Castilla y León repartió 31 escaños en las elecciones generales de 2023. El PP logró 18 de esos escaños con un 42% de los votos y el PSOE 12 con 32%, pero Vox se quedó con solo un asiento, aunque le votó el 14% de la región. El partido de ultraderecha fue el perjudicado por el sistema electoral, pero eso podría cambiar.
Cuando S.A.S., nacional francesa musulmana, presentó su demanda contra Francia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque la ley de 11 de octubre de 2010 le impedía llevar el velo integral en público, manifestó que lo usaba de acuerdo con su fe religiosa, que ni su marido ni ningún otro miembro de su familia la presionaban para vestir de esta manera y que lo llevaba el niqab en público y en privado, pero no sistemáticamente. En determinadas ocasiones (por ejemplo, en Ramadán) lo llevaba en público como expresión de su fe religiosa. Su intención no era molestar a nadie. Al verse obligada a quitárselo al salir y llevarlo en casa “como si fuera una prisionera”, la había abocado a adoptar una “personalidad de Jekyll y Hyde”. La prohibición francesa sustituía su elección personal por una abstracción paternalista de lo que sería “bueno para ella”. Cualquier mirada feminista coherente con los derechos humanos criticaría medidas legislativas que pretenden uniformar la apariencia de las mujeres y negarles su autonomía. El objetivo sería, por el contrario, garantizar la capacidad real de cualquier mujer de elegir llevar velo o quitárselo, sin miedo a sanción estatal y a la estigmatización social.
Qué incómoda extrañeza ha desprendido la última gala de los Oscar. El mundo en llamas por capricho de su presidente y ellos haciendo bromas sobre la que había liado Timotheé Chalamet con el ballet. No se trataba de montar una asamblea política, pero la ignorancia deliberada de Hollywood a las consecuencias de las acciones de su país ha llegado a niveles tan escandalosos como para que tuvieran que ser los extranjeros de la fiesta los que señalaran, tímidamente, el elefante en la habitación. Fueron los aliens, por adoptar la jerga legal y deshumanizadora que ha popularizado Donald Trump sobre los migrantes, los que evidenciaron la marcianada de ignorar el dolor de los demás. “No a la guerra y Palestina Libre”, verbalizó escuetamente Javier Bardem al entregar el Oscar a Valor sentimental como mejor película internacional. “Todos los adultos son responsables de todos los niños. No votemos a políticos que no se lo tomen muy en serio”, dijo el director noruego de la película premiada, Joachim Trier, parafraseando a James Baldwin, uno de los autores que mejor ha explorado la estrecha relación entre el racismo y la homofobia de su país. Se podría decir que esos fueron los dos ¿grandes? alegatos políticos de una fiesta empeñada en rascarse la espalda, ajena a lo que estaba sucediendo fuera.
El comisario José Ángel González, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional hasta su dimisión el pasado 17 de febrero, está citado a declarar a partir de las 10.30 de este martes ante el magistrado David Maman Benchimol por un supuesto delito de agresión sexual. En enero, el juez admitió a trámite una querella presentada contra él por una agente del Cuerpo, que lo acusa de violarla en abril de 2025 y tratar de comprar posteriormente su silencio con ayuda de su número dos, Óscar San Juan —apartado de sus responsabilidades por el Ministerio del Interior—.
En julio, las denuncias de acoso sexual y abuso de poder de dos trabajadoras de La Moncloa destronaron a quien iba ser la persona de confianza del presidente Pedro Sánchez en la sede federal del PSOE, Paco Salazar. Pese a negar taxativamente los hechos, el dirigente dimitió como secretario general de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno y solicitó su baja en el partido. La polémica consecuente ilumina un problema estructural muchas veces oculto. Desde 2018, los ministerios, organizaciones y empresas que forman la Administración general del Estado han visto cómo se activaban sus mecanismos internos contra el acoso sexual o por razón de sexo en al menos 516 ocasiones, según datos a los que accedió EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. De ellos, 115 casos fueron estimados. Es decir, las administraciones tomaron decisiones contra los infractores en un 22% de las ocasiones, aunque hay casos que siguen abiertos, o no se detalla qué ha ocurrido finalmente con ellos por confidencialidad, o porque han acabado en los tribunales. Esos datos, por tanto, apenas representan la punta del iceberg.
El juez Santiago Pedraz, a cargo del caso hidrocarburos en la Audiencia Nacional, no cree que la licencia que el Gobierno otorgó a una de las empresas vinculadas a una trama de fraude de fuel tenga ningún vínculo con la supuesta entrega de dinero en efectivo en la sede de Ferraz en octubre de 2020. El magistrado, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, ha rechazado llamar a declarar a ocho nuevos testigos en esta investigación que indaga en un fraude de 231 millones de euros a Hacienda, y ha denegado la identificación de las personas que trabajaban en la segunda planta de la sede del PSOE donde la empresaria imputada Carmen Pano asegura que dejó 90.000 euros.
Cuatro normas básicas: sonrisa amable, nada de mentir, empezar por las plantas de arriba ―los estudios indican que tienden a abrir más― y, ante todo, no enzarzarse en discusiones. Una treintena de personas escucha las instrucciones. Alguna toma notas, otros se miran y asienten. Hay nervios, van a hacer algo que no siempre es bienvenido y suele irritar. Son militantes, concejales y diputados de Más Madrid de diferentes zonas de la ciudad y se han reunido un sábado a las diez de la mañana frente al parque de Peñuelas, en el distrito de Arganzuela, para pasar las próximas tres horas tocando timbres y preguntando a los vecinos qué harían si fuesen alcaldes. Es lo que se conoce en inglés como canvassing, una práctica muy popular en Estados Unidos ―fue una de las grandes bazas del demócrata Zohran Mamdani para hacerse con la alcaldía de Nueva York―, Reino Unido y en las últimas campañas de partidos de izquierdas en Portugal o Alemania. Ahora es también la apuesta estrella de la oposición madrileña para afianzar voto progresista y, sobre todo, activar a quienes no acudieron a las urnas en las elecciones de 2023. EL PAÍS sigue a cuatro de estos voluntarios durante el segundo puerta a puerta organizado por el partido en la capital.
Los horarios de negociación de las Bolsas han cambiado radicalmente a lo largo de los siglos. En sus orígenes, la Bolsa de Ámsterdam, fundada en 1602, operaba sin horarios formales, en espacios al aire libre o en cafeterías. Con el paso del tiempo, el aumento del volumen de operaciones, la creciente integración global y el desarrollo de los sistemas tecnológicos llevaron a una progresiva formalización de los mercados. Así surgieron horarios de negociación fijos, pensados para aportar orden y transparencia, y para alinearse con los ritmos del sistema bancario. Pero la disrupción del mercado de criptoactivos, que nunca cierra, ha llevado a varios mercados a plantearse horarios extendidos o, incluso, a negociar las 24 horas al día.
Las principales Bolsas de EE UU no solo se plantean extender el horario de su operativa sino también buscan ofrecer valores y fondos tokenizados las 24 horas del día, los siete días de la semana: Nyse está desarrollando una plataforma basada en blockchain, que permitirá la “liquidación instantánea, órdenes en dólares y financiación en stablecoins”. Nasdaq está trabajando con Kraken para permitir que las acciones se negocien en sus mercados y se liquiden en forma de token a través de la infraestructura de Depository Trust & Clearing Corp (que es la principal cámara de compensación y liquidación de valores del mundo), para dar a las empresas que cotizan en Bolsa mayor control sobre sus acciones tokenizadas. De esta forma, entran en un mercado dominado por empresas cripto: firmas como eToro, Gemini, Kraken ya ofrecen títulos tokenizados de compañías estadounidenses y permiten a los inversores operar las 24 horas (no están disponibles para inversores de EE UU).
Xavier Brun, profesor de finanzas de la UPF Barcelona School of Management y responsable de renta variable en Trea AM, ve con cautela estas soluciones. En particular, se pregunta si el regulador permitirá comprar a los profesionales estas acciones. “Si no, la liquidez caería en picado”, asevera. Además, apunta que estos mercados deberían ser lo más fieles posible a los tradicionales, es decir, el valor de estos tokens debería ir de la mano del de las acciones. Pero para ello se necesita liquidez. "Podrían existir divergencias en los precios de las acciones y del token que representa la acción, porque son dos productos distintos", insiste.
En junio del año pasado, Kraken anunció su servicio xStocks en Europa, permitiendo invertir desde el Viejo Continente en acciones tokenizadas de cotizadas estadounidenses como Nvidia, Novo Nordisk y Apple, entre otras, emitidas por Backed, un emisor externo con sede en Suiza. Enseguida se vio que la divergencia de precios podía suponer un problema. A principios de julio, AAPLX, un token que replica las acciones de Apple, subió hasta los 236,72 dólares, con una prima del 12% respecto al valor al que cotizaba en ese momento. Otro token que sigue a Amazon cuadruplicó el precio de cierre de la acción el día anterior. Los expertos señalan que esto ocurre porque los tokens se negocian en múltiples plataformas y con poca liquidez: por ello pueden sufrir movimientos bruscos cuando los usuarios compran o venden una elevada cantidad de estos activos.
No resulta ninguna sorpresa que este invierno en España ha sido muy húmedo. Según el balance de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con 323,2 milímetros en promedio, este ha sido el octavo periodo invernal más lluvioso desde el comienzo de la serie en 1961 y el tercero del siglo XXI. Sin embargo, las tendencias no dicen lo mismo. España es un país cada vez más árido. Y un estudio publicado en International Journal of Climatology alerta de que esto va a ir a peor.
La primera vuelta de las elecciones municipales celebrada este domingo en Francia evidencia el avance del partido de extrema derecha de Marine Le Pen, Reagrupamiento Nacional (RN), no solo a escala nacional sino también a nivel local, donde siempre le ha costado más llegar. En la primera votación la formación logró 23 alcaldías en municipios de más de 3.500 habitantes, pero lo llamativo es que por primera vez tiene opciones en ciudades grandes como Marsella, la segunda más importante del país, Niza o Toulon, las tres en la costa mediterránea.