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La guerra contra el crimen organizado ha acercado a Ecuador con Estados Unidos como nunca antes. Desde la llegada de Daniel Noboa al poder, ambos países han suscrito 67 compromisos bilaterales, el doble de los firmados durante los dos gobiernos anteriores, según el análisis recogido por el Observatorio Ecuatoriano de Conflictos. La seguridad concentra la mayor parte de esa relación, convertida en el eje de la estrategia oficial tras la declaratoria del conflicto armado interno en enero de 2024 y reforzada con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Esa alianza, que el Gobierno presenta como indispensable para enfrentar al narcotráfico, enfrenta ahora un escrutinio inédito tras un informe de Human Rights Watch (HRW) que plantea interrogantes sobre el papel de Estados Unidos en ataques contra una finca en la Amazonia ecuatoriana y en tres incidentes contra embarcaciones pesqueras en el Pacífico.
Las autoridades judiciales de Costa Rica dieron este viernes la noticia que más esperaban en su lucha contra el crimen organizado al reportar la captura del fugitivo más buscado del país: Alejandro Arias Monge, alias Diablo, un hombre de 41 años por quien agencias de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta 500.000 dólares, al considerarlo líder de una sanguinaria organización criminal transnacional.
El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, anunció en un mensaje en sus redes sociales que denuncia el Estatuto de Roma, lo que implica la salida del Tribunal Penal Internacional (TPI). En el anuncio notifica al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, la decisión tomada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y sus motivaciones: “Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global”.