difundidos por el equipo del mandatario y por el propio Abascal en X se les ve a ambos hablar en tono de camaradería y llamándose “Javier” y “Santiago” el uno al otro. Mientras a Abascal se le ve dentro de un coche, Milei se encuentra en una oficina de la sede en Madrid de la Fundación Disenso. “Amigo, ¿cómo estás? Che, dicen que no me querés más”, comienza el argentino. “Por eso estás en mi despacho”, le responde el español, con lo que su interlocutor estalla en risas.
La Comunidad de Madrid cuenta con un equipo de comunicación de primer nivel que informa de todos los pasos que da Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de Madrid habla prácticamente a diario y se somete a las preguntas de los periodistas de una forma que solo hacen algunos mandatarios latinoamericanos y Donald Trump. No hay ningún tema de relevancia nacional sobre el que no opine. Su agenda funciona como un reloj y se conoce siempre la tarde de antes. Puede anunciar una visita a la feria del melón o un discurso inaugural en un simposio del colegio de notarios. Sin embargo, su encuentro con todo un jefe de Estado se ha celebrado sin mucha pompa institucional y, de hecho, ha permanecido oculto hasta última hora.
El motor y el zumbido de las aspas del helicóptero de la policía, que sobrevuela el centro de París con un potente foco que alumbra sus callejones desde hace dos días, es lo único que rompe el silencio impuesto en las últimas noches. La capital de Francia, como las otras grandes ciudades donde hubo disturbios el pasado sábado, se ha blindado a través de un despliegue policial enorme y toques de queda que restringen los movimientos de los ciudadanos a partir de las nueve de la noche. Pero el ruido continúa durante el día en la esfera política y mediática y en las redes sociales, donde se cocina la manifestación convocada para el sábado: el segundo acto, según los chalecos amarillos.
La Fiscalía de Marbella ha solicitado un año y 11 meses de prisión para el alcalde de Estepona (Málaga, 78.413 habitantes), José María García Urbano (PP) al que acusa de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales. La fiscal Alejandra Gómez pide la apertura de juicio oral y sostiene su petición argumentando que el regidor, que lleva en el cargo desde el año 2011, contrató como cargo de confianza municipal a una mujer con la que mantenía una relación sentimental “a sabiendas de que no iba a desempeñar actividad laboral alguna” y que, a pesar de ello, esta cobró algo más de 5.000 euros. El ministerio público también pide para García Urbano cinco años de inhabilitación como cargo o empleo público.