Sé que hay incendios. Están lejos pero sus efectos llegan hasta aquí bajo forma de olor y ese color, que te dicen peligro. Peligro más o menos distante, que preocupa sobre todo por lo insólito, lo impensable de unas llamas que, sin ton ni son, sin lógica ninguna ni control, podrían, si los azares las ayudan, acercarse, llegar. Es su regreso vengativo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado este sábado en su cuenta personal de la red social Bluesky, que aquellas personas que no puedan acceder o desplazarse hasta su puesto de trabajo por culpa de incendios como los de Ávila y Madrid tienen derecho a cuatro días de permiso retribuido, tal y como se recoge en el Estatuto de los Trabajadores. Este permiso climático fue aprobado mediante Real Decreto en noviembre de 2024 tras la trágica dana que sufrió Valencia en octubre de ese año, que acabó con la vida de 229 personas y arrasó con buena parte del tejido productivo de la zona.
Los pinchos morunos, la chistorra y los chorizos, restos de una barbacoa frustrada, descansan sobre la mesa junto a una botella de aceite retorcida por el calor. Solo dos tiendas de campaña se han librado del fuego en el camping del valle de Iruelas (Ávila), donde dos toallas tendidas, semiquemadas, ilustran el milagro. Lo demás está arrasado. Huele a plástico quemado, los muchísimos bungalows se han prácticamente derretido, una moto es ahora un amasijo metálico, y de la cama elástica solo queda el esqueleto. Así parcela tras parcela por el azote del fuego de Burgohondo, devastador en el sur abulense. Los bosques han ardido, y con ellos el entorno de casas y negocios para desesperación de muchas familias que temen el golpe económico que viene.
El Gobierno central ha hecho un llamamiento a la población para protegerse permaneciendo en espacios cerrados y usar mascarilla cuando sea imprescindible salir al exterior allí donde haya humo provocado por los gigantescos incendios que azotan la Sierra Oeste de Madrid y parte de la provincia de Ávila, que han calcinado más de 25.000 hectáreas y obligado a evacuar o confinar a 80.000 personas.
