La regularización generalizada de inmigrantes aprobada este martes por el Gobierno en primera instancia supone sacar de la clandestinidad, la marginalidad y la explotación a cientos de miles de personas que cada día asumían las mismas obligaciones que cualquier ciudadano legal en España, pero sin los mismos derechos. Incorporar a esas personas a una vida cívica plena, a la estructura económica y fiscal del país, es un acto de justicia cuya necesidad se había hecho evidente hace años. La decisión, pactada entre el Gobierno y Podemos, supera por fin el bloqueo provocado por el cortoplacismo político y la contaminación xenófoba del debate en torno a la inmigración.
La tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), que ha dejado 45 fallecidos, se produce en un contexto de frustración ciudadana ante la degradación del servicio de alta velocidad. La red ferroviaria que, desde que se inauguró el primer AVE en 1992, ha sido un referente de modernidad y calidad en la alta velocidad europea está ahora en el punto de mira. Tras la liberalización del sector, en 2020, impuesta por una normativa europea de obligado cumplimiento, el aumento del tráfico ferroviario y el estrés de las estructuras que lo soportan generan una comprensible inquietud en los usuarios. ¿Está justificada?
Cuando se escriba la historia del segundo cuarto del siglo XXI, la edición del Foro Económico de Davos de 2026 se recordará como la de la ruptura. La ruptura de la confianza de la relación transatlántica, el quiebro de un orden multilateral global basado en reglas, el fin de la ilusión de la hegemonía estadounidense.
Si yo fuera uno de los beneficiarios de la regularización masiva, me la traerían al fresco las componendas, triquiñuelas, cálculos, atajos, jueguecillos y tocomochos que han sido necesarios para su aprobación. Tampoco me importaría ni un bledo quién se atribuye el mérito ni qué motivos reales esconde. Solo celebraría que mi vida insegura, sometida al miedo constante a la deportación, a la provisionalidad perenne y a la marginación, iba a mejorar un poco. O un mucho, según los casos. No me arreglaría la vida, por supuesto. Seguiría siendo complicada y áspera, pero con unos papeles que amortiguarán lo más grosero de la intemperie.
Se da la circunstancia de que estuve allí. El 28 de mayo de 2003, en la base aérea de Torrejón, durante el funeral de Estado por los 62 soldados muertos en el accidente del Yak 42; y también un año después, el 17 de mayo de 2004, en Estambul, cuando los familiares de 30 de aquellos militares tuvieron que viajar a Turquía para hacerse pruebas de ADN. ¿Qué sucedió entonces y por qué lo recuerdo ahora? La razón es un tuit de 30 segundos, multiplicado hasta el infinito por las redes sociales, de la comparecencia que ofreció el lunes el vicesecretario del PP Juan Bravo, un hombre de 51 años, de profesión inspector de Hacienda, exconsejero del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla y un político que —según informaciones de este propio periódico— es “moderado en las formas”. Pues bien, Bravo El Moderado se subió al atril de la calle Génova y leyó un papel en el que, entre otras cosas, había escrito lo siguiente:
Óscar Mulero (Madrid, 55 años) es una de las grandes referencias de la música electrónica mundial, y por ello ha sido distinguido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, que otorga el Ministerio de Cultura. Comenzó en el underground, en 1989, y ahora le premian entre personajes variopintos, de Christina Rosenvinge a Karina, de Suso33 a María del Monte, de Los Chichos a Manuel Vicent.
Andrés W. (32 años) tiene en su casa una especie de museo de viejos teléfonos móviles. La mayoría son poco convencionales. Modelos y marcas que dejan rastro de sus múltiples intentos por frenar la dependencia del propio aparato y de determinadas aplicaciones. “Es como una adicción. Fui probando límites de tiempo, dejando el móvil fuera de la habitación, pero todo se me hacía muy difícil”, cuenta. Desde 2019 se reconoce inmerso en un largo proceso de desintoxicación digital, con idas y venidas, que incluyó usar un teléfono de apenas siete centímetros con el que solo podía hacer llamadas. Su caso ejemplifica un problema que no deja de crecer entre los jóvenes.
La investigación del accidente que en 2024 costó la vida a Iván Castaño, de 32 años, cuando iba de pasajero en la atracción del Saltamontes y uno de los brazos del aparato se partió, ha dado un nuevo paso y amplía el foco judicial hacia el Ayuntamiento de Vigo. La jueza encargada de la instrucción ha citado a declarar como investigada para aclarar su posible responsabilidad en el caso a la concejala de Seguridad del Ayuntamiento, Patricia Rodríguez Calviño. Además, la magistrada ha requerido que comparezcan como imputados el jefe de Área de Seguridad y Movilidad de la Policía Local, Antonio Vivero, y el perito encargado de la revisión anual de la atracción, Antonio López Álvarez.
En el Instituto público Juan Bautista Monegro de Torrejón de Ardoz (Madrid) hay percheros, pero están vacíos. Los alumnos no se quitan el abrigo al llegar a clase. Al contrario, muchos se ponen la bufanda, los guantes y, en alguna ocasión, hasta una manta. Las camisetas térmicas y las medias bajo el pantalón ya las traen de casa. El sistema de aerotermia falla desde principios de curso, y este año aseguran que ha dejado de funcionar por completo, justo cuando más lo necesitan. Cinco borrascas han pasado por la capital en lo que va de 2026, y el frío busca también su sitio entre los pupitres. “Muchos días nos congelamos”, dice la alumna del cuarto curso de educación secundaria obligatoria, Laura Valdovinos, con voz constipada.
