Los incendios forestales que arrasan Madrid y Castilla y León siguen ardiendo sin control. En Castilla y León hay nueve fuegos activos, con tres localidades con orden de evacuación y dos confinadas en Ávila. En total, más de 8.000 habitantes desalojados y 5.000 confinados. Y en Madrid, los tres activos, que han obligado a desalojar ocho municipios y confinar tres, se han unido este mediodía en un solo frente, lo que complica las labores de extinción. Ya hay en la comunidad 50.000 evacuados o confinados. Entre las dos regiones suman 63.000 habitantes afectados y alrededor de 15.000 hectáreas calcinadas. “No descartamos que en las próximas horas tenga que crecer [esta cifra]”, apuntaba a media tarde el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Su homólogo en Castilla y León, Nicanor Sen, se mostraba preocupado por la posibilidad de que los incendios de ambas regiones se fusionen también, algo para lo que ha dicho que “queda muy poquito”.
Las autoridades judiciales de Costa Rica dieron este viernes la noticia que más esperaban en su lucha contra el crimen organizado al reportar la captura del fugitivo más buscado del país: Alejandro Arias Monge, alias Diablo, un hombre de 41 años por quien agencias de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta 500.000 dólares, al considerarlo líder de una sanguinaria organización criminal transnacional.
El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, anunció en un mensaje en sus redes sociales que denuncia el Estatuto de Roma y, por consiguiente, la salida de la Corte Penal Internacional. En el anuncio notifica al secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la decisión tomada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y sus motivaciones: “Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global”.
Giro inesperado en el caso del rescate de Plus Ultra, instruido en la Audiencia Nacional por el juez José Luis Calama y en el que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante indicios de tráfico de influencias para obtener la financiación de 53 millones de euros firmada en marzo de 2021 por la aerolínea. Los dos máximos responsables de la empresa, el presidente Julio Martínez Sola y el consejero delegado Roberto Roselli, también investigados en esta causa, han presentado la dimisión de sus respectivos cargos.
