Atardeceres de luz dorada, piscinas rodeadas de palmeras frondosas, barrios enteros de chalets cuidados y cortinas en las ventanas detrás de las que se ocultan los destellos de alegría doméstica pero también las miserias familiares más secretas… El mundo entero no es más que un lienzo gigante pintado por un artista en un estudio hollywoodense. Existe porque alguien lo convirtió en un escenario de película primero.
Con apagones constantes, al borde del colapso y con un régimen abrazado a la retórica de la resistencia. Así es como Cuba ha recibido la confirmación de que las autoridades del régimen están negociando con Estados Unidos. El país, drenado por la pobreza de años y la visible escasez de combustible que ha ido paralizando la vida día tras día, apenas acaba de recuperarse del corte masivo de electricidad de la semana pasada, cuando seis millones de las 8,9 personas que viven en la isla quedaron incomunicadas, y por momentos sin gas, radio ni televisión. Una Cuba de calles vacías de coches y de hogueras de quemar la basura acumulada, esperaba un cambio. Este viernes el presidente, Miguel Díaz-Canel, tuvo que admitir lo que los cubanos ya sabían, que la “madeja de adversidad” que atraviesan es insostenible.
Cuando la habanera Lisandra Ferro, 43 años, despertó este viernes, en medio del enésimo apagón, su corazón latía intensamente. Se sentía ansiosa desde la noche anterior, cuando supo que a la mañana siguiente el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez daría una conferencia de prensa a las 7.30 de la mañana, tras varias semanas de una escasez de combustible que ha puesto en jaque a la isla y a todo el que vive dentro de ella. Quería escuchar algo que la sacara del estupor en el que ha estado todo este tiempo, con dos hijos pequeños, sometida a apagones de más de 15 horas diarias y obligada a cambiar de trabajo dos veces en un mes. Para colmo, apenas abrió los ojos, la mujer vio una notificación en su móvil que la puso más nerviosa. “Dicen que el domingo comienza la Hora cero [el fin total del combustible]. Acapara agua y alimentos imperecederos. Cuídense”, le lanzó por WhatsApp, a modo de vaticinio, una amiga desde Madrid. Así que Lisandra saltó de la cama, despertó a los niños, los alistó —pan con mayonesa y agua con azúcar de desayuno— y les dijo que “hoy llegarán un poco más tarde a la escuela”. Y juntos se sentaron, puntuales, frente a una radio para saber qué era lo nuevo que tenía que decir el presidente a los cubanos, en medio de la debacle de los últimos 43 días.
La polémica se mueve en los salones exclusivos de Madrid. Estos días, en los móviles de algunas de las personalidades latinas más ricas e influyentes de Madrid, los mensajes van y vienen. Cunden la sorpresa y la indignación. El motivo no es otro que unas polémicas palabras pronunciadas por Iñigo Onieva, marido de Tamara Falcó. Recogidas por el periódico El Mundo con motivo de la apertura del club privado Casa Vega, viene a decir que su espacio, supuesto refugio del aristócrata español de toda la vida, “no queremos que se convierta en el club de los latinoamericanos”. Es decir, Onieva prefiere que no haya tantos latinos en su club.
Al noroeste de Madrid la ciudad sufre una arritmia urbanística. En medio de un barrio de toda la vida han surgido dos rascacielos, imponentes y modernos, desde cuya azotea se divisa cómo Madrid se va apagando hacia la A-6: la Dehesa de la Villa, Pozuelo, el Valle de los Caídos, Guadarrama. Son dos edificios modernísimos, de esos en los que los ascensores no tienen botones: pulsas en una tableta de la planta baja el piso al que quieres subir y ya te llevan solos. A la parte más alta se acaba de mudar un escritor, y si su piso parece de soltero es porque la forma encaja con el fondo: el escritor que vive en él se ha quedado soltero hace poco, y sobre la ruptura de su matrimonio trata su última novela, Islandia (Destino).
Las elecciones de este domingo en Castilla y León tendrán una lectura interna en el espacio de la ultraderecha: servirán de plebiscito sobre el liderazgo de Santiago Abascal. Y no solo porque, como en Extremadura y Aragón, el presidente de Vox haya sido el protagonista indiscutible de su campaña electoral, relegando a un segundo plano al candidato, sino también porque la campaña ha estado marcada por la purga de algunas de las figuras más conocidas del partido, como el todavía portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, o su exlíder en Murcia, José Ángel Antelo.
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A Fran Vivó construir el mensaje de agradecimiento que lleva este titular le supone una heroicidad. Y a su familia también. Fran tiene 37 años, es bombero, hace ocho le diagnosticaron ELA y desde hace dos vive penosamente encamado, sin poder mover ni las cejas. Desde el 1 de marzo, por primera vez, Fran y su familia, sus padres y nueve hermanos, respiran un poco más aliviados y, sobre todo, con la ayuda diaria de tres cuidadores proporcionados gracias a las subvenciones máximas que contempla la ley ELA para los enfermos con el grado 3+. La ley que recabó hace 17 meses la práctica unanimidad del Congreso empieza a llegar, tras muchos problemas burocráticos y de gestión, a los enfermos en las comunidades que se han mostrado más ágiles.
Renunciar a la custodia de sus hijos, llevárselos a la otra punta de España sin consentimiento del padre e iniciar una batalla judicial o tener que abandonar la carrera judicial. Esta es la disyuntiva en la que se ha visto envuelta una jueza después de que la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya rechazado su petición de renunciar a una plaza en otra comunidad autónoma por la negativa de su exmarido a aceptar el traslado de los hijos, menores de edad y cuya custodia tiene la madre. La mujer ha recurrido la decisión ante el pleno del Consejo, donde, según fuentes del órgano, se ha abierto un debate entre los vocales que consideran que la ley no permite renunciar a una plaza ya adjudicada y los que creen que, en este caso, debe primar el interés superior de los menores, que se verían expuestos a una batalla judicial entre sus padres, y abogan por dejar sin efecto el traslado de la jueza. Si, como apuntan fuentes del Consejo consultadas, el pleno ratifica la resolución de la comisión permanente, la magistrada se verá obligada a tomar posesión de su nueva plaza porque, en caso contrario, la ley impone una consecuencia que el propio CGPJ considera “radical”: la renuncia al cargo y a la carrera judicial.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha obligado a la Tesorería General de la Seguridad Social a reconocer la antigüedad, con efecto retroactivo, de un policía nacional y abonar todas sus cuotas atrasadas entre 2019 y 2022. El fallo insta a la Administración a actuar “con lealtad” y acabar con el “peregrinaje” judicial de un ciudadano para que se vea reconocido un derecho que ya había ganado en una sentencia previa. La resolución podría beneficiar a cientos de agentes en similar situación.