La sensación de las elecciones a punto de celebrarse en Estados Unidos no está en Washington, Nueva York o Los Ángeles, sino en un pueblo de Indiana. Y no la protagonizan los grandes nombres de la política nacional, sino una candidata completamente desconocida para el gran público hasta la semana pasada.
El Tribunal Constitucional ha rechazado intervenir en el debate jurídico que se mantiene en el Tribunal Supremo sobre el derecho al voto de 163.000 nacionalizados por la ya conocida como ley de nietos que viven en el extranjero. Los magistrados han desestimado la petición del Defensor del Pueblo de levantar la suspensión cautelar del sufragio de estos españoles de cara a las elecciones generales del 29-N. El tribunal de garantías ha adoptado esta decisión al considerar prematuro el movimiento impulsado por la institución encabezada por Ángel Gabilondo porque no se ha agotado todavía la vía abierta en el Supremo.
Miles de sitios web, entre ellos páginas gubernamentales de Europa y otras regiones, quedaron fuera de servicio este miércoles después de que la divulgación de vulnerabilidades críticas en PHP obligara a los administradores de sitios web de todo el mundo a tomar medidas urgentes para proteger sus sistemas.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha aprovechado su comparecencia esta mañana en Sevilla para hablar de vivienda, quizá el gran tema de la inminente campaña electoral. Entre promesas de construcción y compromisos de rebajas fiscales, el líder popular no ha dejado pasar la oportunidad de mencionar la okupación —uno de los ejes vertebradores de la posición del partido sobre el problema de la vivienda— y ha afirmado: “Hay propietarios con miedo. Porque si un okupa llega con un papel de haber pedido una pizza, ya nadie le puede sacar hasta dentro de varios años”. ¿Se puede acreditar que uno es el legítimo morador de una vivienda por haber pedido una pizza? No.
“Amigo, ¿cómo estás? Che, dicen que no me querés más”, comenzó diciendo Javier Milei por si quedara algún charco más por pisar. “Por eso estás en mi despacho”, respondió irónicamente Santiago Abascal, antes de empezar a reír. El primero estaba en la fundación Disenso y el segundo, metido en una furgoneta en Avilés a punto de comenzar un mitin electoral.
La Comunidad de Madrid cuenta con un equipo de comunicación de primer nivel que informa de todos los pasos que da Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de Madrid habla prácticamente a diario y se somete a las preguntas de los periodistas de una forma que solo hacen algunos mandatarios latinoamericanos y Donald Trump. No hay ningún tema de relevancia nacional sobre el que no opine. Su agenda funciona como un reloj y se conoce siempre la tarde de antes. Puede anunciar una visita a la feria del melón o un discurso inaugural en un simposio del colegio de notarios. Sin embargo, su encuentro con todo un jefe de Estado se ha celebrado sin mucha pompa institucional y, de hecho, ha permanecido oculto hasta última hora.
El motor y el zumbido de las aspas del helicóptero de la policía, que sobrevuela el centro de París con un potente foco que alumbra sus callejones desde hace dos días, es lo único que rompe el silencio impuesto en las últimas noches. La capital de Francia, como las otras grandes ciudades donde hubo disturbios el pasado sábado, se ha blindado a través de un despliegue policial enorme y toques de queda que restringen los movimientos de los ciudadanos a partir de las nueve de la noche. Pero el ruido continúa durante el día en la esfera política y mediática y en las redes sociales, donde se cocina la manifestación convocada para el sábado: el segundo acto, según los chalecos amarillos.
La Fiscalía de Marbella ha solicitado un año y 11 meses de prisión para el alcalde de Estepona (Málaga, 78.413 habitantes), José María García Urbano (PP) al que acusa de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales. La fiscal Alejandra Gómez pide la apertura de juicio oral y sostiene su petición argumentando que el regidor, que lleva en el cargo desde el año 2011, contrató como cargo de confianza municipal a una mujer con la que mantenía una relación sentimental “a sabiendas de que no iba a desempeñar actividad laboral alguna” y que, a pesar de ello, esta cobró algo más de 5.000 euros. El ministerio público también pide para García Urbano cinco años de inhabilitación como cargo o empleo público.
Los meteorólogos no daban crédito a lo que veían sus ojos: lluvias torrenciales sin una perturbación atmosférica como fuente de inestabilidad que las causara. No había detonante. No había dana. No había vaguada. No había un culpable. Y, sin embargo, visto desde el satélite, en el torbellino de nubes se estaba formando un monstruo: un sistema que se asemejaba a una tormenta tropical en ciernes. Para más pruebas, el radar mostró un viento que podía corresponder a un giro ciclónico cerca de la costa. Si se le hubiera enseñado a un experto en huracanes de EE UU, habría jurado que era un ciclón tropical. El problema es que no estaba gestándose en el mar Caribe, sino en el Mediterráneo, frente a las costas de Cataluña, a 7.000 kilómetros del lugar donde suelen ocurrir.