Nigel Farage siempre ha amado el lujo, los trajes bien confeccionados y el buen vino. El dinero, en suma. Por eso no ha extrañado a nadie la revelación del diario The Guardian de que su decisión final de presentarse como candidato, una vez más, en las elecciones parlamentarias de julio de 2024, a pesar de que había anunciado su retirada de la política, tuvo que ver con el regalo de cinco millones de libras esterlinas (unos 5,8 millones de euros) que le hizo el multimillonario Christopher Harborne. Farage justificó esa entrega, sin mostrar demasiado remordimiento, como el vehículo para reforzar su seguridad y la de su familia, su mayor preocupación en ese momento.
Ha sido una suerte de festival de las corrupciones patrias con tres escenarios distintos y retransmisión en casi todas las plataformas. Por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han desfilado exministros, curas, chóferes profesionales y ocasionales, yupis, expresidentes, espías, aizkolaris, prostitutas, el vocalista de Taburete, policías corruptos, porteros de discoteca, empresarios y mujeres despechadas para juzgar delitos cometidos en gobiernos de CiU, PP y PSOE. Ninguno de ellos ha dado con la tecla para acabar con la mancha viscosa de la corrupción, que socava las arcas públicas y pulveriza la credibilidad de la política con delitos de hoy, de ayer y de siempre. Que los tiempos de la justicia se miden con relojes y husos horarios ajenos a lo que la razón entiende.
Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias declaró procedente el despido de una empleada que dedicó parte de su jornada al uso privado de sus redes sociales. Para fundamentar el cese, la empresa aportó registros de actividad y publicaciones en la web de la infractora. Este no es un caso aislado. En otro litigio, el TSJ de Castilla y León validó el empleo de un software de control para motivar el cese de un teleoperador que prestaba servicios desde su domicilio. Del mismo modo, el tribunal autonómico madrileño refrendó el despido de otra teletrabajadora: la empresa, una importante aseguradora, aportó un certificado sobre tiempos de desconexión.
¿Cómo conseguir pruebas sobre la inactividad de un teletrabajador sin vulnerar su intimidad? Para Òscar Jiménez, titular del despacho Òscar Jiménez Digital Forensics, un peritaje riguroso no implica un acceso indiscriminado a la información de un dispositivo. En sala, el especialista aplica metodologías de minimización, como “búsquedas selectivas por palabras clave” vinculadas al objeto investigado. El objetivo es limitar el examen a los datos potencialmente relevantes. En un reciente juicio por despido, este tipo de análisis fue clave para que el tribunal calificara la metodología empleada por Jiménez como “respetuosa con los derechos fundamentales”. En materia de evidencia digital, “no solo importa qué información se obtiene, sino también cómo se accede a la misma”, defiende el perito.
John Kenneth Galbraith publicó en 1967 su libro El nuevo Estado industrial. Una de sus conclusiones es que en las empresas modernas, a medida que crecen, un grupo de técnicos y directivos, a los que define como la “tecnoestructura”, asume más y más poder, desplazando a los accionistas. Como consecuencia de este empoderamiento y de la atomización de la propiedad de las corporaciones, la tecnoestructura tiene una influencia directa a la hora de decidir sobre sus propios sueldos. Casi seis décadas después de que el economista y diplomático canadiense advirtiese sobre este fenómeno, la maquinaria de la élite directiva sigue perfectamente engrasada.
