La trama de corrupción medioambiental presuntamente liderada por el dueño de Forestalia, Fernando Samper, iba supuestamente mucho más allá del ex alto funcionario del Ministerio para la Transición Ecológica detenido la semana pasada por favorecer los permisos de parques renovables ligados a esta empresa aragonesa. Forestalia nació y se hizo grande en Aragón, donde tejió una red de influencia política —a derecha e izquierda— basada en las llamadas puertas giratorias (el paso de cargos públicos a la actividad privada) y en supuestas mordidas millonarias, según los documentos que figuran en el sumario del caso que se sigue en el Juzgado de Instrucción 1 de Teruel.
Madrid ya no tendrá su propia Feria de Abril. O al menos no este año. Los organizadores de Madrilucía, la gran feria andaluza que se celebraría en la capital del 20 al 31 de mayo en el recinto Iberdrola Music han anunciado que cancelan la celebración “por determinadas circunstancias técnicas y administrativas ajenas al proyecto”, según un comunicado difundido en las redes sociales del evento. Sin embargo, aseguran que quienes quieran ponerse el traje de flamenca, alquilar casetas o montar a caballo al puro estilo andaluz pero sin salir de la capital, podrán hacerlo en 2027.
Uno de los dos hermanos detenidos el miércoles por la muerte de Francisca Cadenas, la mujer desaparecida hace nueve años cuando salió de su casa en Hornachos (Badajoz, 3.375 habitantes), ha confesado el crimen ante la Guardia Civil, según indican fuentes conocedoras del caso. El arrestado ha exculpado a su hermano, que tenía coartada para el día en el que la mujer desapareció, añaden las mismas fuentes.
Un juzgado de Madrid ha citado para el próximo 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, para que declare como investigado por la difusión de los datos personales de dos periodistas de EL PAÍS que trabajaban en una información sobre el fraude fiscal por el que está procesado Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. La titular del Juzgado de Instrucción 25 ha dado este paso después de que la Audiencia Provincial le instara a reabrir la causa que la magistrada había sobreseído al considerar que “existen motivos para iniciar una investigación” que aclare si el principal asesor de Ayuso cometió un delito de revelación de secretos del artículo (artículo 197.1 del Código Penal).
Mientras los candidatos Joan Laporta y Víctor Font ahondan en su agria batalla ante las elecciones del Barça del próximo domingo, el expresidente azulgrana Josep Maria Bartomeu ha vuelto este viernes a entrar en los juzgados de Barcelona. En esta ocasión de forma voluntaria, aunque en una causa en la que consta como investigado por un supuesto delito de administración desleal: el caso Barçagate, que desde hace cinco años está abierto para aclarar si Bartomeu encargó a la empresa i3Ventures, propiedad de Nicestream, la creación de perfiles en las redes sociales para arremeter contra sus rivales en el club. El presidente ha rechazado esa versión y ha asegurado que el encargo básicamente perseguía monitorizar lo que se hablaba del Barça en las redes sociales después de la salida de Neymar al PSG y en medio de un contexto complejo como fue el procés en su zenit, el año 2017, cuando se celebró el referéndum independentista en Cataluña.
La jueza que investiga el accidente de El Bocal (Santander) del pasado 3 de marzo en el que fallecieron seis jóvenes ha designado a un perito judicial a la causa y le ha pedido que emita un informe para esclarecer si el mantenimiento de la pasarela fue “negligente”. La instructora quiere conocer el estado de la infraestructura y saber “si existían signos visibles de deterioro” y “la fecha previsible del último mantenimiento realizado” para determinar si fue o no suficiente.
En España no hay un único sistema de atención a la dependencia, sino tantos como comunidades autónomas. Qué apoyos se reciban y cuánto tiempo se tarde en hacerlo depende, y mucho, del lugar de residencia. Existen “enormes desigualdades”. Así lo recalca el dictamen publicado este viernes por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, experta en el sector, que analiza el funcionamiento del sistema en 2025. De media, en el país se tardan 341 días desde que se presenta la solicitud hasta que se termina de tramitar el expediente. Casi un año. Pero la cifra se dispara a 559 en Murcia, frente a los 113 de Castilla y León. Al mismo tiempo, 32.704 personas murieron el año pasado en todo el país mientras aguardaban por algún trámite de la ley. “Una cada 16 minutos”, lamenta José Manuel Ramírez, presidente de esta entidad.