“Es una victoria jurídica, pero no de la batalla final”. Los abogados de la plataforma vecinal Ulloa Viva, adalid de las protestas contra la macrocelulosa de Altri en Lugo, han advertido este lunes de que el proyecto aún no está muerto del todo. La Xunta anunció el pasado viernes que tira la toalla en su intención de sacar adelante la polémica fábrica y explicó que impulsará el archivo del expediente, una fórmula de la que recelan los opositores a la factoría. Temen que la senda administrativa elegida por el Gobierno de Alfonso Rueda permita resucitar Altri dentro de unos años. “Vamos a estudiar y ver todas las vías para seguir jurídicamente atacando los restos vigentes para forzar un cierre definitivo a esta cuestión”, señala el equipo jurídico integrado por Pedro Trepat, conocido por haber sido el abogado de Nunca Máis durante la marea negra del Prestige, y Xoaquín Monteagudo.
La descoordinación policial marcó el sábado los altercados en una concentración de therians (humanos que se sienten animales) celebrada en el paseo de Lluís Companys de Barcelona. Los Mossos acusan a la Guardia Urbana de desalojar la zona cuando no ocurrían incidentes graves, según fuentes policiales, lo que llevó a altercados más graves. El dispositivo acabó con desórdenes públicos y cuatro personas detenidas, tres de ellas menores de edad. La Guardia Urbana asegura oficialmente que fue requerida para intervenir en el interior de un parquing subterráneo, donde se estaban causando daños materiales, y defienden que la decisión operativa de intervenir se vio “fundamentada en la sucesión de incidentes”. Por ello, pidieron el apoyo de Mossos, que a través de un portavoz confirman únicamente que desalojaron de manera conjunta en un dispositivo que pivotaba sobre la policía local.
La alta representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha anunciado este lunes que propondrá formalmente el levantamiento de las sanciones europeas a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tal y como pedía España, aunque no ha fijado una fecha para iniciar el proceso.
En Serbia, 70 kilómetros al noroeste de Belgrado, descubrieron hace medio siglo una fosa común llena de decenas de restos humanos apilados en Gomolava, junto al río Sava, que databan de hace unos 2.800 años. Los arqueólogos vieron que casi todos eran mujeres y niños. Para explicarlo, apuntaron a una epidemia que se habría cebado con los más pequeños y las féminas. Sin embargo, la historia es otra: un análisis forense y genético de los cuerpos publicado en Nature Human Behaviour muestra que fueron asesinados. Desde la llegada de las innovaciones del Neolítico a Europa (agricultura, sedentarización, urbanización...), se multiplicaron los actos de violencia de unos grupos a otros. Pero no hay un yacimiento en suelo europeo de la antigüedad con este sesgo de matanza selectiva. Aunque no tienen certezas, las autoras creen que los mataron y enterraron juntos porque eran, precisamente, mujeres y niños.
El Congreso de los Diputados ha vivido este lunes una declaración clave sobre la tragedia de la dana. Victoria Rosselló es la jefa de meteorología del canal autonómico público valenciano À Punt. La tarde del 29 de octubre de 2024 Rosselló estuvo en el informativo del mediodía. Y ha recordado que dio un aviso a los valencianos que en ese momento conectaban con el canal:
El alcalde del municipio sevillano de La Algaba (16.862 habitantes), Diego Manuel Agüera, ha presentado su dimisión tras haber sido denunciado por supuesto acoso sexual a un menor de la localidad. Los hechos, que sucedieron hace un año, fueron puestos en conocimiento del canal interno de comunicación del PSOE, donde milita el ya exregidor, el pasado 13 enero, y cuando El Mundo desveló esta situación, tanto los padres del chico, como el director de la Escuela Taurina de la localidad, Manuel Carbonell, donde recibía clases la presunta víctima, han interpuesto sendas denuncias ante la Policía Judicial y la Fiscalía, respectivamente.
El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte ha declinado asistir este lunes en La Haya al inicio de las audiencias de confirmación de cargos en su contra ante el Tribunal Penal Internacional (TPI). La Fiscalía le acusa de tres cargos de crímenes contra la humanidad por las campañas antidroga que supervisó entre 2011 y 2019, mientras estuvo en el poder, tanto como alcalde de la localidad de Davao como al frente de la presidencia. Durante la presentación de las pruebas, los abogados de Duterte han argumentado que solo autorizó el uso de la fuerza en “defensa propia”. Los fiscales, sin embargo, le señalan como “autor indirecto” de asesinatos y tentativa de asesinatos en una operación que, según el Gobierno filipino, costó la vida a 6.252 personas. En 2020, Naciones Unidas calculó que el número total de muertos ascendió a al menos 8.663.