El juicio contra el clan Pujol, que se celebra en la Audiencia Nacional desde el pasado noviembre, ha combinado este martes un cóctel explosivo: policía patriótica y Operación Cataluña. Cuatro antiguos altos mandos de la Policía Nacional se han sentado ante el tribunal para ser interrogados como testigos sobre las presuntas maniobras urdidas, hace una década, para buscar de forma ilícita pruebas que incriminasen al expresident Jordi Pujol y a su familia. Pero poco han aclarado. Eugenio Pino, quien fuera el máximo jefe operativo de la institución entre 2012 y 2016; los comisarios jubilados José Manuel Villarejo y Marcelino Martín-Blas, y el inspector Bonifacio Díez se han desentendido de esa supuesta trama parapolicial y se han cruzado acusaciones mutuas.
Cinco miembros de una sola familia, tres hermanos y dos primos con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años, lograron adjudicarse otras tantas casas en el polémico complejo de viviendas de protección pública (VPP) de la cooperativa Les Naus, en Alicante. Domicilios supuestamente monoparentales en los que vive más de una persona. Cerca de 50 empadronamientos aún pendientes de certificar. Y 26 buzones repletos de cartas y publicidad que parecen demostrar que corresponden a inmuebles en los que no vive nadie. Estas son algunas de las conclusiones reflejadas en el informe realizado por la Policía Local (PL) en la urbanización de lujo que ha detonado una enorme polémica en Alicante, presentado este martes ante los medios, y que el Ayuntamiento trasladará a la consejería de Vivienda para que tome las medidas oportunas.
El Gobierno ha aprobado presentar un recurso de inconstitucionalidad por los cambios que PP y Vox introdujeron en la normativa LGTBI+ de la Comunidad Valenciana. El Ministerio de Política Territorial y Memoria histórica, con Ángel Víctor Torres al frente, y el de Igualdad, con Ana Redondo, lideran esa demanda ante el Tribunal Constitucional. “El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo, con dictamen favorable del Consejo de Estado, para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra las modificaciones en la ley trans de la Comunitat Valenciana”, han anunciado Torres.
Además, desde Política territorial y Memoria histórica han confirmado que este viernes 27, el Gobierno declarará Lugar de Memoria Democrática la antigua Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura. Este espacio, que será el primer Lugar de Memoria de Canarias, albergó un campo de trabajos forzados para homosexuales durante la dictadura, por el que pasaron alrededor de 100 reclusos, que vivieron en condiciones infrahumanas.
El Ministerio de Transportes defiende su actuación en la retirada del material que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y la Guardia Civil dejó en la zona del accidente de Adamuz, que el pasado 18 de enero costó la vida a 46 pasajeros por la colisión y el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad. Después de conocerse un auto de la titular del tribunal de Montoro (Córdoba) del 10 de febrero que instruye la causa del accidente, en la que reclamaba a Adif, la empresa encargada de la vía, que se abstuviera “de realizar cualquier operación tendente a la extracción o traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa”, el secretario de Estado de Infraestructuras, José Antonio Santano, ha comparecido este martes para asegurar que ese traslado de material bajo el foco se produjo una vez que la Guardia Civil había recogido las pruebas consideradas necesarias para la investigación y que la jueza había dado permiso para iniciar las obras de la construcción de las vías para recuperar el servicio de la línea entre Madrid y Sevilla. ¿Por qué se conservaron? “Adif ha preservado elementos que le parecieron que podían ser de interés”, ha respondido el número dos del ministro Óscar Puente, porque las soldaduras eran similares a las del raíl que supuestamente acabó produciendo el accidente.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a una pena de dos años de prisión por delitos de apropiación indebida y administración desleal a una mujer que ha reconocido que se quedó con tres millones de euros en la operación de venta de una villa en Mallorca al jugador del F.C. Barcelona Robert Lewandowski. La mujer, que ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la fiscalía durante el juicio que se ha celebrado este martes en la Audiencia de Palma, tendrá que pagar una multa de 1.440 euros y abonar una responsabilidad civil de 1.625.000 euros, de los que 951.150 euros ya están consignados en la cuenta del juzgado.
No em trobo gaire bé. He passat mala nit. Ahir vaig invertir la tarda a llegir l’última novel·la d’Albert Sánchez Piñol, Després del naufragi, i encara que vaig riure prou, m’ha deixat un pes estrany als budells. Avui he quedat amb l’autor per entrevistar-lo, al cor de l’inhòspit Moianès. Tot i les condicions físiques deplorables per a l’expedició, m’armo de valor i remunto la castigada AP-7 com si fos el riu Congo, fins a enllaçar amb la senda selvàtica C-59 que em du fins a Castellterçol, ben a prop del ventre ignot de la bèstia cabralúnyica que cada cop més mira cap a Ripoll.
