El final de la ley de amnistía en Venezuela, anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la semana pasada, ha dejado en el país un balance marcado por el alivio parcial, la polémica y la sensación de insuficiencia.
Este martes se cumple un año del apagón que dejó a la península Ibérica a oscuras. La fecha estaba marcada en rojo en los calendarios de muchos consumidores, al ser, en principio, el límite legal para reclamar daños y perjuicios. Sin embargo, la apertura de expedientes sancionadores por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra Red Eléctrica de España (REE) y varias energéticas ha introducido un nuevo debate jurídico: cuándo comienza a computar la cuenta atrás. Con independencia de esa discusión, expertos en Derecho Público y Energía consultados por este periódico advierten de que las acciones civiles estarán limitadas a aquellos consumidores que realmente puedan acreditar que el cero eléctrico les causó un perjuicio económico irreparable por parte de las compañías señaladas. Es decir, en la práctica, la batalla judicial estará protagonizada por las grandes empresas.
El canciller alemán, Friedrich Merz, parece haber perdido la paciencia. Una semana, llama la atención a miembros de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), para recordarles que debatan en privado las desavenencias con su socio de Gobierno, el Partido Socialdemócrata (SPD). La siguiente, él mismo acusa al SPD de torpedear el ansiado paquete de reformas que tiene pendiente un país aquejado de una crisis que exige cambios estructurales. Las noticias sobre las desavenencias de los dos socios se suceden casi todos los días en los principales medios alemanes.
Rebeca Grynspan (San José, Costa Rica, 70 años) aspira a ser secretaria general de la ONU, un cargo que dejará vacante António Guterres el próximo 31 de diciembre. Solo dos días después de su audiencia pública ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, aterriza en Madrid para comenzar su campaña internacional. Luego irá a Londres, París, Roma, Berlín… para mantener discretas reuniones políticas en unas y comunicar masivamente en otras, según convenga. A España ha venido a lo segundo: quiere comunicar su proyecto “primero en español”.
Neil Armstrong dio un pequeño paso, y un saltito, para pisar la Luna y plantar una bandera, y todo el mundo habla de él, y es el héroe de los niños, pero, solo unos segundos después, también bajó Buzz Aldrin del Apolo XI para saludar a los selenitas. De él se habló menos, como también rodea cierto silencio a la figura esbeltísima (1,86m, 59 kilos) de Yomif Kejelcha, que acompañó a Sabastian Sawe el domingo hasta la última milla del maratón de Londres y también, como el keniano que grabó en sus zapatillas blancas 1:59.30, llegó a la Luna de las dos horas, solo 11 segundos después.
Hay una conversación que se repite desde hace años en foros como Reddit o Forocoches. Alguien tiene ganas de hacer algo —acudir a un concierto, empezar a practicar determinado deporte o probar la comida libanesa— pero no se decide porque no tiene quien lo acompañe. Entonces cuelga un post en el que pide consejo, porque teme acabar como un usuario que fue a una fiesta donde pinchaban su música favorita y terminó agobiado. Es un mensaje real: “Me siento fuera de lugar porque estoy solo y todo el mundo está con amigos. ¿Qué hago? No quiero parecer un bicho raro o dar mala espina. Creo que todo el mundo me está mirando”.
Mariana Mazzucato es una polvorilla. La economista italo-americana (nacida en Roma hace 57 años, criada en Estados Unidos y afincada en Londres) forma parte de ese grupo de reputados académicos progresistas que ejercen una oposición desacomplejada al neoliberalismo y al trumpismo posterior a este, pero lo hace sin afectación ni solemnidad. Habla con pasión y optimismo de otra forma de hacer y ver la economía. Mazzucato, profesora de la University College of London, defiende el papel innovador del sector público y pone como ejemplo idóneo de colaboración público-privada la primera misión a la luna ideada por Kennedy, ahora tan de actualidad. Su obra escrita es vibrante y títulos como El Estado Emprendedor o Misión Economía (editados por Taurus en España) dan buena cuenta de ello. En esta entrevista, concedida en el marco de la Global Progressive Mobilisation (GPM) en Barcelona, está exultante por la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común junto al Gobierno español. Sin embargo, aborda el impacto estructural de la era Trump en la economía mundial con menos euforia.
Irene murió en la Semana Santa de 2018 con solo 24 años mientras visitaba las cuevas de la playa de As Catedrais, en Ribadeo (Lugo). A la joven de Valladolid le cayó encima una piedra de este monumento natural convertido en atracción turística. Aquel 31 de marzo se había adentrado junto a su novio en las cavidades abiertas a las visitas, rodeada de una muchedumbre de curiosos y personal de vigilancia y después de que esa misma mañana se produjeran otros dos desprendimientos que fueron ignorados. Nada de esto facilitó la depuración de responsabilidades tras la desgracia. La investigación penal fue archivada y su familia tuvo que afrontar una lucha judicial por la vía civil que ha durado ocho duros años. La Audiencia Nacional acaba de darles la razón.
“Yo soy biznieto de Carlos Arniches, y tiene un sainete que acaba de cumplir 105 años, que se llama Los caciques, que alude exactamente al trato de favor familiar, sobre todo en corporaciones locales. Y estoy aquí como víctima. Yo he denunciado ante el canal interno de una sociedad que cotiza en el Ibex”, se oye decir a una voz del público durante el acto que el pasado 9 de diciembre, aprovechando el Día Internacional contra la Corrupción, organizó y grabó en vídeo la Fundación Ortega Marañón en Madrid con el título “Integridad y protección de las personas denunciantes”. El biznieto de Arniches era una de ellas. Había denunciado un presunto caso de nepotismo en una sociedad público-privada, propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y una filial de Mapfre, la multinacional en la que trabajaba desde hacía más de 30 años como abogado. Fue suspendido fulminantemente y despedido un mes después, en febrero de 2025, pero ha acabado ganando. El juicio en el que alegaba que su despido era una represalia por la denuncia iba a celebrarse el pasado 10 de abril, pero minutos antes de que se abriera la audiencia pública, Mapfre aceptó indemnizarlo con 1.150.000 euros, según la resolución judicial a la que ha tenido acceso este diario.