El senador Iván Cepeda todavía no había terminado de procesar la victoria más decisiva contra su némesis, el expresidente Álvaro Uribe, cuando optó por redoblar la apuesta. Minutos después de la condena del lunes contra el político de derechas por manipulación de testigos, reiteró una propuesta que pone los pelos de punta en el uribismo: la creación de un nuevo mecanismo de justicia transicional al que se sometan los exgobernantes, los empresarios y los medios de comunicación para esclarecer su participación en las atrocidades del conflicto armado. “Si el expresidente condenado hoy decide transitar ese camino, nosotros también lo haremos”, dijo. La iniciativa, en medio de los señalamientos de la derecha sobre la supuesta impunidad de antiguos guerrilleros, agita el debate político sobre la justicia transicional en Colombia.
El procesamiento del fiscal general era un escenario que el Gobierno ya había contemplado, y la decisión estaba tomada al máximo nivel, esto es, por parte de Pedro Sánchez: el apoyo a Álvaro García, que ha sido inequívoco durante toda la crisis, va a continuar. Sánchez, según su entorno, considera que García “es inocente” y por eso piensa mantener el apoyo hasta el final. El presidente fue rotundo desde Mallorca, tras la audiencia veraniega con el rey Felipe VI. “Nosotros respaldamos la acción del fiscal general. Creemos en su inocencia. Cuenta con el aval del Gobierno de España”, dijo.
Los magistrados Sánchez Melgar y De Porres, mayoría en la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo que debía valorar el auto de procesamiento por el que el magistrado instructor decidió procesar al Fiscal General del Estado, han decidido confirmar esa decisión. Se trata de un proceso que sigue siendo extrañísimo. Nada más y nada menos que 78 páginas entre la posición de la mayoría y el voto particular del magistrado Palomo del Arco. Y máxima discrepancia entre los dos textos, en todos los elementos relevantes. Como indica el voto particular, se trata de dos visiones “radicalmente divergentes”, “absolutamente incompatibles”.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sentará en el banquillo de los acusados por un delito de revelación de secretos. Hablamos de una situación insólita tras una instrucción discutible que invita a pensar en un proceso que obedece a razones metajurídicas. Baste recordar aquí la rareza que representa la investigación judicial de una filtración periodística; un registro a todas luces desproporcionado en la sede de la Fiscalía con interceptación de todos los dispositivos electrónicos del fiscal general; la obstinada posición de la acusación popular para atribuir el delito de revelación de secretos a Álvaro García Ortiz; y, finalmente, la confirmación de su procesamiento tras la desestimación del recurso que aquél planteó contra el auto dictado por el juez instructor, Ángel Hurtado.
Es como si la vida se hubiera evaporado en Villanueva de la Jara. La bandera de España ondea a media asta en una desierta plaza mayor desde el pasado domingo, cuando este pueblo de la Manchuela Conquense ―2.500 habitantes― perdió a tres de sus niños. Eran los hijos de Bogdan y Noemi: la mayor, de cuatro años, el siguiente, de dos, y el más pequeño, de apenas ocho meses. En la N-310, en el término municipal de Sisante, el coche en el que viajaban chocó brutalmente contra otro en el que viajaban cuatro adultos, dos de los cuales fallecieron. Los pequeños murieron al instante. Los padres están internados en el hospital de Villarrobledo. Y el pueblo, que estaba a punto de empezar una semana cultural como antesala de sus fiestas patronales, llora a sus niños. El luto ha sido declarado por tres días. Este martes la familia iba a emprender un viaje en coche hasta Rumania, el país en el que nacieron los padres.
Cuando Antonio Martínez se enteró de que Paul McCartney había estado de incógnito en su pueblo —Villajoyosa, Alicante—, era demasiado pequeño para que aquello le impresionara. Lo supo viendo un álbum de recortes que su hermana mayor, fan de los Beatles, iba confeccionando. Antonio no le dio mayor importancia a aquel asunto: los Beatles eran una constante en su casa porque Juana ponía su música y hablaba de ellos todo el rato. Fue años después, siendo adolescente, cuando descubrió al grupo. “Yo escuchaba a Depeche Mode, Michael Jackson, Madonna, cosas de ese momento. Y un día, revisando discos viejos, me dio por poner Revolver y Rubber Soul y terminé enganchado a ellos”.
La gallega Jennifer García solía tirar de amigos y familiares para que le cuidaran a su perra Petri cuando se iba de viaje y no podía llevársela. Hasta que en unas vacaciones nadie podía hacerle el favor. Entonces se puso a indagar y descubrió Rover, una aplicación que conecta a dueños de mascotas con cuidadores cercanos —bien para pasearlos, bien para quedárselos unos días—. “Entras en cada perfil y puedes ver todos los detalles: qué tipo de casa tiene la persona, si hay más perros, si habrá niños. Si tú tienes bien descritas las necesidades de tu animal, es muy fácil encontrar a alguien con quien dejarlo”, dice García, de 39 años. Como ella, cada vez más personas usan este tipo de apps en fines de semana y vacaciones, e incluso hay páginas que ofrecen hospedaje gratis a cambio de cuidar mascotas.
Las prácticas de los grandes tenedores de vivienda ya se asemejan al modus operandi que usan los fondos buitre para vaciar edificios enteros, según denuncian inquilinos de tres bloques de pisos de tres zonas distintas de Madrid que tienen algo en común: son propiedad de la misma familia de rentistas, los Campos Cebrián González-Ruano, que tienen otros cinco inmuebles enteros en la capital. Los vecinos no se conocen entre sí, al menos hasta ahora. Unos viven en la calle de General Lacy 22 (Arganzuela), otros en Modesto Lafuente 8 (Chamberí) y, otros, en Mesón de Paredes 88 (Lavapiés), pero todos tienen algo en común: una misma familia propietaria de los tres edificios y todos coinciden en cómo ha sido el proceder de la propiedad para echarlos de sus casas: burofaxes de fin de contrato, hostigamiento, cambio de suministros sin avisar, desperfectos y humedades que no se arreglan y presencia de mediadores para empujarlos a la casilla de salida, es decir, “puro acoso inmobiliario”.
El caso Juana Rivas ha entrado en una nueva fase en Italia, tras la entrega del hijo menor de la pareja, Daniel, de 11 años, a su padre el pasado 25 de julio. Este trámite puso fin al último conflicto entre sus padres, cuando Juana Rivas decidió no enviar al niño de vuelta a Cerdeña después de las vacaciones de Navidad. Finalmente, un tribunal del Granada ordenó que fuera entregado a su padre, Francesco Arcuri, que ha regresado con el chico a su país. Pero en Italia, donde, a diferencia de España, el caso apenas existe mediáticamente, tiene aún dos frentes judiciales abiertos: un juicio penal al padre por malos tratos a sus dos hijos y, en la vía civil, el recurso de Rivas contra la decisión de asignar la custodia de Daniel a su exmarido. Es decir, no está cerrado y aún va para largo, según confirman fuentes judiciales y se deduce de la documentación de los procesos abiertos en Italia, a los que ha tenido acceso EL PAÍS.
