La primera vez que Ludovico Caracci, uno de los grandes pintores del barroco italiano, se encontró con la obra de Giovanni Francesco Barbieri, describió al autor como “un fenómeno de la naturaleza, un milagro que deja sin palabras incluso a los pintores más distinguidos”. No era cosa menor que el gran maestro de la pintura boloñesa de su época, que por entonces tenía setenta y tantos años, hablara así de un joven autodidacta de 26 que entraba en un mundo que ya conocía a Tiziano o Caravaggio, y que veía nacer a otros como Guido Reni, Rembrandt, Velázquez, Van Dyck o Ribera. Pero el naturalismo feroz de su pintura—con personajes con una gran plasticidad y gestos espontáneos—, que cautivó a Caracci y que impulsó a una luego célebre y lucrativa carrera, terminó olvidado en una segunda etapa gracias a un notable cambio de estilo que llevó al artista a crear pinturas mucho más clasicistas, con figuras más rígidas y de gestos artificiales.
El abogado Jorge Piedrafita (Huesca, 39 años) representa a la agente que ha denunciado por violación a José Ángel González, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional hasta el pasado 17 de febrero, cuando dimitió tras admitirse a trámite la querella contra él. El letrado de Adive (Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada) recibe a EL PAÍS en Huesca, donde tiene su despacho. Este martes, el juez prevé tomar declaración a la presunta víctima y a su superior.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, lleva meses repitiendo una palabra que opera como sortilegio para revalidar la mayoría absoluta que consiguió en 2023 y en la que se mantiene o se apea por poco, en función de lo que sube Vox, según los últimos sondeos. Ese término es “estabilidad”, la que le otorga poder gobernar sin depender de nadie, frente a la incertidumbre que supondría estar expuesto a las veleidades de la formación de Santiago Abascal. Moreno empezó el pasado mes de noviembre en el congreso del PP andaluz, en la que reeditó el liderazgo por aclamación, cuando reclamó “una mayoría de estabilidad”; y la estrategia de bloqueo de la extrema derecha tras las elecciones autonómicas en Extremadura y Aragón, le han permitido reforzar y reiterar esa idea, a tres meses de que se celebren los comicios en esta comunidad.
Cuatro provincias de Ecuador amanecieron este 16 de marzo bajo un toque de queda que regirá durante 15 días. La medida, que restringe la circulación entre las 23.00 y las 5.00, la ordenó el presidente, Daniel Noboa, como parte de una nueva ofensiva del Gobierno contra el crimen organizado.
Parecía que la cita iba a ser rápida y sencilla. Una transacción en la que las dos partes salían ganando. Ramón S. J. llamó a David M. para proponerle la venta de un Mercedes de su propiedad por 13.000 euros. Los dos hombres acordaron verse en la calle Lola Flores, en un polígono del distrito de San Blas, cerca del aeropuerto Madrid-Barajas. David acudió ese 17 de enero de 2024 acompañado de su tío, José Antonio V., que sería el encargado de conducir el vehículo recién adquirido. Pero ni tío ni sobrino fueron a ninguna parte ese día, sino que permanecieron secuestrados en el narcohotel ubicado frente al lugar de la cita, un complejo abandonado famoso por haber sido testigo de asesinatos, muertes accidentales y agresiones de todo tipo.
Sabe ordeñar el ganado y leer las tierras en las que vive su etnia seminómada mbororo y comparte esa sabiduría con políticos y técnicos convocados en las salas acondicionadas de las grandes cumbres internacionales. Con tan solo 12 años, la activista chadiana Hindou Oumarou Ibrahim (Gournoida, 42 años) fundó una asociación para defender a las mujeres de etnia peul y los pueblos autóctonos. Cuenta que veía cómo casaban a las niñas de su comunidad y cómo estos matrimonios marcaban su vida y se rebeló. “No quería permitir eso. Entonces comprendí que no podía hablar de derechos humanos sin hablar de derechos ambientales. Porque mi gente se muda de un lugar a otro y su vida siempre depende de que la tierra y el agua estén sanas. Ahí empieza todo”, explica en una entrevista con EL PAÍS en Ciudad de Panamá, donde participó el pasado diciembre en el comité anual de revisión de la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, por sus siglas en inglés).
Desde hace casi un cuarto de siglo, el Tribunal Penal Internacional (TPI) representa la esperanza de un mundo en el que incluso los líderes más poderosos rindan cuentas por sus actos. Actualmente, esta institución permanente se encuentra sumida en una gran crisis. En marzo de 2023, la emisión de una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, causa un gran revuelo. Un año más tarde, exigió también la detención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza. Son decisiones históricas, pero que exponen al TPI a represalias sin precedentes.
Los principales sindicatos nacionalistas vascos, ELA y LAB, con el apoyo de otras organizaciones afines, han convocado una huelga general para este martes, 17 de marzo, en el País Vasco y Navarra para reclamar que estas comunidades tengan capacidad para decidir un salario mínimo interprofesional (SMI) propio y elevarlo a 1.500 euros mensuales en 14 pagas al año. La movilización cuenta con el apoyo de 1.750 comités de empresa y algo más de un centenar de agentes sociales, según los convocantes. El llamamiento al paro general, anunciado en diciembre pasado, se produce tras la negativa de las patronales a aceptar esa subida automática y el rechazo de los parlamentos vasco y navarro a impulsar sendas iniciativas legislativas populares (ILP).