Nieves Lao Giménez tiene 42 años y empezó hace 18 a trabajar para el Servicio Andaluz de Salud (SAS). En todo este tiempo, ha acumulado una vida laboral de 17 páginas. Este documento oficial que facilita la Seguridad Social recoge todas las altas y bajas de empleos que un trabajador registra en el sistema, y para alguien con una vida laboral de unos 20 años, lo habitual es que ocupe dos o tres páginas. Esta enfermera que ahora trabaja en el área de salud mental del hospital Torrecárdenas de Almería ha desarrollado casi toda su experiencia laboral enlazando sustituciones de pocos días, semanas o meses en el mejor de los casos. “Y sin generar ni siquiera derecho a vacaciones”, se queja. Su caso es uno de los cientos de miles de ejemplos que inundan las plantillas de las Administraciones publicas españolas. Estas emplean a más de tres millones de trabajadores. Actualmente, uno de cada tres son temporales.
Su velero, el Almirante, era un granito de arroz en mitad del Mediterráneo. Mientras se comía el último trozo de pollo reseco, sonrió ante una idea: seguro que nadie más que él sabía que estaba todavía vivo. Él tampoco se lo podía creer. Habían pasado 11 días y desde hacía cuatro ya nadie lo estaba buscando. “Yo sabía que era hombre muerto, pero aún no lo estaba”.
A la industria que impulsa la inteligencia artificial (IA) cada vez le resulta más complicado proyectar una cara amable. El relato oficial que promueven las empresas que lideran esta tecnología es que ha llegado para mejorar el mundo. Prometen que aumentará las capacidades humanas, nos permitirá trabajar menos, facilitará tareas hasta ahora tediosas, revolucionará la ciencia, curará enfermedades, incluso resolverá la crisis climática. Pero esta semana, varios acontecimientos han aportado una buena dosis de realidad. El Banco Central Europeo ha ordenado a la banca reforzar su ciberseguridad porque teme que el último modelo de Anthropic, que ha demostrado ser especialmente bueno detectando fallos de software, pueda causar estragos en el sector, dejando desnudas las cuentas de millones de personas. En Estados Unidos, Google rompió el martes su política antibelicista y firmó un acuerdo con el Pentágono para cederle sus modelos, que podrán ser usados para asuntos clasificados. El viernes, el Departamento de Guerra anunció que ese acuerdo se extendía a xAI, OpenAI, Amazon, Microsoft o Nvidia, entre otras. Todo eso mientras se celebra el crucial juicio sobre OpenAI, la desarrolladora de ChatGPT, por el que desfilarán durante el próximo mes muchos tecnomagnates —ya lo hizo Elon Musk— y que está dejando al descubierto la lucha de poder que subyace a sus proclamas para salvar el mundo con la IA.
Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias declaró procedente el despido de una empleada que dedicó parte de su jornada al uso privado de sus redes sociales. Para fundamentar el cese, la empresa aportó registros de actividad y publicaciones en la web de la infractora. Este no es un caso aislado. En otro litigio, el TSJ de Castilla y León validó el empleo de un software de control para motivar el cese de un teleoperador que prestaba servicios desde su domicilio. Del mismo modo, el tribunal autonómico madrileño refrendó el despido de otra teletrabajadora: la empresa, una importante aseguradora, aportó un certificado sobre tiempos de desconexión.
¿Cómo conseguir pruebas sobre la inactividad de un teletrabajador sin vulnerar su intimidad? Para Òscar Jiménez, titular del despacho Òscar Jiménez Digital Forensics, un peritaje riguroso no implica un acceso indiscriminado a la información de un dispositivo. En sala, el especialista aplica metodologías de minimización, como “búsquedas selectivas por palabras clave” vinculadas al objeto investigado. El objetivo es limitar el examen a los datos potencialmente relevantes. En un reciente juicio por despido, este tipo de análisis fue clave para que el tribunal calificara la metodología empleada por Jiménez como “respetuosa con los derechos fundamentales”. En materia de evidencia digital, “no solo importa qué información se obtiene, sino también cómo se accede a la misma”, defiende el perito.
John Kenneth Galbraith publicó en 1967 su libro El nuevo Estado industrial. Una de sus conclusiones es que en las empresas modernas, a medida que crecen, un grupo de técnicos y directivos, a los que define como la “tecnoestructura”, asume más y más poder, desplazando a los accionistas. Como consecuencia de este empoderamiento y de la atomización de la propiedad de las corporaciones, la tecnoestructura tiene una influencia directa a la hora de decidir sobre sus propios sueldos. Casi seis décadas después de que el economista y diplomático canadiense advirtiese sobre este fenómeno, la maquinaria de la élite directiva sigue perfectamente engrasada.
