Kim Rivers (Jacksonville, Florida, 48 años), fundadora y CEO de la empresa cannábica Trulieve, nunca olvidará el 18 de diciembre de 2025. La empresaria de Florida fue una de las invitadas al Despacho Oval de la Casa Blanca cuando Trump firmó el decreto histórico para reclasificar la marihuana en Estados Unidos como una droga de menor peligrosidad, pasando de la Lista I a la Lista III de la Ley de Sustancias Controladas. La orden del presidente, que se materializó la semana pasada, no legaliza la marihuana recreativa en el país, pero permite a compañías como la de Rivers operar con mayores beneficios fiscales y abrir la puerta a la investigación científica y médica de una industria valorada en más de 30.000 millones de dólares (25.530 millones de euros).
El marido de Kim Rivers, John 'J.T.' Burnette, fue condenado en 2021 a tres años de prisión y a pagar una multa de 1,25 millones de dólares, por cargos de corrupción relacionados con sobornos a funcionarios de Tallahassee y maniobras para influir en decisiones públicas, que afectaban a proyectos inmobiliarios y a regulaciones estatales. Además, se le acusó de intentar influir en legislación estatal, incluida normativa relacionada con el sector del cannabis, buscando introducir requisitos regulatorios que beneficiaran a ciertos actores y dificultaran la entrada de competidores. Rivers no fue investigada ni implicada en los hechos. Recibió un respaldo inmediato por parte de la junta directiva de Trulieve, lo que la ayudó a mantenerse al margen del escándalo y a conservar su posición sin que su reputación profesional se viera afectada.
“Esta ley, que nos permite tener papeles, nos salva la vida”. Seis palabras explican el sentir de cientos de miles de migrantes y refugiados que estos días se afanan en formalizar sus papeles para obtener un permiso de residencia y trabajo que les cambie esa vida de pesares y clandestinidad por una de libertad y derechos. Lo decía Othmane Nahi, un marroquí de 36 años que lleva 10 de campaña agrícola en campaña agrícola por media España sin haber podido nunca regularizar su situación, algo recurrente entre los temporeros. La salvadoreña Angélica María Victoriano también tiene un sueño: estudiar inglés; y Elena Pérez cuenta los días para regresar a Honduras y abrazar a sus tres hijas sin el riesgo de no poder volver a entrar en España. Trabajar y enviar dinero, llevar una vida digna y volver a casa de vez en cuando mantiene en vilo a todos los que hacen cola día y noche frente a las oficinas que tienen que expedirles el pase de la esperanza.
La madrugada del 3 de enero, cuando el primer bombardeo sacudió Caracas, Nicolás Maduro alcanzó a grabarle un audio a su hijo. Él todavía no quiere hacerlo público —“en algún momento va a salir”, promete—, pero adelanta algunas frases: “Nico, están bombardeando. Que la patria siga luchando, vamos para adelante”. Era una despedida. “Él pensaba que ese día moría”, cuenta su hijo a EL PAÍS cuatro meses después del ataque que cambió abruptamente la historia de Venezuela. “Todos pensábamos que ese día iba a morir”.
Su velero, el Almirante, era un granito de arroz en mitad del Mediterráneo. Mientras se comía el último trozo de pollo reseco, sonrió ante una idea: seguro que nadie más que él sabía que estaba todavía vivo. Él tampoco se lo podía creer. Habían pasado 11 días y desde hacía cuatro ya nadie lo estaba buscando. “Yo sabía que era hombre muerto, pero aún no lo estaba”.
Joan Manuel Serrat tiene 82 años. Donald Trump tiene 79. Por fortuna para nosotros, no hay en ellos asomo de parecido alguno, salvo que son viejos, Serrat un poco más. Digo “viejos” utilizando la misma palabra, tan denostada, que usó el artista el otro día en unas jornadas sobre eso que se llama colectivo de la tercera edad que tenían lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Decía Serrat sentirse en ese tiempo de propina en que a menudo el alma suele conversar consigo misma. Ese veranillo de la vida, decía citando al filósofo francés Pascal Bruckner, un regalo del que se siente agradecido. En un discurso cargado de emoción, Serrat afirmaba que ignorar a los mayores, su opinión y su memoria, es algo así como quemar libros. No puedo estar más de acuerdo y observo a menudo ese odioso tonillo condescendiente que se suele emplear para hablar con las personas mayores no solo en el trato cotidiano sino también en conversaciones públicas, como una prueba hiriente de cómo se las intenta aniñar como si fueran ciudadanos que ya no cuentan salvo como personajes pintorescos.
Si la institución que debe custodiar las reglas del juego pasa a reescribirlas en sincronía con uno de los jugadores, lo que se pierde no es esa partida, sino la idea misma de que hay reglas. La erosión de la democracia empieza cuando desaparecen los árbitros imparciales, no cuando gana el bando equivocado. Eso es lo que ha hecho el Tribunal Supremo de EE UU al dejar sin efecto la norma que, durante seis décadas, protegió el voto de las minorías. El argumento del tribunal, redactado por el juez Alito, invierte la lógica de la enmienda invocada, la Decimocuarta, escrita en 1868 para proteger a los antiguos esclavos, y la relee como una prohibición de protegerlos. Tener en cuenta la raza para remediar la discriminación racial sería, según Alito, una forma de discriminación racial. Es un truco conocido: usar el lenguaje liberal-universalista para vaciarlo desde dentro.
Y de pronto apareció Pedro Sánchez en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. Y María Jesús Montero. Y Begoña Gómez. Ninguno de ellos estaba en el guión del primer juicio del caso Koldo, pero Víctor de Aldama los fue implicando uno a uno el pasado miércoles durante su declaración como acusado sin aportar ninguna prueba. El empresario, que, supuestamente, colabora con la justicia desde noviembre de 2024 y se ha beneficiado por ello con la excarcelación y una considerable rebaja en la petición de pena, no había apuntado nunca a que el supuesto trio corrupto que formó con José Luis Ábalos y Koldo García fuera realmente un cuarteto y que el miembro hasta ahora desconocido era, nada más y nada menos, que el presidente del Gobierno, a quien situó como “el 1” de una “organización criminal”. También habló de una presunta financiación ilegal del PSOE y de supuestas corruptelas de Begoña Gómez, la mujer del jefe del Ejecutivo, y María Jesús Montero, justo 24 horas antes del inicio de la campaña para las elecciones andaluzas a las que la exministra de Hacienda concurre como candidata del PSOE. Todas estas afirmaciones fueron introducidas durante su declaración por iniciativa propia, sin que el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, le preguntara ni repreguntara sobre ninguna. La ley establece que un acusado puede decir lo que le convenga en el ejercicio de su derecho de defensa sin temor a que se le castigue por ello, por lo que el tribunal no tiene que comprobar si lo que dijo era verdad.
Al arrancar el juicio sobre el caso Kitchen, Jorge Fernández Díaz marcó distancias con el resto de acusados. No jurídicamente, como ya había hecho en la fase de instrucción al alegar que él nunca supo nada del espionaje urdido en el Ministerio del Interior contra el extesorero popular Luis Bárcenas (sin entrar así, ni siquiera, en la presunta ilegalidad de la operación). Sino físicamente. En esos primeros días de tensión y enorme atención mediática, el exdirigente del PP se alejaba durante los descansos de la vista oral para sentarse solo y apartado de los otros procesados. No hay mejor imagen que esa para explicar su estrategia de defensa: tratar de trazar una gruesa línea de separación entre él y sus antiguos subordinados que lo acompañan en el banquillo.
En apenas dos días de campaña electoral andaluza, las diferencias de planteamiento de PP y PSOE para llegar a los 6,8 millones de votantes en las elecciones del próximo 17 de mayo son tan notables como clásicas. El Primero de Mayo, la candidata socialista, María Jesús Montero, se colocó detrás de la pancarta de CC OO y UGT en la manifestación central en Málaga, en el arranque de la campaña. Montero iba envuelta entre el gentío, con ruido de batucada y gritos en favor de los servicios públicos. El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, prefirió para esa jornada reunirse en un acto pequeño, coqueto y tranquilo con los empresarios en un “diálogo estratégico”, donde prometió una consejería de inteligencia artificial.
La madre superiora abusaba sexualmente de hombres y mujeres jóvenes integrantes de la comunidad de Hijas y Hermanos del Amor Misericordioso (HAM), les imponía fórmulas de aislamiento, penitencias acompañadas de autocastigos físicos, manipulaba sus actividades, en algunos casos bajo falsas promesas, como a uno de los jóvenes a quien prometió que ese sería el camino para ser investido sacerdote en breve tiempo. Las denuncias por estos abusos han sido interpuestas ante la Diócesis de Getafe, dirigida por el obispo Ginés García Beltrán, que a su vez las ha trasladado al Papa dada la gravedad de las acusaciones. Las denuncias se dirigen hacia algunos sacerdotes y la superiora de dicha comunidad, María Milagrosa Pérez, conocida como Marimí. EL PAÍS ha tenido acceso a dos escritos que denuncian estos hechos. Por su parte, Marimí no ha contestado a las preguntas de este periódico. El Arzobispado de Madrid retiró hace nueve meses a la superiora de sus funciones y suspendió de manera temporal la entrada de nuevos seminaristas. Además, se nombró a Pilar Arroyo Carrasco comisaria extraordinaria de la asociación. Su misión, según el comunicado de la archidiócesis, es “reconducir aspectos fundamentales, tales como la estructura de gobierno, el plan de formación, la vida comunitaria y el acompañamiento espiritual, además de revisar estatutos, reglamentos y la gestión económica”. Sin embargo, las víctimas denuncian que todo sigue igual.
