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Arroutado es una palabra gallega que significa “arrebatado”: se llama así a quien es muy impulsivo y pierde fácilmente el control. Con ella se identifica Oliver Laxe (París, 43 años): “Hay en mí algo salvaje, no domesticado. Dionisiaco, dicho de manera fina. En la modernidad, lo traduciríamos como que soy un punki”. Estamos en Casa Quindós, su vivienda de Vilela, entre Navia de Suarna y Cervantes, en la comarca de Os Ancares Lucenses. Un entorno natural sublime que forma valles verdes entre montañas de pendientes muy pronunciadas y que en 2006 fue declarado reserva de la biosfera por la Unesco. Laxe rodó aquí una de sus películas, O que arde (2019). Originalmente, Casa Quindós era una palloza —antigua construcción circular de piedra, bajo cuyo techo de centeno convivían animales y humanos— sobre la que en los años setenta se levantó una vivienda. Perteneció a sus abuelos, y en ella nació su madre. Ya en los años 70, se levantó sobre ella la casa rural de pizarra. La familia iba los fines de semana cuando él era pequeño. Después, él la compró a sus tíos con el dinero que ganó gracias a sus primeras películas, para restaurarla durante la pandemia de la covid: “Dentro de Lugo, Os Ancares es una región remota, pero dentro de lo remoto esto lo es más aún. Aquí he escrito todos mis guiones. Mi sensibilidad es muy de estas montañas. Mis valores y cultura del trabajo, y también cierto nervio, cierto pulso”. Arroutado.
Pasan las ocho de una tarde lluviosa y desapacible en Madrid (como la mayoría en las últimas semanas). Daniel (28 años), Cristina (23) y Pablo (24) están apostados a la salida de su universidad comentando los últimos detalles del máster de Diseño de Producto que estudian. Un curso que cuesta 14.000 euros en la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), que hace tan solo unos meses estrenó campus en la capital. Los tres jóvenes comparten sus motivaciones al elegir este centro privado en lugar de uno público: las mayores salidas laborales que proporciona al contar con numerosos acuerdos con empresas, los recursos tecnológicos que despliega y un profesorado bregado en el día a día del mundo corporativo. “Dinero llama a dinero”, dice Pablo, que ha venido a cursarlo desde Vitoria, como Daniel, llegado de Colombia con el objetivo de desarrollar su profesión en España, donde los salarios son superiores. Unos metros más allá, Carlos, alumno de grado de 22 años, suma a los argumentos la restringida oferta en su carrera y las elevadas notas de corte de la universidad pública para haberse decantado por la privada, donde cada uno de los cuatro cursos que recibirá sale por 12.000 euros.

Corre el año 2000. Emilio Delgado, por entonces un luchador de taekwondo de 24 años, campeón nacional júnior en varias ocasiones y con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Sídney de ese verano, ve que su mundo entero se desmorona: su puesto en el equipo olímpico de España, que él creía seguro, es adjudicado al final a otro compañero de la selección. Delgado se queda fuera. Con tanta rabia como amargura, decide renunciar en ese momento y olvidarse para siempre de ese deporte al que ha consagrado los últimos años de su vida. Su padre, un oficial de albañilería, de Móstoles, sindicalista de CC OO, le aconseja que se lo piense un poco. “Estás en un buen momento. Habrá otras Olimpiadas”. Pero Emilio le replica que no, que todo está decidido y que no hay marcha atrás: “Yo me bajo. Uno tiene su dignidad”. El padre le responde: “Muy bien: pues ponte a trabajar”. El joven lo hace. Como no tenía más estudios que el bachillerato y no sabía otra cosa que combatir en un tatami de taekwondo, acabó de animador en una feria, vestido de conejo. El día en que su padre lo vio en el salón de casa probándose el disfraz le soltó: “Ya veo que has recuperado la dignidad”.
Es un año crítico para muchos propietarios e inquilinos. En 2026 vencerán más de 630.000 contratos de alquiler firmados en 2021 que afectan a 1,6 millones de personas. Son más del doble que los finalizados en 2025, en torno a 300.000, según datos del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, que sostiene que en 2021 se cerraron más arrendamientos que en 2020 y 2022. Cinco años después, llegan a su fin —también los suscritos en 2019 con grandes tenedores y vigencia de siete años—.