Cuando nos preparamos para hacer un viaje durante la época estival, además de una buena nevera portátil, una mesa plegable o un carro portasillas, es fundamental equiparnos con todo lo necesario para no tener contratiempos en la carretera.
A Francisco Alejandro Leyva Aguilar lo mataron mientras comía. Lo asesinaron cuando estaba de espaldas a la calle. Le dispararon directamente a la cabeza y él ni siquiera pudo ver a sus agresores; quizás tampoco los escuchó acercarse. Leyva Aguilar se ha convertido, a sus 60 años, con una larga trayectoria profesional en medios de comunicación de Oaxaca caracterizada por sus feroces críticas a los gobiernos de Morena, en el séptimo periodista asesinado en México solo en este año. Como en todos los otros casos, las autoridades han asegurado que el caso de Leyva “se investigaría”. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum, en una breve y repetitiva respuesta, ha asegurado que ha instruido a su gabinete para que atienda el asunto. Sin embargo, los siete casos conservan algo en común: la impunidad. “No hablamos solo del número de periodistas asesinados, sino de un contexto en el que persisten las amenazas, los ataques físicos, las desapariciones, las campañas de estigmatización y todo esto amparado por una impunidad que sigue enviando el mensaje de que agredir a la prensa no tiene consecuencias”, expone Mariana Suárez, coordinadora de protección de Artículo 19 en México y Centroamérica.
Una multa de 890 millones de euros parece poca cosa cuando se repasa el historial de sanciones que acumula Google, la empresa del archiconocido buscador digital. El historial arrancó en 2017 con una sanción cercana a los 2.500 millones y con los años fue creciendo. Después hubo tres más. Son cinco en total. La suma de todas supera de largo los 10.000 millones de euros, lo que la convierte en la empresa con las sanciones más elevadas recibidas hasta ahora. Hay una excepción con Apple, que tuvo que devolver 14.000 millones en impuestos por ayudas fiscales ilegales, aunque técnicamente no era una sanción. Pero todavía es pronto para aventurar una cifra definitiva, porque los jueces no han dicho la última palabra. Y que el último castigo, anunciado esta semana, sea el más bajo no ha servido para calmar a la Administración de Donald Trump. Al contrario. El presidente anunció este viernes nuevos aranceles a la UE por la imposición de esa multa.
Casi todo en la economía mundial va al revés de los pronósticos más lúgubres lanzados al inicio de la agresión bélica a Irán, el pasado marzo. La acusada recesión, el disparo de la inflación, el retorno al estancamiento con inflación, esa temida estanflación entronizada por las crisis petroleras de los setenta… eran los augurios dominantes de expertos y organismos. Casi siempre con una prudencial coletilla, demasiado obvia: si la guerra dura mucho, será peor. Y si llegábamos a junio/julio con hostilidades, sería la catástrofe.
La Administración de Donald Trump ha activado una nueva fase en su política proteccionista que amenaza con encarecer las exportaciones españolas a Estados Unidos, sobre todo en algunos sectores industriales. Washington ha recurrido a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para reconstruir su política arancelaria después de que el Tribunal Supremo estadounidense invalidara meses atrás el mecanismo utilizado hasta entonces. Justifica la nueva vía bajo el paraguas de una investigación sobre la lucha contra el trabajo forzoso en las cadenas de suministro de 60 economías y fija gravámenes de entre el 10% y el 12,5%. Para los exportadores españoles, la medida vuelve a introducir inquietud en un mercado que hasta ahora aplicaba aranceles reducidos a buena parte de sus productos. De aplicarse tal como se ha anunciado, la medida amenaza con duplicar e incluso triplicar los gravámenes de exportación a Estados Unidos.
Una de tantas contradicciones de nuestro tiempo: las grandes empresas están publicando beneficios récord y, al mismo tiempo, recortando sus plantillas. Lo fácil sería concluir que ha empezado el anunciado apocalipsis laboral por la implantación de la inteligencia artificial. Pero no es así, al menos no en la mayoría de los casos: los gigantes corporativos reducen personal mientras se preparan para adoptar la IA, para estar más ligeros de equipaje ante las ingentes inversiones que necesitan. En realidad, salvo en el caso de las empresas más propiamente tecnológicas, apenas está empezando la implantación de las máquinas que dicen pensantes. La IA no se instala sola ni va a ser gratis, y alguno descubrirá que le sale más cara de lo planeado y quizás quiera recuperar a empleados de carne y hueso. Otro motivo para ajustar las plantillas es el de siempre: las compañías se sienten obligadas a exhibir disciplina en el gasto para dar satisfacción a los mercados. Del apocalipsis no hay señales por el momento: las tasas de paro están en niveles históricamente bajos en EE UU (4,2%), en la zona euro (6,2%) y en España (10,3%), como en la mayor parte del mundo desarrollado.
La extinción de los tres incendios, fusionados desde la tarde del viernes en un solo monstruo que avanza por la esquina suroeste de la región madrileña hacia el norte, se ve dificultada por un peligroso cóctel meteorológico: la conocida como regla del 30-30-30. Utilizada por bomberos, meteorólogos y expertos forestales, resume los tres factores que disparan el riesgo de que un fuego avance a ritmo de velocista y se convierta en lo que ya es este, un incendio de nivel 5 o quinta generación, es decir, que supera la capacidad de extinción: temperaturas por encima de los 30 grados, humedad relativa por debajo del 30% y rachas de viento superiores a 30 kilómetros por hora.
Bruselas presume de monumentos icónicos como el Manneken Pis o el Atomium, por no hablar de su espectacular Grand Place. Desde este verano, tiene otro referente, aunque no sea precisamente fuente de orgullo ni para una ciudad tan dada al surrealismo como la capital belga: es la “sartén más grande de Europa”, como no han tardado en bautizar los bruselenses, con su característico zwanze o humor sarcástico, a la plaza Schuman, en pleno corazón del barrio europeo.
“Madrid jugaba en una categoría inferior a la que le correspondía en Europa. Las grandes capitales europeas son París y Londres y luego hay otra división: Berlín, Milán, Ámsterdam… Madrid no estaba ahí. Entonces ha tenido la oportunidad de subir de golpe, de hacerse mayor de golpe. Eso es lo que creo que ha pasado. También ha influido mucho que las macrocifras del país van bien y dinero llama a dinero”, explica Andrés Rodríguez, sentado en el bar del vestíbulo de Forbes House, el club privado de cinco plantas, más azotea y sótano, del que es prácticamente todo: director, fundador e ideólogo. La pregunta a la que responde era: ¿qué ha tenido que pasar en Madrid para que, de repente, surjan como setas tantos clubes privados?
Los tres proyectos son distintos. Pero comparten una intuición. Madrid ya no se comporta como la ciudad abierta y relativamente igualitaria que fue durante décadas. O al menos no solo como eso. Siempre hubo clubes para la élite madrileña, pero el ocio transcurría mayoritariamente alrededor del bar, un lugar democrático y en principio abierto a cualquiera. Los nuevos clubes obedecen a la expansión de la élite y repiten su principio de exclusión. En Forbes existe un comité de admisión. En Vega, un proceso de selección. En Metrópolis las membresías se agotaron antes de abrir. Son lugares en los que es tan importante quién entra como a quién dejan fuera.
