El titular de todos los medios generó una gran alarma entre casi 10 millones de pensionistas, un colectivo con una enorme influencia política en un país muy envejecido como España: el Congreso tumbó el decreto de la revaloración de las pensiones este martes. La nómina de enero no está en juego, se va a pagar con la subida que decidió el Gobierno, el 2,7%. Pero la de febrero sí está en el aire, y se empieza a resolver su pago a mediados de ese mes. Si no se resuelve antes, los pensionistas recibirían de media 50 euros menos en esa paga. Y eso supondría un terremoto político de consecuencias difíciles de calcular.
España crece aproximadamente el triple que la media europea, básicamente por dos motores a reacción: los bajos precios de la energía —España tiene ventaja por las renovables por vez primera desde la Revolución Industrial— y la migración. El Ejecutivo pactó en Bruselas la excepción ibérica en su día y ha seguido incentivando el uso de renovables por el lado energético. Y llevaba meses estudiando cómo acometer la regularización de aproximadamente medio millón de inmigrantes en situación irregular, a pesar de un contexto europeo e internacional muy restrictivo en política migratoria. España lleva meses alejada de ese consenso que abrazan tanto Estados Unidos con Donald Trump como la mayoría de los Gobiernos europeos, incluidos socialdemócratas como Reino Unido y Dinamarca. La vía de la iniciativa legislativa popular en el Congreso estaba cegada, básicamente por la negativa en redondo de dos de los socios de investidura, PNV y Junts. Finalmente, La Moncloa vio una ventana de oportunidad para sacar adelante esa medida vía decreto. La negociación política —con Sumar, con Podemos, dentro del propio Ejecutivo— iba por un lado. Pero un reducido equipo ha trabajado durante más de año y medio en La Moncloa el Gobierno estudiando los pros y los contras. Por el lado económico se manejaban varios informes internacionales de regularizaciones similares, en Italia y en Francia, por ejemplo. Y en especial dos estudios, firmados por académicos de la Pompeu Fabra y de la Carlos III, que estiman los efectos económicos de dar papeles a los inmigrantes. Uno de ellos tiene 27 páginas y montones de ecuaciones, tablas y datos; el otro, 69 páginas cargadas de más y más datos, tablas y ecuaciones. Pero sus conclusiones son similares: los efectos económicos de una regularización son positivos.
Pamela (nombre ficticio) toma un café manchado en una terraza de Prosperidad, en Madrid, y contesta sin parar con notas de voz a sus familiares. La última vez que fue entrevistada por este diario fue a solo unas calles de ahí, mientras mostraba el lugar donde vivía con su marido: un zulo sin ventanas ni apenas oxígeno, donde ni siquiera podía ponerse de pie, un bar convertido en vivienda donde sobrevivían seis personas a cambio de unos 1.800 euros. Han pasado casi dos años desde que salieran de Bogotá (Colombia), ella unos cuantos más desde que lo hiciera desde Caracas (Venezuela). Aunque si se para a pensarlo, siente que más bien ha pasado una vida. “¿De verdad es cierto eso que dicen las noticias?“, pregunta.
“Un hombre duro, pero justo”. Así describe Donald Trump a su zar para las fronteras, Tom Homan, al que ha enviado a Minneapolis para hacerse cargo de las operaciones de la policía de inmigración en esa ciudad, ante la oleada de furia después de que agentes de la Patrulla Fronteriza cosieran a balazos este sábado al enfermero Alex Pretti, de 37 años, durante un acto de protesta en esa ciudad. No todo el mundo estará de acuerdo con la benévola descripción del presidente estadounidense sobre su alto cargo, uno de los grandes defensores de las políticas migratorias más polémicas del Gobierno republicano. Pero su traslado ha sido acogido con alivio generalizado, tras la agresividad, el exhibicionismo y las calumnias del hasta ahora encargado del despliegue, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, bajo cuyo mando los agentes federales han matado a dos activistas por disparos a bocajarro.
Como la soldadura de vía que supuestamente colapsó en Adamuz (Córdoba), y causó el descarrilamiento del tren de alta velocidad de Iryo el domingo 18, había otras muchas en un rango de dos kilómetros y en ambas vías. La zona sur del puesto de banalización (estación técnica de Adif) de dicha localidad tiene hasta 16 empalmes o soldaduras aluminotérmicas —la que colapsó y otras 15— entre raíles de nueva producción y otros que ya estaban en uso antes de la renovación. Este recuento, al que ha tenido acceso El PAÍS, se distribuye entre la vía 1, por la que circulaba el Frecciarossa de Iryo destino Madrid, y la vía 2, que ocupaba el Alvia de Renfe en su marcha hacia Huelva.
La lista de compañías que serán llamadas a la investigación del accidente ferroviario en la alta velocidad Madrid-Sevilla va a ser extensa, a la vista de que hay 88 procesos de contratación y subsiguientes subcontratas en una renovación valorada en 780 millones de euros. Muchos de ellos fueron ejecutados hasta el año pasado en el subtramo Guadalmez-Córdoba, donde se encuentra el punto negro de Adamuz (Córdoba). Cuatro de las mayores constructoras del país participaron en la remodelación en una unión temporal de empresas; una reputada ingeniería firmó la revisión de las soldaduras, realizada por una de las contadas empresas especializadas en la unión de carriles Estos son algunos de los nombres que saldrán en las pesquisas técnicas y, a buen seguro, en el posterior proceso judicial.
El inicio de la remodelación del eje con mayor tráfico y demanda de viajeros de la red de alta velocidad, el Madrid-Barcelona, se ha adelantado de 2027 a este 2026 a la vista de la urgencia de mejoras. Y se realizará, de nuevo, sin parar el servicio. La última incidencia relevante es de esta semana, con el gestor de la infraestructura Adif obligado a reparar una rotura de carril al paso de la línea por L’Espluga de Francolí (Tarragona). Entre defectos comunicados por los maquinistas y una pérdida de confort de viaje, el Ministerio de Transportes ha ordenado el adelanto de las importantes obras previstas en un eje llamado a acoger trenes a 350 kilómetros por hora. Esa decisión fue tomada hace tres meses, según el ministro Óscar Puente, pero se da a conocer ahora, en plena crisis ferroviaria. A falta de un debate interno en profundidad, fuentes conocedoras del proyecto aseguran que Adif y el Ministerio se inclinan por mantener el modelo de ejecutar obras sin parar los trenes, tal y como se ha hecho en la Madrid-Sevilla entre 2022 y este 2026.
Lección número uno del día: no preguntar a los usuarios de Rodalies qué tal les va el primer día de relativa normalidad tras una semana de crisis inaudita, la que siguió al accidente mortal de Gelida. No preguntarles porque les va igual de mal que siempre: retrasos y/o aglomeraciones. Y te saltan a la yugular. “¿Qué normalidad?, si la normalidad no existe. Si es que cuando vuelven los trenes, tampoco van, siguen los retrasos”, casi grita Lucía en un vagón de la R2 norte, entrando en Barcelona tras una hora y pico de pie desde Llinars del Vallès (a 38 kilómetros de Barcelona). “Han dicho que ponían la mitad de trenes, como los fines de semana”, aclara Isidre a su lado. El vagón parece una lata de doble ración de sardinas. “Ya no recuerdo cuando iba bien”, resopla Mari Cruz. No puede teletrabajar, es cuidadora de una persona mayor de Castelldefels, y relata que, cualquier día de cualquier semana, puede tardar hasta dos horas desde Badalona. “Nunca cambia nada”, sentencia en tres palabras.
Comer es tan cotidiano como respirar, pero si se atiende a muchos mensajes de redes sociales, parece que hacerlo bien requiere un doctorado en biología molecular y la astucia necesaria para evitar las trampas que nos tienden los poderosos para dirigirnos a los alimentos equivocados y mantenernos enfermos.
Una mujer se presta a un experimento lingüístico en un hospital para poder costear el tratamiento médico que su pareja necesita. No parece peligroso y, como no tiene medios para sufragar los gastos, está dispuesta a correr el riesgo: “si solo se trata de palabras, no puede ser peligroso”. Su interlocutor la corrige: “Tratándose de palabras, puede ser muy peligroso”. Y añade “no hay trasplante sin riesgo”. ¿Trasplante? ¿A quién? ¿De quién? ¿De qué? Felicia, pese al temor que le produce la palabra trasplante, acepta: incorporará las palabras de otro en su interior. Esta decisión meditada tendrá consecuencias impredecibles porque al cambiar sus palabras por las de otro, devendrá otra ella misma. No en vano Juan Mayorga titula a esta obra de teatro El Golem (2022), en alusión a la figura del folklore hebreo que toma vida con ciertas palabras porque estas tienen poder, dan vida, avivan, lo que apunta al hecho de que las palabras trasplantadas insuflan un modo de estar y de vivir y pueden incluso, como bien viera Platón, curar o enfermar. Este peligroso trasplante consiste, como indica Santiago Alba Rico en el epílogo al ensayo de Mayorga, en envenenar la narrativa porque, aunque nos parezca imposible, la sinrazón puede hacerse escritura y generar un discurso que parece tener razón, convence y hacemos propio. Aquí estamos, inadvertidos y sin nuestro consentimiento, en una época de trasplantes de palabras, que a su vez nos trasplantan a otro campo de juego, el que debemos combatir, ¿y cómo combatir si nuestra herramienta, que es el pensamiento, está envenenado con palabras trasplantadas? No hay nada más peligroso que el mal uso de las palabras. Cuando repetimos las palabras del otro, sus discursos y sus modos, algo cambia en nosotros mismos. Un ejemplo es la palabra “paz”. Parafraseo el trabajo de Klemperer sobre la lengua del fascismo. Donde pone “pueblo” leo en su lugar “paz”: “Paz se emplea tantas veces al hablar y escribir como la sal en la comida; a todo se le agrega una pizca de paz: fiesta de la paz, camarada de la paz, comunidad de la paz, cercano a la paz, ajeno a la paz, surgido de la paz”. “Paz” hasta que no se sepa muy bien a qué nos referimos. Si la paz es deseable, aquello que designa debe serlo en consonancia, ¿no? ¿quién no quiere la paz? ¿Pero qué paz es esta?