La menor polarización y desafección política, y el rechazo al nacionalismo español y al neofranquismo son las claves que hacen de Euskadi una excepción en el creciente arraigo de la extrema derecha en España, según coinciden en señalar los expertos consultados. Los datos son elocuentes. Mientras Vox obtuvo un 12,4% de los votos en las elecciones generales de 2023, en Euskadi ese porcentaje bajaba al 2,9% y en las autonómicas quedaba en apenas el 2% con un 74,4% de los ciudadanos vascos que asegura que no les votará nunca. Lo señalan los profesores de la Universidad de Deusto Sonia Alonso y Matthias Scantamburlo en el libro La democracia en Euskadi (Editorial Dykinson), de próxima publicación.
La guerra de Rusia contra Ucrania, el conflicto a gran escala que ha dinamitado la arquitectura de seguridad en Europa, está a punto de entrar en su quinto año. La invasión que Vladímir Putin justificó con el argumento de que quería “desnazificar” Ucrania y proteger a una población de rusoparlantes que habitaba en ciudades hoy demolidas por los bombardeos del Kremlin se ha prolongado ya durante 1.460 días. Este martes se cumplirán cuatro años. Ahora, tras el cambio de política de EE UU y su abandono al país invadido, los aliados europeos de Kiev se han convertido en su único gran escudo y baluarte contra el Kremlin, en un conflicto en el que toda Europa se juega su futuro geográfico, político y económico. Y no solo frente a Rusia, sino también hacia las presiones y exigencias del Estados Unidos de Donald Trump.
Los primeros compases de la invasión a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022, los marcaron las largas columnas de tanques y blindados rusos que pretendían tomar el país en cuestión de días. La línea del frente está ahora estancada, pero el conflicto ha avanzado a gran velocidad en cuatro años: hacia la guerra robótica que se vislumbra en 2026. El campo de batalla está sembrado de sensores que lo hacen transparente, exponiendo al máximo a los soldados, y los drones se han convertido en un arma letal omnipresente en tierra, mar y, sobre todo, aire. En esta guerra moderna en la que los ejércitos compiten por la supremacía tecnológica, el soldado de infantería se lleva la peor parte.
La muerte, la ausencia y el duelo han echado raíces en Bucha, el suburbio de Kiev que sigue esperando justicia cuatro años después del mes largo de ocupación rusa que sufrió entre el 27 de febrero y el 31 de marzo de 2022, en los inicios de la invasión de Ucrania. Más de 500 civiles —en torno al 10% de los que se habían quedado tras estallar la guerra— fueron masacrados en esta localidad de unos 35.000 vecinos que, junto a otras de los alrededores de la capital, pagaron un alto precio al hacer de parapeto.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Agencia Estatal de Investigación han anunciado que más de 254 investigadores de todo el mundo se postularon a la última edición del programa Atrae, su apuesta para conducir talento consolidado y de reconocido prestigio internacional hacia España. De ellos, uno de cada tres solicitantes provenía de Estados Unidos. La cifra es inédita y se produce en un contexto marcado por el éxodo de investigadores estadounidenses, tras los intentos de control político que Donald Trump quiere ejercer sobre la ciencia en el país.
En estos cuatro años desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania ha dado tiempo para elaborar todo tipo de discursos y valoraciones, desde los muy escorados ideológicamente hasta los directamente manipuladores y al margen de los hechos, tanto de lo ocurrido como de lo que puede deparar el futuro inmediato. En todo caso, sin pretender establecer ningún tipo de verdad absoluta sobre lo primero y, menos aún, sobre lo segundo, sí parece posible determinar algunas cosas.
Allí donde se juega la partida. No pretende ser un inicio pretencioso o provocativo. Si se lee políticamente el contexto, resulta evidente que solo puede frenarse la llegada de Vox al Gobierno del Estado y, por tanto, la consolidación de una deriva hacia la derecha radical, si se juega de manera inteligente en los espacios de la triangulación de izquierdas y plurinacional más allá del PSOE. Y esto tiene que ver con la articulación de proyectos, programas y liderazgos sólidos y creíbles, pero también con una buena estrategia electoral.
En noviembre de 2024, Anthropic y Palantir anunciaron una alianza, según la cual las agencias de inteligencia y defensa de EE UU podrían “operacionalizar el uso de Claude dentro de la plataforma de IA de Palantir”. Anthropic es la empresa que Dario Amodei montó en 2021 tras marcharse de OpenAI junto con un grupo de gente bastante valiosa. Claude es el modelo de inteligencia artificial (IA) mejor valorado de la industria, y su producto principal. Palantir es la empresa de vigilancia masiva de Peter Thiel que se entrenó con los datos que el Departamento de Eficiencia Gubernamental robó de los archivos protegidos del Gobierno, y que se ha convertido en el sistema operativo de la Administración de Trump. Según el acuerdo, Palantir usaría Claude “para respaldar operaciones gubernamentales como el procesamiento rápido de grandes volúmenes de datos complejos, la mejora de los análisis basados en datos, la identificación más eficaz de patrones y tendencias, la optimización de la revisión y preparación de documentos, y el apoyo a funcionarios estadounidenses para tomar decisiones más informadas en situaciones sensibles al tiempo”.
No tengo ni idea de cuál es la condición moral de Kevin Spacey ni me importa demasiado. En lo que respecta a sus problemas con la justicia, hasta donde sé, nadie le ha declarado culpable. Aunque quizá lo más relevante sea que es un actor inmenso. Y puede que algo más. Desde hace días, circula por las redes una intervención suya del pasado diciembre en la Oxford Union Society, probablemente el club de debate estudiantil más importante del mundo. Si tienen ocasión, no dejen de buscar ese vídeo: no es solo una curiosidad viral; es un recordatorio desafiante de lo que la palabra puede todavía.
El Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley de publicidad institucional que tendrá dos elementos centrales: por un lado, obligará a todos los medios, grandes y pequeños, a hacer pública su propiedad, para que los lectores, oyentes y espectadores puedan conocer quienes son sus dueños por si hubiera conflictos de intereses, y por otro prohibirá que ningún medio pueda tener del total de sus ingresos más de un 35% de publicidad institucional o dinero público. La norma, como adelantó El Confidencial y confirmó EL PAÍS, tiene previsto llegar al Consejo de Ministros este martes. En un primer momento el Gobierno se echó atrás con esta limitación -entonces se hablaba del 30%, ahora del 35%, pero ahora ha decidido recuperarla con modificaciones.