La Comisión Europea ha dado este martes luz verde a la entrada como socio mayoritario del fondo estadounidense Apollo en el Atlético de Madrid, al concluir que no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se autoriza un nuevo contrato, por 71 millones de euros, para gestionar las llamadas pulseras antimaltrato, los dispositivos que víctimas de violencia machista —tanto de género como sexual— y sus agresores llevan cuando se dicta una orden de alejamiento. El actual contrato expira el próximo 6 de mayo y la decisión se toma después de que hace unos meses trascendieran fallos en estos aparatos. A partir de ahora, la mayoría de los dispositivos serán tobilleras, en vez de brazaletes. En palabras de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, esta decisión se toma porque son “más fiables, menos manipulables”, según han indicado los técnicos.
15 meses después de la primera sesión, el primer cargo político al que ha llamado el PP en la comisión de investigación de la tragedia de la dana en el Senado ha sido la socialista Pilar Bernabé. Ningún cargo del Gobierno de la Comunidad Valenciana ha pisado aún esta sala de madera de la tercera planta. Bernabé, de 46 años, será la candidata a la Alcaldía de Valencia para las elecciones del año que viene, pero hoy es la delegada del Gobierno de Pedro Sánchez en la región.
El Tribunal Constitucional mantiene la orden de detención contra el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y otros dos líderes independentistas fugados, en contra de lo que ellos habían reclamado al abrigo de la ley de amnistía. El tribunal de garantías, que ha resuelto la petición de Puigdemont y sus dos exconsejeros Antoni Comí y Lluís Puig con tres autos distintos, mantiene la misma posición en los tres pronunciamientos: nada justifica levantar la orden de detención vigente desde hace casi ocho años y menos cuando hacerlo supondría anticipar el fallo sobre el fondo de los recursos de amparo planteados. La suspensión solicitada produciría, además, un menoscabo del interés general, según el Tribunal.
