El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha vuelto a presentar cargos contra el antiguo director del FBI James Comey, al que el presidente, Donald Trump, considera uno de sus grandes enemigos. Meses después de que los tribunales desestimaran el caso que le acusaba de perjurio y obstrucción a la justicia, los fiscales del departamento que dirige Todd Blanche, antiguo abogado personal de Trump, le acusan ahora en una investigación en torno a la publicación de Comey de una imagen en sus redes sociales en la que unas conchas en la playa forman los números 86 y 47, en lo que aseguran que se trata de una incitación en clave a la violencia contra el mandatario. 47 es el número que ocupa Trump en la lista de presidentes de la historia de su país.
Que a Donald Trump no le gusta que bromeen con él no es novedad. Tampoco lo es que, en dado caso, cargue contra quien lo hace. Pero ahora su Gobierno está dando un paso más contra uno de sus principales enemigos públicos: Jimmy Kimmel. El chiste del presentador sobre Melania Trump en su programa del pasado viernes, donde la calificaba de “viuda a la espera”, y emitido apenas 24 horas antes del tiroteo que tuvo lugar en la cena de corresponsales de Washington, ha gustado tan poco al presidente y a su esposa que no solo han pedido su dimisión, sino que la autoridad competente va ahora a revisar las licencias de emisión de Disney, propietaria de la cadena ABC, donde se emite el programa de Kimmel.
La IFAB, el organismo encargado de definir las reglas del fútbol, ha anunciado este martes que ha aceptado por unanimidad en su sesión especial celebrada en Vancouver (Canadá) dos nuevas reglas propuestas por la FIFA. La primera de ellas es que aquellos jugadores que se tapen la boca en el momento en el que se encaran con un futbolista rival, serán sancionados con tarjeta roja. La segunda, que los jugadores que abandonen el campo de fútbol como señal de protesta a una acción arbitral también serán expulsados. Ambas reglas se implementarán en la Copa del Mundo del próximo verano, disputada en Estados Unidos, México y Canadá.
Irán ha contradicho este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aseguró que el régimen de los ayatolás le ha pedido abrir el estrecho de Ormuz “lo antes posible” por riesgo de colapso de su economía. En un comunicado dirigido a la reunión de ministros de Defensa de la Organización de Cooperación de Shanghái, Teherán ha subrayado que “el paso fluido de la flota comercial por el estrecho no será posible antes de alcanzar la paz”. Emiratos Árabes Unidos ha comunicado su salida de la OPEP, tras criticar la inactividad de sus vecinos árabes para defenderlos de los ataques iraníes. La decisión supone un duro golpe para los países exportadores de petróleo, sobre todo para Arabia Saudí. Trump está descontento con la última propuesta de Irán para poner fin al conflicto empezado el pasado 28 de febrero. “No le gusta la propuesta”, ha asegurado en la madrugada de este martes un funcionario estadounidense, quien ha detallado que el presidente no está conforme con ella porque no aborda el programa nuclear. Israel ha emitido nuevas órdenes de desalojo en el sur de Líbano, ante posibles nuevos ataques, pese a la tregua.
El Congreso ha rechazado este martes el real decreto impulsado por el Gobierno de coalición que permitía prorrogar, en las mismas condiciones y durante un máximo de dos años, los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027. La norma, que entró en vigor el pasado 21 de marzo tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no ha logrado reunir los apoyos necesarios para convalidarse y ha decaído apenas cuatro semanas después. Los efectos de su derogación no están claros, según las distintas fuentes jurídicas consultadas, lo que abre un periodo de incertidumbre para los inquilinos que ya se habían acogido a la moratoria tras solicitarla mediante un burofax. Estas son las principales incógnitas.
El grupo parlamentario que apoya al Gobierno británico ha rechazado a última hora de este martes la moción de la oposición conservadora que perseguía abrir una investigación a Keir Starmer en la Comisión de Privilegios del Parlamento como consecuencia del escándalo en torno al exministro Mandelson y su nombramiento como embajador en Washington.
