Suena el timbre y los pasillos del instituto público El Ravatxol, en Castellar, una pedanía de Valencia que linda con los campos de arroz de la Albufera, se van llenando de chavales que salen de clase. Algunos llevan mochilas, libros, bocadillos envueltos en papel de plata, pero no se ve ni un móvil. “Antes era tremendo, hemos tenido que bregar mucho, pero la prohibición de no sacar el teléfono en el centro se cumple de forma general. Lo tienen asumido, aunque aún confisquemos alguno”, afirma la directora, Belén Marzá. En pleno debate sobre la implantación de otra restricción en el uso de los dispositivos por parte de los adolescentes, los 16 años como edad mínima para estar en redes, el ejemplo de los institutos muestra que las prohibiciones pueden funcionar, al menos en una institución acostumbrada a hacer cumplir reglas como es la escuela.

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Nieves Lao Giménez tiene 42 años y empezó hace 18 a trabajar para el Servicio Andaluz de Salud (SAS). En todo este tiempo, ha acumulado una vida laboral de 17 páginas. Este documento oficial que facilita la Seguridad Social recoge todas las altas y bajas de empleos que un trabajador registra en el sistema, y para alguien con una vida laboral de unos 20 años, lo habitual es que ocupe dos o tres páginas. Esta enfermera que ahora trabaja en el área de salud mental del hospital Torrecárdenas de Almería ha desarrollado casi toda su experiencia laboral enlazando sustituciones de pocos días, semanas o meses en el mejor de los casos. “Y sin generar ni siquiera derecho a vacaciones”, se queja. Su caso es uno de los cientos de miles de ejemplos que inundan las plantillas de las Administraciones publicas españolas. Estas emplean a más de tres millones de trabajadores. Actualmente, uno de cada tres son temporales.

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