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El aumento del tráfico de cocaína hacia Europa, impulsado por la alta producción en América Latina y la creciente demanda en la UE, ha llevado a las redes criminales a modificar sus métodos de transporte y camuflaje. Para eludir la presión policial y la vigilancia de grandes puertos como Amberes (Bélgica), Hamburgo (Alemania) o Róterdam (Países Bajos), utilizan naves semisumergibles. También trasladan en alta mar los cargamentos de droga de un buque a otro. Y para neutralizar el uso de escáneres, perros detectores y pruebas forenses, incorporan la droga a plásticos, textiles, cartón o alimentos. Esta evolución en sus prácticas figura en un informe publicado este martes por Europol, que advierte de la capacidad de adaptación de los narcotraficantes para adelantarse a los controles policiales y portuarios. Y de la necesidad de reforzar la cooperación internacional.
Lluís Badia fue presidente del puerto de Tarragona durante el último Gobierno de Jordi Pujol e, inmediatamente después (2004 a 2008) senador por la extinta Convergència i Unió (CiU). Su posición dentro del partido no le impidió, sin embargo, planear al mismo tiempo negocios con Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat, tal como ha quedado este martes en evidencia en el juicio que se sigue contra la familia en la Audiencia Nacional, y que por primera vez ha explorado los puntos de conexión del caso con determinados personajes del pujolismo.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Cádiz, a cargo de la investigación sobre el supuesto fraccionamiento de contratos sanitarios por la central provincial de compras del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Cádiz para eludir el procedimiento de concurrencia competitiva y publicidad, ha decidido llamar como investigados al exgerente del Hospital Puerta del Mar Sebastián Quintero, y al jefe de compras en Cádiz del SAS, Demetrio González. Con esta decisión, adelantada por la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso este diario, el juez atiende la petición del PSOE de Andalucía de ampliar la querella por entender que estas conductas podrían incurrir en un presunto delito de malversación.