Existen pocas dudas de la vinculación entre el dinero y la geopolítica, y la historia del euro digital solo reafirma este vínculo. La Comisión Europea presentó las propuestas legales para su desarrollo en junio de 2023 y ahí quedó, sin mucho impulso político hasta que Donald Trump volvió a la Casa Blanca. Entonces el papel de Piero Cipollone (64 años, Avezzano, Italia), el miembro del comité ejecutivo de Banco Central Europeo (BCE) encargado del euro digital, ganó enteros. Antes de llegar a Fráncfort, hizo buena parte de su carrera en el Banco de Italia, donde llegó a subgobernador. En noviembre de 2023 entró en el directorio que se encarga del día a día de la máxima autoridad monetaria, y pasó a dirigir un proyecto clave con el que la UE esperar reducir la dependencia de empresas estadounidenses como Visa, Mastercard o American Express para los pagos electrónicos.
A principios de enero, un enjambre de drones se adentró en los cielos de la ciudad de Merowe, en el Estado Norte de Sudán. El ejército regular informó unas horas después que habían sido lanzados por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y derribados antes de golpear la mayor presa del país e instalaciones militares cercanas. Apenas unos días después, a cientos de kilómetros de distancia, fueron los rebeldes quienes presumieron de haber interceptado un dron del ejército mientras sobrevolaba Nyala, la capital de Darfur Sur y uno de sus bastiones.
Bajo la presión de los aranceles de Washington, India y la UE acordaron ayer los contornos de un acuerdo comercial tras casi 19 años de negociaciones intermitentes. El acuerdo podría facilitar considerablemente el acceso al mercado para ambos, que comparten una relación comercial de 180.000 millones de euros.
El titular de todos los medios generó una gran alarma entre casi 10 millones de pensionistas, un colectivo con una enorme influencia política en un país muy envejecido como España: el Congreso tumbó el decreto de la revaloración de las pensiones este martes. La nómina de enero no está en juego, se va a pagar con la subida que decidió el Gobierno, el 2,7%. Pero la de febrero sí está en el aire, y se empieza a resolver su pago a mediados de ese mes. Si no se resuelve antes, los pensionistas recibirían de media 50 euros menos en esa paga. Y eso supondría un terremoto político de consecuencias difíciles de calcular.
España crece aproximadamente el triple que la media europea, básicamente por dos motores a reacción: los bajos precios de la energía —España tiene ventaja por las renovables por vez primera desde la revolución industrial— y la migración. El Ejecutivo pactó en Bruselas la excepción ibérica en su día y ha seguido incentivando el uso de renovables por el lado energético. Y llevaba meses estudiando cómo acometer la regularización de aproximadamente medio millón de inmigrantes en situación irregular, a pesar de un contexto europeo e internacional muy restrictivo en política migratoria. España lleva meses alejada de ese consenso que abrazan tanto Estados Unidos con Donald Trump como la mayoría de los gobiernos europeos, incluidos socialdemócratas como el Reino Unido y Dinamarca. La vía de la iniciativa legislativa popular en el Congreso estaba cegada, básicamente por la negativa en redondo de dos de los socios de investidura, PNV y Junts. Finalmente, La Moncloa vio una ventana de oportunidad para sacar adelante esa medida vía decreto. La negociación política —con Sumar, con Podemos, dentro del propio Ejecutivo— iba por un lado. Pero un reducido equipo ha trabajado durante más de año y medio en el Gobierno estudiando los pros y los contras. Por el lado económico se manejaban varios informes internacionales de regularizaciones similares, en Italia y en Francia, por ejemplo. Y en especial dos estudios, firmados por académicos de la Pompeu Fabra y de la Carlos III, que estiman los efectos económicos de dar papeles a los inmigrantes. Uno de ellos tiene 27 páginas y montones de ecuaciones, tablas y datos; el otro, 69 páginas cargadas de más y más datos, tablas y ecuaciones. Pero sus conclusiones son similares: los efectos económicos de una regularización son positivos.
Pamela (nombre ficticio) toma un café manchado en una terraza de Prosperidad, en Madrid, y contesta sin parar con notas de voz a sus familiares. La última vez que fue entrevistada por este diario fue a solo unas calles de ahí, mientras mostraba el lugar donde vivía con su marido: un zulo sin ventanas ni apenas oxígeno, donde ni siquiera podía ponerse de pie, un bar convertido en vivienda donde sobrevivían seis personas a cambio de unos 1.800 euros. Han pasado casi dos años desde que salieran de Bogotá (Colombia), ella unos cuantos más desde que lo hiciera desde Caracas (Venezuela). Aunque si se para a pensarlo, siente que más bien ha pasado una vida. “¿De verdad es cierto eso que dicen las noticias?“, pregunta.
Como la soldadura de vía que supuestamente colapsó en Adamuz (Córdoba), y causó el descarrilamiento del tren de alta velocidad de Iryo el domingo 18, había otras muchas en un rango de dos kilómetros y en ambas vías. La zona sur del puesto de banalización (estación técnica de Adif) de dicha localidad tiene hasta 16 empalmes o soldaduras aluminotérmicas —la que colapsó y otras 15— entre raíles de nueva producción y otros que ya estaban en uso antes de la renovación. Este recuento, al que ha tenido acceso El PAÍS, se distribuye entre la vía 1, por la que circulaba el Frecciarossa de Iryo destino Madrid, y la vía 2, que ocupaba el Alvia de Renfe en su marcha hacia Huelva.
La lista de compañías que serán llamadas a la investigación del accidente ferroviario en la alta velocidad Madrid-Sevilla va a ser extensa, a la vista de que hay 88 procesos de contratación y subsiguientes subcontratas en una renovación valorada en 780 millones de euros. Muchos de ellos fueron ejecutados hasta el año pasado en el subtramo Guadalmez-Córdoba, donde se encuentra el punto negro de Adamuz (Córdoba). Cuatro de las mayores constructoras del país participaron en la remodelación en una unión temporal de empresas; una reputada ingeniería firmó la revisión de las soldaduras, realizada por una de las contadas empresas especializadas en la unión de carriles Estos son algunos de los nombres que saldrán en las pesquisas técnicas y, a buen seguro, en el posterior proceso judicial.
El inicio de la remodelación del eje con mayor tráfico y demanda de viajeros de la red de alta velocidad, el Madrid-Barcelona, se ha adelantado de 2027 a este 2026 a la vista de la urgencia de mejoras. Y se realizará, de nuevo, sin parar el servicio. La última incidencia relevante es de esta semana, con el gestor de la infraestructura Adif obligado a reparar una rotura de carril al paso de la línea por L’Espluga de Francolí (Tarragona). Entre defectos comunicados por los maquinistas y una pérdida de confort de viaje, el Ministerio de Transportes ha ordenado el adelanto de las importantes obras previstas en un eje llamado a acoger trenes a 350 kilómetros por hora. Esa decisión fue tomada hace tres meses, según el ministro Óscar Puente, pero se da a conocer ahora, en plena crisis ferroviaria. A falta de un debate interno en profundidad, fuentes conocedoras del proyecto aseguran que Adif y el ministerio se inclinan por mantener el modelo de ejecutar obras sin parar los trenes, tal y como se ha hecho en la Madrid-Sevilla entre 2022 y este 2026.
Lección número uno del día: no preguntar a los usuarios de Rodalies qué tal les va el primer día de relativa normalidad tras una semana de crisis inaudita, la que siguió al accidente mortal de Gelida. No preguntarles porque les va igual de mal que siempre: retrasos y/o aglomeraciones. Y te saltan a la yugular. “¿Qué normalidad?, si la normalidad no existe. Si es que cuando vuelven los trenes, tampoco van, siguen los retrasos”, casi grita Lucía en un vagón de la R2 norte, entrando en Barcelona tras una hora y pico de pie desde Llinars del Vallès (a 38 kilómetros de Barcelona). “Han dicho que ponían la mitad de trenes, como los fines de semana”, aclara Isidre a su lado. El vagón parece una lata de doble ración de sardinas. “Ya no recuerdo cuando iba bien”, resopla Mari Cruz. No puede teletrabajar, es cuidadora de una persona mayor de Castelldefels, y relata que, cualquier día de cualquier semana, puede tardar hasta dos horas desde Badalona. “Nunca cambia nada”, sentencia en tres palabras.
