Tras una década de vigilancia y toques de atención por parte de Bruselas, España ha logrado sacudirse una de las sombras regulatorias que pesaban sobre su gestión pública. La Comisión Europea ha comunicado oficialmente al Gobierno el cierre del procedimiento de infracción que mantenía abierto contra el país desde 2015, originado por el incumplimiento sistemático de una directiva sobre la morosidad en las operaciones comerciales. Aquel expediente se abrió porque el país no estaba respetando los plazos legales para pagar a sus proveedores, lo que situaba a la Administración fuera de la legalidad comunitaria y obligaba a Bruselas a intervenir para garantizar que las facturas no se eternizaran en los cajones de los organismos públicos. El cierre del procedimiento fue comunicado a España el pasado 29 de abril, según consta en el listado del Ejecutivo comunitario sobre las novedades en estos procesos.
¿Quién es un halcón monetario? El partidario de una política monetaria restrictiva —inversa de la expansiva—, constreñir la cantidad de dinero en circulación, y por tanto el crédito, a fin de enfriar la economía. Y así, reducir la inflación.
España cerró 2025 con el segundo mayor déficit comercial de bienes de toda la Unión Europea: 60.319 millones de euros, solo por detrás de Francia, según datos publicados esta semana por Eurostat. En otro momento, una cifra así habría encendido todas las alarmas sobre la solidez de la economía nacional. Pero el contexto actual obliga a una lectura bastante menos dramática, según los economistas. El desequilibrio no responde a un desplome industrial ni a una pérdida acelerada de competitividad exterior, sino, en buena medida, al hecho de que España crece más que casi todos sus socios europeos y mantiene un nivel de consumo e inversión que el resto ha ido aminorando.
Dos ministros, el director general de la Organización Mundial de la Salud —“el riesgo para la población de Canarias es bajo”— y la directora general de Protección Civil y Emergencias, entre otros cargos, se esforzaron por tranquilizar a la población canaria acerca de los peligros que puede acarrear la llegada el domingo a mediodía del MV Hondius, el crucero con el brote de hantavirus, en cuanto se tomó la decisión de llevar a Tenerife el crucero. El barco fondeará lejos de la costa, en lugar de atracar. Y el ministro Ángel Víctor Torres insistió en que los pasajeros serán evacuados en lanchas con “absoluta seguridad”, de modo que “no haya contacto con la ciudadanía canaria”. Dos decisiones tomadas para satisfacer las exigencias del presidente canario, Fernando Clavijo, muy crítico con la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez —a quien acusó de deslealtad— por atender las peticiones de la Organización Mundial de la Salud de prestar el territorio canario para esta operación sanitaria.
El mundo lleva toda la semana con la mirada puesta en un crucero antártico que navega por el Atlántico. En el MV Hondius, se ha detectado un brote de hantavirus que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias mundiales y ha despertado el fantasma de una nueva pandemia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha notificado, por ahora, ocho casos, tres de ellos fallecidos, vinculados a este episodio infeccioso, pero mantiene bajo vigilancia a varias decenas de personas que han estado en contacto con el pasaje del barco.
Más de una docena de países rastrean a decenas de personas vinculadas al brote de hantavirus del crucero ‘MV Hondius’. Hay tres focos principales: las 147 personas que siguen a bordo y van camino de Tenerife; una treintena que bajaron del barco en Santa Elena entre el 21 y el 24 de abril; y los viajeros que coincidieron en aviones con una enferma evacuada.
El Puerto de Granadilla es el emplazamiento escogido por el Gobierno para que este domingo fondee el crucero antártico MV Hondius y, desde ahí, desembarcar el pasaje para llevarlo al aeropuerto de Tenerife Sur. Su nombre lleva varios días sonando en toda España; en Canarias, sin embargo, estas infraestructuras llevan décadas en el centro de la polémica: sobre ellas pesan las acusaciones de despilfarro (costó más de 200 millones de euros), destrozos medioambientales —a principios de la década, su construcción suscitó una de las mayores protestas ciudadanas de la historia de Tenerife— y un grave problema de infrautilización, que sus responsables achacan a que es una obra inacabada. Su uso actual es exclusivamente industrial, y sus responsables fían su desarrollo a la ampliación de uno de sus muelles, que costará 39,7 millones de euros.
Huelva es una provincia completa: agrícola y ganadera, minera y turística, industrial y pesquera. El rincón suroeste de España tiene hitos que se repiten con satisfacción, como la primera protesta medioambiental por la mala calidad del aire, en 1888, y un año después, la fundación del primer equipo de fútbol de España, con nombre inglés. Su toponimia huele a jamón de pata negra y al cuero de las botas camperas más famosas, marcas internacionales, como Río Tinto, que sigue denominando a la minera más grande del mundo. Sobre todo ello sobresale Doñana, un tesoro natural vigilado por medio mundo. Naturaleza e industria se entrecruzan siempre peligrosamente en esta provincia que mira con un ojo la belleza de sus marismas y con el otro las balsas de residuos industriales y la sobreexplotación de los acuíferos. Un acuerdo entre administraciones de distinto signo político selló en 2024 la pax onubensis, con un plan de recuperación del espacio natural y atención al campo. Así se afrontarían las elecciones andaluzas del 17 de mayo si no fuera porque el 18 de enero, a Huelva le tocó la peor parte del accidente ferroviario de Adamuz, que sembró de víctimas las vías, 46 fallecidos y decenas de heridos, un duelo que está lejos de cicatrizar.
Juan Manuel Moreno Bonilla habló con una vaca hace ocho años. Fadi pesaba 800 kilos. Enorme, gigante, medía casi dos metros de alto. Sacaba 80 litros de leche al día. Una empresa de producción láctea en sí misma. Moreno Bonilla quería conocerla. El entonces candidato del PP a la Junta de Andalucía convocó a la prensa en la granja. Sin medias tintas, delante de los fotógrafos y las cámaras de televisión, se acerco al oído de Fadi con una cuestión no menor:
Pilar Manchón (Sevilla, 53 años) es directora de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial (IA) de Google y desde este puesto ha colaborado con la administración central y con la Junta de Andalucía impulsando proyectos que optimicen recursos y faciliten tareas dentro de la administración. Describe el momento actual como “la metamorfosis más grande” que vamos a vivir como sociedad y aspira a que los partidos políticos se den cuenta cuanto antes de la necesidad de formarnos en IA desde el colegio.