Irene murió en la Semana Santa de 2018 con solo 24 años mientras visitaba las cuevas de la playa de As Catedrais, en Ribadeo (Lugo). A la joven de Valladolid le cayó encima una piedra de este monumento natural convertido en atracción turística. Aquel 31 de marzo se había adentrado junto a su novio en las cavidades abiertas a las visitas, rodeada de una muchedumbre de curiosos y personal de vigilancia y después de que esa misma mañana se produjeran otros dos desprendimientos que fueron ignorados. Nada de esto facilitó la depuración de responsabilidades tras la desgracia. La investigación penal fue archivada y su familia tuvo que afrontar una lucha judicial por la vía civil que ha durado ocho duros años. La Audiencia Nacional acaba de darles la razón.
A veces los mapas son jeroglíficos que al resolverlos funcionan como un libro de historia. En el interactivo que publicó EL PAÍS el pasado día 14 para radiografiar la presencia de extranjeros en España hay un detalle imperceptible a primera vista. Lejos de las grandes zonas de inmigración —las costas, los centros agrícolas y las grandes ciudades— aparece un punto aislado con una alta concentración de foráneos. Está en el interior de Galicia, en el límite entre las provincias de Ourense y Pontevedra, aparentemente un lugar con poco reclamo, habida cuenta del despoblamiento y el nulo desarrollo industrial. En ayuntamientos como Avión, Beariz, Boborás o A Lama viven más de un 30% de extranjeros, según el censo, aunque pocos lo sientan así, ya que sus familias salieron de ese lugar al que ellos, descendientes, han vuelto. En ese cuadrilátero migratorio —tanto de expulsión como de acogida— se encierra siglo y medio de historia y, también, se guarda una lección de peso en torno al debate sobre las migraciones y la regularización aprobada por el Gobierno.
Los pactos de PP y Vox en Extremadura y Aragón han convertido la prioridad nacional en el concepto de la primavera. Pero el aterrizaje en la práctica de este sintagma, que suena a nombre de grupo punk de la movida, con ecos del Frente Nacional francés y regusto racista, varía según cuál de sus promotores firmantes lo explique. El mensaje de fondo, en cambio, está claro. Los españoles (y españolas, imagino) deben ir por delante de los inmigrantes (y las inmigrantes, sin duda) en el acceso al Estado del bienestar. Pero esto, ¿cómo se hace?
Miles de inquilinos han solicitado en las últimas semanas la prórroga de su contrato de alquiler. Algunos, porque creían que su propietario no se lo renovaría. Otros, como los del número 37 de la calle de Riereta de Barcelona, porque ya han recibido un burofax de su casero para que abandonen su piso. Los sindicatos en defensa del colectivo han intensificado en las últimas 72 horas su presión sobre el PP y Junts per Catalunya para convencerles de que convaliden este martes en el Congreso el decreto ley que busca evitar que dos millones de inquilinos deban renegociar sus contratos cuando el contexto internacional empieza a perfilar otra ola de escalada de precios. Sin embargo, Junts ya anunció este lunes que no dará su brazo a torcer y tumbará la norma.
Densificar o densificar. El dilema hace tiempo que se ha superado en muchas ciudades españolas. Los urbanistas llevan años, incluso décadas, clamando contra el modelo de nuevos barrios que fue imponiéndose en España desde los años noventa. Los PAU, PAI, SAU y la sopa de siglas que en cada ciudad lleva aparejado un desarrollo urbanístico han sido durante años sinónimo de edificios cerrados con piscina, poco comercio en la calle y grandes avenidas. El arquitecto José María Ezquiaga cree que aquella idea triunfó como reacción a los excesos del desarrollismo franquista. “Veníamos de los años sesenta y setenta con polígonos de mucha densidad de casas y pocos servicios”, explica, “hubo un pico de exceso de congestión que marcó el imaginario colectivo”.
Ante el intenso ruido que al PP le ha provocado la “prioridad nacional” pactada con Vox en los acuerdos de Gobierno de Extremadura y Aragón, Génova ha movido ficha. La dirección popular ha medido el impacto de la medida con una encuesta encargada específicamente para conocer cómo valoran los votantes la idea de priorizar a los españoles por delante de los inmigrantes en el acceso a las ayudas públicas, según han indicado fuentes de la dirección popular a EL PAÍS.
“Yo soy biznieto de Carlos Arniches, y tiene un sainete que acaba de cumplir 105 años, que se llama Los caciques, que alude exactamente al trato de favor familiar, sobre todo en corporaciones locales. Y estoy aquí como víctima. Yo he denunciado ante el canal interno de una sociedad que cotiza en el Ibex”, se oye decir a una voz del público durante el acto que el pasado 9 de diciembre, aprovechando el Día Internacional contra la Corrupción, organizó y grabó en vídeo la Fundación Ortega Marañón en Madrid con el título “Integridad y protección de las personas denunciantes”. El biznieto de Arniches era una de ellas. Había denunciado un presunto caso de nepotismo en una sociedad público-privada, propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y una filial de Mapfre, la multinacional en la que trabajaba desde hacía más de 30 años como abogado. Fue suspendido fulminantemente y despedido un mes después, en febrero de 2025, pero ha acabado ganando. El juicio en el que alegaba que su despido era una represalia por la denuncia iba a celebrarse el pasado 10 de abril, pero minutos antes de que se abriera la audiencia pública, Mapfre aceptó indemnizarlo con 1.150.000 euros, según la resolución judicial a la que ha tenido acceso este diario.
“Vivíamos rodeados de periodistas y escritores”. Así recuerda su infancia Juan Luis Cebrían (Madrid, 81 años). Su padre desempeñó cargos de responsabilidad en los medios de comunicación del franquismo y su tío llegó a ser director de Abc y La Vanguardia. Joven promesa del periodismo del Madrid de los sesenta, Cebrián fue el primer director de EL PAÍS cuando solo tenía 31 años y ya acumulaba mucha mili en el oficio: Pueblo y Cuadernos para el Diálogo, Televisión Española e Informaciones. Personaje mítico del cuarto poder de la democracia, tan temido como reverenciado, fascinante y odiado, atraviesa puntual la puerta giratoria del hotel Intercontinental.
El sueño de la infancia de Estel Blay Carreras (Manresa, 39 años) era convertirse en astronauta. Más de la mitad de las niñas que tienen la ambición de dedicarse a las ciencias desisten en la adolescencia, pero no fue su caso, que convirtió una fantasía en un plan de futuro profesional. Se formó en Ciencia Aeroespacial, se doctoró, tuvo varios trabajos. Hoy, esta mujer, que vive en un barrio residencial de Sitges con su familia y dos hámsteres, que nos recibe con una sonrisa y en calcetines, que tiene un estilo de vida aparentemente convencional, en poco más de un año será la próxima comandante de una misión que simulará, en una isla remota del Ártico, una expedición a Marte.
El público que esta semana vaya a algún cine de la cadena Yelmo para ver el regreso de Meryl Streep como Miranda Priestly en El diablo se viste de Prada 2 podrá entrar a la sala con un bolso rojo lleno de palomitas. Es la moda y también una nueva experiencia cinematográfica: coleccionar un palomitero particular en cada gran estreno. El furor por estos cubos se ha vivido este abril con la animada Super Mario Galaxy, cuya figura del dinosaurio Yoshi, vendida a 40 euros, ya es pieza de especulación. Pero, en realidad, los más beneficiados son unos cines que buscan convertir cada estreno en un evento instagrameable y reconfigurar ingresos ante el descenso de la venta de entradas. “El espectador ya no busca solo sentarse a ver una película, sino vivir la experiencia. Ofrecemos nuevas formas de relacionarse. Ya no solo hablamos de exhibición”, explica por correo Samuel Bolaños, director de comercialización de Cine Yelmo.