“No sé si ha merecido la pena”, dijo Sonsoles Ónega a sus colaboradores, que le hicieron una entrevista en su programa. Le preguntaban por sus arrepentimientos, y ella habló de seguir trabajando a tope cuando fue madre, perdiéndose la infancia de sus hijos. No dijo que se arrepentía, dijo algo mucho más interesante: “No sé si ha merecido la pena”.
A la industria que impulsa la inteligencia artificial (IA) cada vez le resulta más complicado proyectar una cara amable. El relato oficial que promueven las empresas que lideran esta tecnología es que ha llegado para mejorar el mundo. Prometen que aumentará las capacidades humanas, nos permitirá trabajar menos, facilitará tareas hasta ahora tediosas, revolucionará la ciencia, curará enfermedades, incluso resolverá la crisis climática. Pero esta semana, varios acontecimientos han aportado una buena dosis de realidad. El Banco Central Europeo ha ordenado a la banca reforzar su ciberseguridad porque teme que el último modelo de Anthropic, que ha demostrado ser especialmente bueno detectando fallos de software, pueda causar estragos en el sector, dejando desnudas las cuentas de millones de personas. En Estados Unidos, Google rompió el martes su política antibelicista y firmó un acuerdo con el Pentágono para cederle sus modelos, que podrán ser usados para asuntos clasificados. El viernes, el Departamento de Guerra anunció que ese acuerdo se extendía a xAI, OpenAI, Amazon, Microsoft o Nvidia, entre otras. Todo eso mientras se celebra el crucial juicio sobre OpenAI, la desarrolladora de ChatGPT, por el que desfilarán durante el próximo mes muchos tecnomagnates —ya lo hizo Elon Musk— y que está dejando al descubierto la lucha de poder que subyace a sus proclamas para salvar el mundo con la IA.
El juicio del siglo en tecnología enfrenta a Elon Musk y Sam Altman ante los tribunales de California en una disputa que lo tiene todo: dinero, traición, egos y el futuro de la tecnología más disruptiva de nuestros tiempos, la inteligencia artificial (IA). Sus nombres llenan portadas y sus declaraciones se viralizan en segundos; entre otras cosas, porque son dos personajes muy peculiares. Pero la historia real de quién maneja la IA no está en ese juzgado ni solo en esos dos hombres. Está en las salas de reuniones de Abu Dabi, en las oficinas discretas de un fondo en Hangzhou y en los centros de datos que se levantan en el desierto de Texas. Hay muchas más, pero estas nueve personas están decidiendo, lejos de conferencias de prensa y peleas en redes sociales, cómo se construirá, financiará y gobernará la tecnología que lo cambiará todo. Estos son sus perfiles.
Esa sesentena larga de trabajadores, la mayoría periodistas, que se reunieron para celebrar el primer medio siglo de EL PAÍS, casi todos jubilados, muchos ya sin pelo o blanco el que les queda, fueron los que iniciaron aquella incierta aventura y los que proporcionaron “alma” al periódico, un alma que tantos han querido seguir. Entonces, la Redacción estaba a la izquierda ideológica de la dirección y de la propiedad. Bastantes de esos redactores no eran demócratas a no ser que al concepto de democracia se le añadiera algún apellido, por ejemplo el de popular (“democracia popular”). Y coqueteaban con el titular de aquel librito de Daniel Cohn-Bendit, uno de los héroes de Mayo del 68, “la revolución y nosotros, que la quisimos tanto”. Luego llovió mucho, cayeron el muro de Berlín y las Torres Gemelas de Nueva York, y casi todos sustituyeron la revolución por otra noción aparentemente más modesta: “La democracia y nosotros, que la quisimos tanto”.
Ibrahim Badr corre, ajeno a la miseria y la incertidumbre que le rodean, entre las tiendas de campaña de familias desplazadas instaladas en un patio de la Universidad islámica de Ciudad de Gaza. Tiene dos años y medio y un inconfundible acento egipcio que delata que aprendió a hablar en el país vecino, lejos de toda su familia y de Gaza.
“Este no es el final, sino el principio”, decía la ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez (Bogotá, 43 años), en el plenario de cierre de la conferencia sobre la transición para dejar atrás los combustibles fósiles que se ha celebrado esta semana en la ciudad caribeña de Santa Marta. No ha sido una cumbre del clima como las que convoca anualmente la ONU, ni por las formas (no se ha discutido a cara de perro ni cada palabra ni cada coma), ni por sus dimensiones (57 países representados por pequeñas delegaciones), ni por el contenido: aquí se ha tratado, mucho más abiertamente, de intercambiar fórmulas, propuestas y problemas de esa transición para abandonar los combustibles fósiles, principales responsables del calentamiento global. Hablar a las claras de eso se ha convertido en un tabú en las cumbres clásicas del clima. Por eso lo que ha ocurrido en Santa Marta ha sido diferente.
Al otro lado de la pantalla del ordenador se conecta Rosalía (Sant Esteve Sesrovires, 33 años). Volcada en los preparativos de su Lux Tour, reflexiona sobre el “privilegio” de ser la imagen del nuevo perfume Euphoria de Calvin Klein. La marca lanzó su icónica fragancia por primera vez en 2005. Entonces, Natalia Vodianova fotografiada por Steven Meisel, el gran artífice del inconfundible sello visual ‘Calvin’, fue la estrella elegida para promocionarla. Ahora Rosalía toma el relevo y lo hace a su manera: baila sensualmente en el spot, al ritmo de su tema Dios es un stalker.
Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias declaró procedente el despido de una empleada que dedicó parte de su jornada al uso privado de sus redes sociales. Para fundamentar el cese, la empresa aportó registros de actividad y publicaciones en la web de la infractora. Este no es un caso aislado. En otro litigio, el TSJ de Castilla y León validó el empleo de un software de control para motivar el cese de un teleoperador que prestaba servicios desde su domicilio. Del mismo modo, el tribunal autonómico madrileño refrendó el despido de otra teletrabajadora: la empresa, una importante aseguradora, aportó un certificado sobre tiempos de desconexión.
¿Cómo conseguir pruebas sobre la inactividad de un teletrabajador sin vulnerar su intimidad? Para Òscar Jiménez, titular del despacho Òscar Jiménez Digital Forensics, un peritaje riguroso no implica un acceso indiscriminado a la información de un dispositivo. En sala, el especialista aplica metodologías de minimización, como “búsquedas selectivas por palabras clave” vinculadas al objeto investigado. El objetivo es limitar el examen a los datos potencialmente relevantes. En un reciente juicio por despido, este tipo de análisis fue clave para que el tribunal calificara la metodología empleada por Jiménez como “respetuosa con los derechos fundamentales”. En materia de evidencia digital, “no solo importa qué información se obtiene, sino también cómo se accede a la misma”, defiende el perito.
No es una pregunta retórica. Después de hablar con varias personas, hombres y mujeres, de diferentes tendencias sexuales, ninguno supo responder para quién trabajan exactamente aquellos que se musculan hasta la hipertrofia en el gimnasio, o los que cuentan por cientos los ejercicios abdominales para sacar un six pack (o tableta de chocolate) debajo de los mínimos gramos de grasa que aún conserven en el abdomen.
Ha sido una suerte de festival de las corrupciones patrias con tres escenarios distintos y retransmisión en casi todas las plataformas. Por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han desfilado exministros, curas, chóferes profesionales y ocasionales, yupis, expresidentes, espías, aizkolaris, prostitutas, el vocalista de Taburete, policías corruptos, porteros de discoteca, empresarios y mujeres despechadas para juzgar delitos cometidos en gobiernos de CiU, PP y PSOE. Ninguno de ellos ha dado con la tecla para acabar con la mancha viscosa de la corrupción, que socava las arcas públicas y pulveriza la credibilidad de la política con delitos de hoy, de ayer y de siempre. Que los tiempos de la justicia se miden con relojes y husos horarios ajenos a lo que la razón entiende.