El Partido Popular ha traspasado una línea roja al asumir en sus pactos con Vox en Extremadura y Aragón la prioridad nacional, que conduce a la discriminación entre nativos y extranjeros en el acceso al Estado del Bienestar. Aunque no está claro el alcance práctico de estos acuerdos autonómicos con la extrema derecha, y aunque el principio discriminatorio podría chocar con los tribunales españoles y europeos, aceptar el marco conceptual xenófobo como ha hecho el PP abre un camino peligroso para un partido que aspira a gobernar España. Cuando el futuro vicepresidente de un Gobierno regional, como el extremeño Óscar Fernández Calle, apela a eslóganes como “los españoles primero”, deberían sonar las alarmas en cualquier partido democrático.
Fue al acabar la charla en aquel instituto público cuando entendí mi error. Había estado hablando con un centenar de adolescentes acerca del eje que articula nuestra memoria colectiva: la guerra que trituró a jóvenes imberbes, la posguerra de paredón al alba, la dictadura de represión y censura, una transición cosida con el hilo del olvido y un presente donde los nietos tienen que seguir luchando al pie de las fosas para recuperar a sus familiares.
Hay que reconocerle al tecnocapitalismo un flujo constante de consejeros delegados muy entretenido. Últimamente se han destapado dos de ellos y conocimos a un tercero, y no se me ocurren personajes más dispares.
En la Praga comunista, a mi padre le detuvieron en repetidas ocasiones, le encarcelaron y le torturaron por su actividad disidente. Mi madre sufría y en sus intentos de detener aquella dinámica hacía pequeños gestos para apaciguar las autoridades. Sus concesiones consistían, por ejemplo, en que, como la mayoría de la gente, durante las fiestas comunistas —el aniversario de la Revolución de Octubre, el Día del Trabajo y otras—, en las ventanas de nuestro piso de Praga colocaba pequeñas banderas checoslovacas y soviéticas para que ondeasen juntas, aunque hacerlo no era estrictamente obligatorio, pero sí bien visto por el régimen.
El youtuber estadounidense Ramsey Khalid Ismael, conocido como Johnny Somali, irá a la cárcel. Así lo ha dictaminado un tribunal de Seúl, que señala los “actos ofensivos” del creador de contenido. Somali, de 25 años, empezó haciendo vídeos de viajes, como tantos otros influencers, pero dada la nula repercusión de su contenido pronto se pasó al lado oscuro: comenzó en directo a romper cosas en tiendas, a acosar a personas en la calle, a realizar bromas agresivas en espacios públicos, algo mucho más lucrativo en términos de audiencia. No es fácil encontrar su material porque las diferentes plataformas (YouTube, Twitch, Instagram…) le han ido vetando, pero baste decir que su contenido es muy desagradable. Es, como el reciente Clavicular, como Jack Doherty, como Vitaly Zdorovetskiy o como el patrio Borja Escalona, otro de tantos creadores de contenido tocapelotas que se mueven entre la ofensa y el clip viral.
He llegado a la conclusión de que tener hijos es para ricos. Me explico. Acaban de operar a mi hijo por una rotura de húmero, tenemos cinco días de permiso, y a correr. Si queremos cuidarlo más tiempo existe la opción de acogernos al nuevo permiso parental no retribuido. ¿A eso le llaman ayuda? Tras ser madre tuve que pedir excedencia con cada uno de mis dos hijos, sin cobrar. Cuando me incorporé a trabajar, me vi obligada a dejar a los niños en una guardería de pago: en la pública no nos aceptaban porque ambos trabajamos. Es decir, se subvenciona el cuidado a aquellos que no trabajan y por tanto podrían quedarse al cuidado de sus niños. Cuando llega el verano no tenemos otro remedio que meterlos en un campus de verano durante mes y medio —tenemos 23 días anuales de vacaciones como casi todo hijo de vecino—, embolsando 1.600 euros, porque los campus más económicos no cubren nuestro horario laboral. Para colmo, cuando se debate la búsqueda de soluciones y que el periodo vacacional no sea tan extenso, tenemos que escuchar comentarios de maestros que dicen que usamos el colegio como un aparcamiento de niños. No me extraña que en los hogares ya haya más mascotas que prole.
Falta poco más de un mes para que la Comunidad de Madrid sea sede por segunda vez en su historia de una Copa del Mundo de escalada con dos pruebas, búlder y velocidad. Pero el hito podría verse empañado por la participación de la selección de Israel en la competición, que tendrá lugar en Alcobendas: más de 120 organizaciones y colectivos deportivos de toda España se han unido para exigir el veto de ese país en el evento porque entienden que es un intento más de “blanquear” a través del deporte el genocidio que comete el Gobierno de Benjamín Netanyahu contra la población de Palestina. Las asociaciones ya han tratado “por todos los medios” llegar a un entendimiento con las partes involucradas en la organización del evento, nacionales e internacionales, pero no descartan que próximamente Madrid viva algo parecido al boicot de la etapa final de La Vuelta en 2025.
En 2021, la murciana Miriam González, de 35 años, fue al médico por el sangrado de una mama. Le dijeron que tranquila, que todo era normal. Pero en 2024 le diagnosticaron cáncer de mama y, poco después, comprobó que era metastásico en estadio cuatro. “Al principio pensé que el diagnóstico era una sentencia inmediata, que me quedaban días o semanas”, explica González en un intercambio de mensajes con EL PAÍS. Pero no fue así, tenía algo de margen: “Empecé a oír cronicidad y calidad de vida, y vi que el panorama hoy es distinto. Esa transición mental, del ‘me muero ya’ al ‘voy a convivir con esto’, fue dura y necesitaba entender en qué terreno me movía”, explica.
Jess Michaels, superviviente de agresiones sexuales de Jeffrey Epstein desde 1991 hacía hincapié en ese año la semana pasada, durante una intervención en el festival de periodismo internacional de Perugia. “Esto llevaba pasando mucho más tiempo de lo que se habla en la prensa”, explicó Michaels. “Durante 30 años pensé que yo era la única persona a la que había violado y que era mi culpa”. Ella, como otras supervivientes, pide que no se deje de hablar ni de escribir sobre la violencia de género. Además, reclama que se haga desde la perspectiva de las mujeres, que se las escuche y que se explique hay un sistema de desigualdad que permite que estos crímenes sucedan.
