Es martes por la mañana en el madrileño polígono de Suanzes donde se encuentra la redacción de EL PAÍS. Danny Ocean está en el aparcamiento junto a una furgoneta negra. A su alrededor, un séquito de hombres que le seguirá allá donde vaya. El cantante estuvo la noche anterior cenando jamón con su novia, la modelo dominicana Mar Bonnelly, y hoy tiene el gesto, el habla y el andar laxo. Dice que el peor día de jet lag es siempre el tercero. Tiene poca energía para responder preguntas, elegir ropa, hacerse fotos. Es un artista internacional. Ocean se quita las gafas de sol y aparecen unos ojos oscuros, de un marrón prácticamente negro, como si el iris y la pupila estuviesen fusionados, como si fueran los ojos de un extraterrestre. “Primero, la entrevista; luego, las fotos”, dice con firmeza.
Los reclusos de la prisión de Puerto Vallarta fueron los primeros en alertar al exterior. Por medio de mensajes de audio, lo advirtieron desde el sábado 21 de febrero: algo se estaba preparando dentro del penal, “se iban a presentar sucesos de violencia”, tenían miedo y temían perder la vida, pedían ayuda. Avisaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que, asegura, notificó a su vez a las autoridades. Nada pasó. Un día después, la joya turística se despertó envuelta en humo. El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) había tomado la ciudad en represalia por el operativo del Ejército contra su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. En la prisión se aprovechó el caos y se desató el motín. Un trabajador del penal cuenta que duró casi 12 horas. El saldo: 23 reos fugados y un vigilante, Rafael Hernández, asesinado. Tres semanas después, 17 de estos presos, muchos condenados por homicidio y por desaparición forzada, siguen libres.
Algunos iluminados proclamaban a finales del siglo XX que la economía iba a crecer de forma sostenida e indefinida, sin altibajos, gracias a los aumentos de la productividad derivados de la revolución tecnológica en marcha que había traído internet a nuestros hogares. Era el fin de los ciclos económicos, decían pensadores relevantes, en línea con el fin de la historia que sentenció Fukuyama tras la caída del Muro de Berlín. El pronóstico de una economía a salvo de crisis se demostró ilusorio bien pronto. El año 2000 vivió un batacazo de los valores tecnológicos, la llamada crisis puntocom: el Nasdaq inició en marzo un desplome que se prolongó dos años y destruyó un 78% de su valor. En esos dos años ocurrieron los atentados del 11-S y se confirmó que EE UU había entrado en recesión entre marzo y noviembre de 2001. Empezó la “guerra contra el terror” de George Bush y nunca acabó, se formó el trío de las Azores para atacar Irak, el terrorismo islamista golpeó a Europa. Hay extraños paralelismos con el hoy, cuando coinciden el temor a la sobrevaloración de los valores tecnológicos y un incendio catastrófico en Oriente Próximo. Hasta vuelve a sonar el “no a la guerra”.
Este es un envío de la newsletter de Kiko Llaneras, un boletín exclusivo con datos y explicaciones de actualidad: apúntate aquí para recibirlo.
Las elecciones de este domingo en Castilla y León tendrán una lectura interna en el espacio de la ultraderecha: servirán de plebiscito sobre el liderazgo de Santiago Abascal. Y no solo porque, como en Extremadura y Aragón, el presidente de Vox haya sido el protagonista indiscutible de su campaña electoral, relegando a un segundo plano al candidato, sino también porque la campaña ha estado marcada por la purga de algunas de las figuras más conocidas del partido, como el todavía portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, o su exlíder en Murcia, José Ángel Antelo.
Al noroeste de Madrid la ciudad sufre una arritmia urbanística. En medio de un barrio de toda la vida han surgido dos rascacielos, imponentes y modernos, desde cuya azotea se divisa cómo Madrid se va apagando hacia la A-6: la Dehesa de la Villa, Pozuelo, el Valle de los Caídos, Guadarrama. Son dos edificios modernísimos, de esos en los que los ascensores no tienen botones: pulsas en una tableta de la planta baja el piso al que quieres subir y ya te llevan solos. A la parte más alta se acaba de mudar un escritor, y si su piso parece de soltero es porque la forma encaja con el fondo: el escritor que vive en él se ha quedado soltero hace poco, y sobre la ruptura de su matrimonio trata su última novela, Islandia (Destino).
La polémica se mueve en los salones exclusivos de Madrid. Estos días, en los móviles de algunas de las personalidades latinas más ricas e influyentes de Madrid, los mensajes van y vienen. Cunden la sorpresa y la indignación. El motivo no es otro que unas polémicas palabras pronunciadas por Iñigo Onieva, marido de Tamara Falcó. Recogidas por el periódico El Mundo con motivo de la apertura del club privado Vega, viene a decir que su espacio, supuesto refugio del aristócrata español de toda la vida, “no queremos que se convierta en el club de los latinoamericanos”. Es decir, Onieva prefiere que no haya tantos latinos en su club.
Lisandra Ferro, una habanera de 43 años, despertó este viernes en medio del enésimo apagón con su corazón latiendo de forma intensa. Se sentía ansiosa desde la noche anterior, cuando supo que a la mañana siguiente el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez daría una conferencia de prensa a las 7.30 de la mañana, tras varias semanas de una escasez de combustible que ha puesto en jaque a la isla y a quienes viven en ella. Quería escuchar algo que la sacara del estupor en el que llevaba todo este tiempo, con dos hijos pequeños, sometida a apagones de más de 15 horas diarias y obligada a cambiar de trabajo dos veces en un mes. Para colmo, apenas abrió los ojos, la mujer vio una notificación en su móvil que la puso más nerviosa. “Dicen que el domingo comienza la Hora cero [el fin total del combustible]. Acapara agua y alimentos imperecederos. Cuídense”, le lanzó por WhatsApp, a modo de vaticinio, una amiga desde Madrid. Así que Lisandra saltó de la cama, despertó a los niños, los alistó —pan con mayonesa y agua con azúcar de desayuno— y les dijo: “Hoy llegarán un poco más tarde a la escuela”. Y juntos se sentaron, puntuales, frente a una radio para escuchar qué tenía que decir el presidente a los cubanos, en medio de la debacle de los últimos 43 días.
Renunciar a la custodia de sus hijos, llevárselos a la otra punta de España sin consentimiento del padre e iniciar una batalla judicial o tener que abandonar la carrera judicial. Esta es la disyuntiva en la que se ha visto envuelta una jueza después de que la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya rechazado su petición de renunciar a una plaza en otra comunidad autónoma por la negativa de su exmarido a aceptar el traslado de los hijos, menores de edad y cuya custodia tiene la madre. La mujer ha recurrido la decisión ante el pleno del Consejo, donde, según fuentes del órgano, se ha abierto un debate entre los vocales que consideran que la ley no permite renunciar a una plaza ya adjudicada y los que creen que, en este caso, debe primar el interés superior de los menores, que se verían expuestos a una batalla judicial entre sus padres, y abogan por dejar sin efecto el traslado de la jueza. Si, como apuntan fuentes del Consejo consultadas, el pleno ratifica la resolución de la comisión permanente, la magistrada se verá obligada a tomar posesión de su nueva plaza porque, en caso contrario, la ley impone una consecuencia que el propio CGPJ considera “radical”: la renuncia al cargo y a la carrera judicial.
La policía investiga cómo la dirección particular de Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, fue a parar a un chat público en el que se difunden contactos de prostitución. Este un ejemplo más de como las plataformas de comunicación por internet (en este caso, Telegram) están siendo usada para acosar a mujeres, especialmente mujeres en posiciones de poder, a las que se quiere intimidar para que abandonen estos espacios. Las autoridades están actuando —ahí está la detención de dos hombres por acosar y amenazar por redes a la líder de Podemos, Ione Belarra—, pero la realidad es que, por diseño, los algoritmos de las redes sociales dan más relevancia a los contenidos que fomentan la ira en los usuarios. Sobre esa base se construye un andamiaje de monetización del odio magnificado por las plataformas tecnológicas, con efectos venenosos para el Estado democrático de derecho.