Medio millar de familias del barrio Benta Berri de San Sebastián han vivido los últimos meses bajo la amenaza de verse obligados a abandonar sus hogares. Son inquilinos que residen en viviendas de protección oficial que iban a perder esta calificación social en noviembre de 2028 y habían recibido notificaciones del propietario, la compañía inmobilaria Testa (filial del fondo de inversiones Blackstone), advirtiéndoles de que sus pisos pasaban al mercado libre desde esa fecha. Si ahora estaban pagando un alquiler de 800 a 1.000 euros mensuales, la pérdida del régimen de protección abría la puerta a encarecer muchísimo esa renta. El Gobierno vasco ha venido a rescatar a los vecinos con una operación de compra de las 510 viviendas afectadas. Es la primera vez que una Administración pública en España adquiere un paquete de pisos de estas dimensiones a un fondo de inversiones, con lo que podrá prolongar el régimen de protección de las casas.
Es una de esas escenas de los sensacionalistas programas de televisión centrados en los equipos de seguridad de los aeropuertos: la policía revisa a una pasajera con unos bultos extraños en el pecho y descubre que escondía en el sujetador nada menos que 24 huevos. Ocurrió en octubre del año pasado en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro, y el inesperado descubrimiento derivó en una operación policial que ha acabado con arrestos en las islas Canarias por tráfico ilegal de especies amenazadas.
El Ayuntamiento de A Illa de Arousa (4.809 habitantes, Pontevedra) ha acordado la compra de un edificio intervenido al narcotraficante Marcial Dorado para convertirlo en 15 viviendas de uso público. El Consistorio ha anunciado este miércoles que había cerrado un acuerdo con el Plan Nacional sobre Drogas para adquirir la propiedad por 1,3 millones, por lo que se retirará de una subasta pública que estaba prevista para el próximo noviembre. “Este edificio tuvo su origen en el dinero sucio, pero hoy empieza a convertirse en lo que siempre debió ser: un techo para nuestra gente”, ha afirmado el regidor Luis Arosa (PSdeG-PSOE) en un comunicado. “Donde el narcotráfico vio una oportunidad de negocio, nosotros vemos un hogar. Ahora habrá familias que no tendrán que abandonar su isla para desarrollar su proyecto de vida”, ha añadido.
La Junta de Castilla y León ha reformado la fiscalidad regional en el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027 y ha decidido incluir una nueva figura que recuerda al conocido como impuesto al sol. Concretamente, se trata de extender el impuesto sobre la afección medioambiental, la única figura impositiva propia vigente en la Comunidad desde la supresión del tributo sobre vertederos. La normativa amplía este gravamen —que hasta ahora recaía en exclusiva sobre centrales eólicas, embalses hidroeléctricos y líneas de alta tensión— a los grandes parques fotovoltaicos y a las redes fijas de telecomunicaciones. El Ejecutivo autonómico de PP y Vox que lidera Alfonso Fernández Mañueco justifica esta actualización sosteniendo que la trayectoria del tributo aconseja adaptarlo a la realidad actual de la región ante “actividades para las que resulta patente a la ciudadanía que están generando costes sociales y medioambientales, como son los parques fotovoltaicos”.
El voto de 160.000 españoles en las próximas elecciones generales sigue en el aire; y, en concreto, en el tejado del Tribunal Supremo que había ratificado su suspensión el 12 de octubre pasado y a donde lo ha devuelto este miércoles el Tribunal Constitucional al rechazar de plano el recurso de amparo del Defensor del Pueblo contra esa suspensión cautelar del sufragio. El pleno del tribunal de garantías, por diez votos a dos, ha inadmitido el recurso del Defensor del Pueblo que pedía restablecer el derecho al voto de los 160.000 nacionalizados a quienes el Tribunal Supremo se lo había retirado el día de la Hispanidad.