La mayoría no llegan en una patera, sino en un avión. Y no figuran en las listas oficiales. Cientos de miles de los extranjeros que residen en España de forma irregular están condenados a hacerlo en las sombras, limpiando casas, cosechando la fruta que se come Europa y poniendo ladrillos. El Gobierno busca regularizar de manera extraordinaria, con un real decreto que apruebe el Consejo de Ministros, a todos aquellos que puedan acreditar que llevan más de cinco meses en este país desde el momento en el que lo soliciten, que no hayan llegado después del 31 de diciembre de 2025 y que no tengan antecedentes penales. El Ejecutivo calcula que puede beneficiar a medio millón de personas, aunque otros informes elevan esa estimación a unas 840.000. La mayoría procedentes de América Latina: de Colombia, Perú y Honduras.
Después del arranque de año con grandes pactos con ERC ―reforma de financiación― y PNV ―transferencias pendientes― le llegó el turno a Podemos. El sector socialista del Gobierno, con Félix Bolaños como negociador principal y contacto habitual de Podemos, entrega al partido de Ione Belarra un triunfo político importante con la regularización de hasta 500.000 inmigrantes, un asunto que viene coleando hace meses y que reclaman todos los grupos de izquierda. Podrán acogerse quienes acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales relevantes y haber permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud.
El autobús, el coche, el teletrabajo, las faltas a clase o al trabajo, los Ferrocarrils de la Generalitat, pero sobre todo, paciencia y resignación. Son las alternativas a las que han tenido que echar mano los 400.000 usuarios de Rodalies desde el pasado martes —con el trágico accidente de Gelida— en una concatenación de incidencias que hizo aflorar un servicio totalmente desfasado y deficiente. EL PAÍS ha hablado con diferentes usuarios que ejemplifican cómo se han tenido que buscar la vida para sobrevivir a este episodio negro de Rodalies.
La investigación técnica que arrojará luz sobre las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) avanza, y rápido, a la espera de que entren en laboratorio piezas clave para someterlas al microscopio. Entre ellas, la soldadura entre dos carriles, uno de 1989 en uso y otro nuevo de 2023, que falló y aparentemente motivó el descarrilamiento del tren Iryo el domingo 18. Rodeado de varias hipótesis a estas alturas de las pesquisas, el presidente de la Comisión Técnica de Investigación de Accidentes (CIAF), Iñaki Barrón, atiende a El PAÍS por teléfono y aventura que hay pocas dudas sobre el papel protagonista y trágico de esa junta metálica. Y se pregunta, sorprendido, por qué la reforma de la que fue la primera línea de alta velocidad en operación en España, la Madrid-Sevilla, no fue de mayor calado; por qué no incluyó el carril.
La mejora integral de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que comenzó a licitarse en 2021 y está terminando de ejecutarse en estos momentos con el cambio de sistema de seguridad LZB por el más moderno ERTMS nivel 2, no puso el foco en la sustitución generalizada de carriles. Y ello pese a que buena parte, aun en uso, fueran entregados por Ensidesa en 1989. La Madrid-Sevilla incluye en su kilómetro 318 el punto del trágico accidente ocurrido el pasado domingo en la localidad cordobesa de Adamuz. Un cuarteto de constructoras, Ferrovial, FCC, OHLA y Azvi ―“La flor y nata de la construcción española”, dijo el viernes el ministro de Transportes, Óscar Puente― se ocupó de la actuación central en ese tramo que atañe a la investigación del siniestro.
Cuando el pastor Sergio Amezcua se dio cuenta a principios de diciembre de que era inminente la decisión de Donald Trump de mandar a los agentes federales para lanzar una operación contra la inmigración en una ciudad (Minneapolis) y un Estado (Minnesota) en los que el porcentaje de migrantes es mucho menor que en otros, dirigidos por republicanos, le dijo a su asistente: “Tenemos que prepararnos. Habrá que ayudar a las familias, mandemos un mensaje en redes sociales”.
El viento gélido golpea al visitante en una plaza de España de Calatayud (Zaragoza, 20.000 habitantes) casi vacía. Son las 11 de la mañana del domingo y no han pasado ni 24 horas desde que el presidente de Vox, Santiago Abascal, reuniera allí a unas 500 personas en el primer sábado de la campaña aragonesa. “No se conocía a nadie”, comentan en el equipo de Jorge Pueyo, candidato de Chunta Aragonesista (CHA) y aún diputado en el Congreso. En este municipio gobernado por el PP son en su caso medio centenar las personas que asisten a la charla organizada a mediodía en el salón multiusos del Ayuntamiento. El formato admite preguntas de los asistentes:
“Cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado”. Este parte firmado por Francisco Franco ponía fin a la Guerra Civil el 1 de abril de 1939. Franco, como Generalísimo, permanecería en el poder hasta 1975 y las diferentes familias de la derecha coparían todas las capas del Estado. Eran los vencedores. Los perdedores, en cambio, sufrirían la represión y el exilio.
Un centenar de mujeres de toda España fueron grabadas orinando o manteniendo relaciones sexuales durante la popular romería de A Maruxaina de San Cibrao (Lugo). Las imágenes ilegales se divulgaron y vendieron en webs porno y las víctimas lo descubrieron en 2020. Su vida se fundió a negro. Llegaron las burlas, la vergüenza, la culpa, la ansiedad, la rabia. El juzgado de Viveiro recibió 87 denuncias y ahora, con el apoyo de la Fiscalía, pretende archivar la causa sin un solo culpable. La instructora alega que ha llegado a un callejón sin salida por la opacidad de las plataformas de Internet que se lucraron con los vídeos y la falta de colaboración de Estados Unidos. Pero las afectadas, que han realizado sus propias pesquisas, sostienen que la justicia se está rindiendo sin haber tirado de todos los hilos que podrían llevar a los autores del delito, una banda que según sus indagaciones ha actuado en fiestas de Lugo y Asturias.
El sexismo de los Servicios de Inmigración estadounidenses ha quedado al descubierto de la forma más sonora. El agente del ICE Jonathan Ross, durante una protesta por los derechos de los inmigrantes en Minneapolis, no solo mató de tres disparos a Renee Good, de 37 años, sino que además la llamó fucking bitch (puta zorra), según el análisis de una grabación que ha llevado a cabo The New York Times.