Ali Jameneí, el líder supremo que pereció en el magnicidio israelí del 28 de febrero, había logrado acumular un poder omnímodo. Su figura era la de un árbitro supremo; él tenía la última palabra sobre casi todo: el programa nuclear, la doctrina religiosa, la política exterior, las cuestiones morales y esa represión a menudo feroz, según Naciones Unidas. Incluso por encima de esa estructura de poder opaca de la que él mismo formaba parte y que se conoce como “el Estado profundo”; las redes de influencia del aparato militar y de seguridad, la inteligencia y la burocracia económica. Su hijo y nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, no ha dado aún muestras de ejercer ese poder casi absoluto, quizás porque, como indican nuevos testimonios de funcionarios iraníes, está vivo pero aún convaleciente de las graves heridas que sufrió en el bombardeo que mató a su padre. Mientras, destacados generales afianzan su poder.
El cerrojazo del estrecho de Ormuz era lo que en la jerga se suele llamar, no sin cierta rimbombancia, un “riesgo de cola”: un suceso tan extremo como poco probable. Un órdago más, se decía, como tantas y tantas veces antes. Pero llegó. El lunes 2 de marzo, bajo las bombas israelíes y estadounidenses, la Guardia Revolucionaria anunciaba el bloqueo de esa lengua de mar tan angosta como crucial para el mundo. A mediados de abril llegaría un segundo candado, el impuesto por Estados Unidos para asfixiar la economía iraní y que ha terminado de cercenar el tránsito de crudo, gas, diésel y fertilizantes desde el golfo Pérsico. Desde entonces, el mundo tira de reservas y audacia. Pero el ingenio también tiene límites.
La Ley del Derecho al Voto, uno de los frutos más perdurables de la era de los derechos civiles, prohibió en 1965 que los políticos racistas del sur de Estados Unidos suprimieran con tretas el sufragio de los ciudadanos negros. El miércoles, la supermayoría conservadora del Tribunal Supremo completó la tarea de demolición de esa norma, gravemente herida ya por dos sentencias anteriores. El nuevo fallo declara inconstitucional el diseño del segundo distrito de mayoría afroamericana de Luisiana y abre la puerta a un cambio de las reglas democráticas potencialmente favorable al Partido Republicano en otros Estados del sur.
Nadie puede ocultar el desastre. No hay salida militar que sea buena. No lo es abrir Ormuz por las bravas, ni es fácil localizar y llevarse los 400 kilos de uranio enriquecido al 60% o bombardear de nuevo instalaciones militares, energéticas e industriales tal como ha amenazado Trump. Cada una de las iniciativas presentadas por el Pentágono para salir del atolladero está llena de riesgos o alberga nuevos fracasos. Hasta el más indeseable de todos ellos, como sería la prolongación de la guerra con tropas sobre el terreno, exactamente lo que el trumpismo se había propuesto descartar para siempre.
Nicolas Ruhlman levanta la copa y apura el último sorbo de Riesling, una variedad con reminiscencias cítricas que funciona también como bálsamo para cualquier diferencia ideológica. Apoyado en la barra de La vieille tour, el restaurante que regenta en Sélestat, en el Bajo Rin alsaciano, un paraje rodeado de viñedos, resume así la cuestión. “Somos distintos. Nuestra cultura y nuestra historia son otras. Y por eso es bueno que podamos gestionar nuestro territorio. ¿No le parece?”, interroga al periodista, algo abrumado por su envergadura. Luego añade. “Esa ley es buena, pero no es nada comparado con lo que tienen ustedes en España. Eso si es un ejemplo de respeto a sus regiones”, proclama con envidia.
Kim Rivers (Jacksonville, Florida, 48 años), fundadora y CEO de la empresa cannábica Trulieve, nunca olvidará el 18 de diciembre de 2025. La empresaria de Florida fue una de las invitadas al Despacho Oval de la Casa Blanca cuando Trump firmó el decreto histórico para reclasificar la marihuana en Estados Unidos como una droga de menor peligrosidad, pasando de la Lista I a la Lista III de la Ley de Sustancias Controladas. La orden del presidente, que se materializó la semana pasada, no legaliza la marihuana recreativa en el país, pero permite a compañías como la de Rivers operar con mayores beneficios fiscales y abrir la puerta a la investigación científica y médica de una industria valorada en más de 30.000 millones de dólares (25.530 millones de euros).
El marido de Kim Rivers, John 'J.T.' Burnette, fue condenado en 2021 a tres años de prisión y a pagar una multa de 1,25 millones de dólares, por cargos de corrupción relacionados con sobornos a funcionarios de Tallahassee y maniobras para influir en decisiones públicas, que afectaban a proyectos inmobiliarios y a regulaciones estatales. Además, se le acusó de intentar influir en legislación estatal, incluida normativa relacionada con el sector del cannabis, buscando introducir requisitos regulatorios que beneficiaran a ciertos actores y dificultaran la entrada de competidores. Rivers no fue investigada ni implicada en los hechos. Recibió un respaldo inmediato por parte de la junta directiva de Trulieve, lo que la ayudó a mantenerse al margen del escándalo y a conservar su posición sin que su reputación profesional se viera afectada.
“Esta ley nos salva la vida”. Seis palabras explican el sentir de cientos de miles de migrantes y refugiados que estos días se afanan en formalizar sus papeles para obtener un permiso de residencia y trabajo que les cambie esa vida de pesares y clandestinidad por una de libertad y derechos. Lo decía Othmane Nahi, un marroquí de 36 años que lleva 10 de campaña agrícola en campaña agrícola por media España sin haber podido nunca regularizar su situación, algo recurrente entre los temporeros. La salvadoreña Angélica María Victoriano también tiene un sueño: estudiar inglés; y Elena Pérez cuenta los días para regresar a Honduras y abrazar a sus tres hijas sin el riesgo de no poder volver a entrar en España. Trabajar y enviar dinero, llevar una vida digna y volver a casa de vez en cuando mantiene en vilo a todos los que hacen cola día y noche frente a las oficinas que tienen que expedirles el pase de la esperanza.
La madrugada del 3 de enero, cuando el primer bombardeo sacudió Caracas, Nicolás Maduro alcanzó a grabarle un audio a su hijo. Él todavía no quiere hacerlo público —“en algún momento va a salir”, promete—, pero adelanta algunas frases: “Nico, están bombardeando. Que la patria siga luchando, vamos para adelante”. Era una despedida. “Él pensaba que ese día moría”, cuenta su hijo a EL PAÍS cuatro meses después del ataque que cambió abruptamente la historia de Venezuela. “Todos pensábamos que ese día iba a morir”.
Su velero, el Almirante, era un granito de arroz en mitad del Mediterráneo. Mientras se comía el último trozo de pollo reseco, sonrió ante una idea: seguro que nadie más que él sabía que estaba todavía vivo. Él tampoco se lo podía creer. Habían pasado 11 días y desde hacía cuatro ya nadie lo estaba buscando. “Yo sabía que era hombre muerto, pero aún no lo estaba”.
Joan Manuel Serrat tiene 82 años. Donald Trump tiene 79. Por fortuna para nosotros, no hay en ellos asomo de parecido alguno, salvo que son viejos, Serrat un poco más. Digo “viejos” utilizando la misma palabra, tan denostada, que usó el artista el otro día en unas jornadas sobre eso que se llama colectivo de la tercera edad que tenían lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Decía Serrat sentirse en ese tiempo de propina en que a menudo el alma suele conversar consigo misma. Ese veranillo de la vida, decía citando al filósofo francés Pascal Bruckner, un regalo del que se siente agradecido. En un discurso cargado de emoción, Serrat afirmaba que ignorar a los mayores, su opinión y su memoria, es algo así como quemar libros. No puedo estar más de acuerdo y observo a menudo ese odioso tonillo condescendiente que se suele emplear para hablar con las personas mayores no solo en el trato cotidiano sino también en conversaciones públicas, como una prueba hiriente de cómo se las intenta aniñar como si fueran ciudadanos que ya no cuentan salvo como personajes pintorescos.