Un día el alcalde se cansó. Se cansó de llamar al Gobierno de Aragón, de escribir al Ministerio de Cultura, de insistir ante el obispado y de organizar colectas entre los 55 vecinos de Jabaloyas para tratar de salvar su iglesia. Había reparado el reloj y hasta había comprado de su bolsillo las luces para que el maltrecho campanario se viera bonito desde cualquier punto, pero no había respuesta para los pilares fracturados y las grietas en la piedra. Así que un día de enero se cansó de tocar puertas, metió sus cosas en una bolsa y se plantó en el Vaticano para ver al Papa.
La aprobación por unanimidad de una ley de amnistía en Venezuela es un acontecimiento histórico. La Asamblea Nacional, controlada en su gran mayoría por el chavismo y nacida de unas elecciones fraudulentas, ha acordado una medida destinada a poner fin a la persecución penal de quienes estuvieron en las cárceles o en el exilio por razones políticas. El gesto, que sobre el papel permitirá liberar a cientos de presos políticos y cerrar causas judiciales por motivos de disenso y protesta, marca un punto de inflexión en un país desgarrado desde hace más de 25 años.
Se trata de compartir. Y no sólo en los despachos intelectuales o en los pasillos de la política. Se trata de compartir la existencia y las necesidades de la gente. Debemos compartir el pan, el agua, las palabras en las conversaciones, los recuerdos, las inquietudes y la esperanza con la que respondemos a las dificultades de la vida. El verbo compartir invita a que la vida sea una convivencia, el desnudo un abrazo, las soledades una búsqueda de compañía y los secretos un deseo de claridad. Compartir supone repartir, distribuir, colaborar, y supone también hacer partícipe al otro de algo que es nuestro, porque comprendemos que el yo forma parte del nosotros. Necesitamos coincidir, ayudar, comulgar. No se trata de ser homogéneos, sino de reconocer lo común, de encontrarnos en los demás.
El vídeo dura algo más de 30 segundos. Suena una melodía de piano mientras una niña rubia contempla la lluvia desde la ventana de su casa. “Mamá, ¿cuándo volverá papá?”, pregunta. La madre cocina cerca. La siguiente secuencia muestra a un grupo de soldados arrodillados en un campo anegado por la lluvia. Tienen los ojos vendados. Frente a ellos, lo que parece un oficial de un ejército enemigo pasea con una pistola en la mano. Su uniforme recuerda al del ejército alemán. Dispara. Un hombre se desploma, y cae de su mano la foto de la niña. Una voz en off sentencia: “La guerra arrasa con todo. No dejes que los demás decidan el destino de tu familia. Fidesz es la única opción segura”.
El Pacto Verde europeo, la ruta para dejar los combustibles fósiles y las emisiones de efecto invernadero, está en el punto de mira de la extrema derecha. Donald Trump lo llamó “nueva estafa verde” hace un mes en el Foro de Davos. Y la semana pasada Vox volvió a la carga con una proposición en el Congreso para su derogación. Aunque el partido se quedó solo en esa votación, en algunas comunidades la extrema derecha ha logrado el apoyo del PP para declaraciones similares. La comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall (Vilhelmsson, Suecia, 53 años), sin embargo, cree que el Pacto Verde sigue vivo y es el camino. En su visita de la semana pasada a España, esta política del Partido Conservador sueco, de centroderecha, hizo un alto para esta entrevista en la que aboga por una simplificación de la aplicación de algunas normas medioambientales. Pero no por dar marcha atrás.
M. A., directivo egipcio de 40 años, ya camina libre después de que la Audiencia Nacional haya decidido rechazar su extradición a Arabia Saudí. A. era contable del Grupo Saudí Bin Laden, una multinacional de la construcción y la gestión de activos que fundó, en 1931, el padre de Osama Bin Laden, cerebro de los atentados del 11-S en Estados Unidos. Las autoridades de Riad le acusan de haber colaborado en una operación fraudulenta que hizo perder al grupo, que cuenta con más de 100.000 empleados, el equivalente a unos 68 millones de euros. Pero la documentación remitida a España sobre el caso es muy deficiente y por esa razón el tribunal ha frustrado la entrega.
Sobre los problemas que acechan al mundo rural, las instituciones tienen una larga lista de tareas pendientes. El Gobierno vasco ha añadido una más: los perjuicios provocados por la población de las ciudades que se muda a los pueblos y que se queja de los inconvenientes de convivir con el trabajo de agricultores y ganaderos. “En muchas zonas rurales, la actividad agraria ha pasado a ser residual. Incluso molesta, y estamos empezando a tener problemas derivados de las expectativas que cada ciudadano pone cuando va a residir a la zona rural”, ha declarado Amaia Barredo, consejera de Desarrollo Rural y Agricultura del Gobierno vasco, en referencia a quienes proceden de las ciudades.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), lleva una legislatura y media insistiendo en una misma idea: la ciudad que él gobierna fue, es y será la capital mundial del deporte. Esto se ha materializado en la promoción de grandes eventos, como la Fórmula 1 o más partidos de la Liga de Fútbol Americano, la inauguración de cinco nuevos polideportivos ―todos menos uno de gestión privada― y en una cifra, anunciada la semana pasada: 410 millones de euros invertidos desde 2019. Este Madrid vibrante en lo deportivo choca con el que describen los usuarios y trabajadores de las instalaciones, y el que denuncian sindicatos y oposición. Techos que se caen, saunas que se incendian, humedades, grietas, cierres constantes, empresas de mantenimiento externalizadas centradas en reducir costes, inspecciones que no se realizan o que resultan desfavorables, ausencia de sanciones y una larga lista de desperfectos y deficiencias de mantenimiento que no para de crecer.
