La madre superiora abusaba sexualmente de hombres y mujeres jóvenes integrantes de la comunidad de Hijas y Hermanos del Amor Misericordioso (HAM), les imponía fórmulas de aislamiento, penitencias acompañadas de autocastigos físicos, manipulaba sus actividades, en algunos casos bajo falsas promesas, como a uno de los jóvenes a quien prometió que ese sería el camino para ser investido sacerdote en breve tiempo. Las denuncias por estos abusos han sido interpuestas ante la Diócesis de Getafe, dirigida por el obispo Ginés García Beltrán, que a su vez las ha trasladado al Papa dada la gravedad de las acusaciones. Las denuncias se dirigen hacia algunos sacerdotes y la superiora de dicha comunidad, María Milagrosa Pérez, conocida como Marimí. EL PAÍS ha tenido acceso a dos escritos que denuncian estos hechos. Por su parte, Marimí no ha contestado a las preguntas de este periódico. El Arzobispado de Madrid retiró hace nueve meses a la superiora de sus funciones y suspendió de manera temporal la entrada de nuevos seminaristas. Además, se nombró a Pilar Arroyo Carrasco comisaria extraordinaria de la asociación. Su misión, según el comunicado de la archidiócesis, es “reconducir aspectos fundamentales, tales como la estructura de gobierno, el plan de formación, la vida comunitaria y el acompañamiento espiritual, además de revisar estatutos, reglamentos y la gestión económica”. Sin embargo, las víctimas denuncian que todo sigue igual.
El Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat es el que está más pegado a las necesidades urgentes de los ciudadanos. Pero tradicionalmente ha sido el más olvidado, presupuestaria y políticamente. La consejera Mònica Martínez Bravo (Barcelona, 44 años) cambió el abstracto mundo de la academia —es doctora en Economía por el Massachusetts Institute of Technology— por esta realidad cuando el presidente Salvador Illa la fichó. En estos casi dos años, algunas deficiencias del sistema, especialmente en las prestaciones, en dependencia o en la protección a la infancia, se han hecho evidentes. La consejera lo ha abordado intentando transformar todas las estructuras.
Las borrascas de mediados de febrero y marzo, con vientos de 120 kilómetros por hora y puntas de hasta 200 en varios puntos de Cataluña, tumbaron miles de árboles. Algunas zonas, dicen sus vecinos, parecían “territorio en guerra”. Son varias las comarcas afectadas: Maresme, Montsià, Gironès o Alt y Baix Empordà, pero la peor parte se la llevó el Ripollès. Cayeron 23.500 toneladas de madera en bosques públicos, cuando al año la comarca produce unas 6.000.
A Silvia Intxaurrondo no le gusta nada el apelativo televisivo “reina de las mañanas”. Pero nada de nada. Incluso si se lo ha ganado en audiencia: “Reinar me da pereza [ríe]. Es un concepto antiguo, y hubo una que fue María Teresa Campos. Yo no soy de reinar, soy del trabajo día a día. El secreto aquí es este equipo que ha pasado por una transformación profunda. Antes miraba a los competidores y ahora compite consigo mismo”, apunta un lunes de abril ante el éxito de La hora de La 1, tras otro de estos maratones informativos de tres horas por el que se despierta cada día a las tres de la madrugada.
Corona Paula Blasi (Esplugues de Llobregat, Barcelona; 23 años) el Col de la Gallina, en la escarpada Andorra, y baja, y sube, y vuelve a bajar a lomos de la Colnago, disfrutando de uno de esas largas sesiones de entrenamiento que tanto le entusiasman antes de sentarse a leer, tocar el piano o editar vídeos, su último pasatiempo, y valorar por vídeollamada una primavera de ensueño. En su primer curso completo en el WorldTour —subió del filial al primer equipo del UAE hace justo un año—, Blasi se ha graduado con honores: victoria en la Amstel Gold Race, podio en la Flecha Valona y quinta en su primer Monumento, la Lieja-Bastoña-Lieja. Semana fantástica la suya, pese a acudir sobre la bocina por las bajas de otras compañeras. “Ha sido un boom”, admite, pura energía también tras la pantalla, donde transmite una pasión desbocada por la disciplina y por la búsqueda de los límites humanos a pocas horas de enfrentarse (desde este domingo hasta el 9 de mayo) a su primera Vuelta a España.
“No sé si ha merecido la pena”, dijo Sonsoles Ónega a sus colaboradores, que le hicieron una entrevista en su programa. Le preguntaban por sus arrepentimientos, y ella habló de seguir trabajando a tope cuando fue madre, perdiéndose la infancia de sus hijos. No dijo que se arrepentía, dijo algo mucho más interesante: “No sé si ha merecido la pena”.
A la industria que impulsa la inteligencia artificial (IA) cada vez le resulta más complicado proyectar una cara amable. El relato oficial que promueven las empresas que lideran esta tecnología es que ha llegado para mejorar el mundo. Prometen que aumentará las capacidades humanas, nos permitirá trabajar menos, facilitará tareas hasta ahora tediosas, revolucionará la ciencia, curará enfermedades, incluso resolverá la crisis climática. Pero esta semana, varios acontecimientos han aportado una buena dosis de realidad. El Banco Central Europeo ha ordenado a la banca reforzar su ciberseguridad porque teme que el último modelo de Anthropic, que ha demostrado ser especialmente bueno detectando fallos de software, pueda causar estragos en el sector, dejando desnudas las cuentas de millones de personas. En Estados Unidos, Google rompió el martes su política antibelicista y firmó un acuerdo con el Pentágono para cederle sus modelos, que podrán ser usados para asuntos clasificados. El viernes, el Departamento de Guerra anunció que ese acuerdo se extendía a xAI, OpenAI, Amazon, Microsoft o Nvidia, entre otras. Todo eso mientras se celebra el crucial juicio sobre OpenAI, la desarrolladora de ChatGPT, por el que desfilarán durante el próximo mes muchos tecnomagnates —ya lo hizo Elon Musk— y que está dejando al descubierto la lucha de poder que subyace a sus proclamas para salvar el mundo con la IA.
Ibrahim Badr corre, ajeno a la miseria y la incertidumbre que le rodean, entre las tiendas de campaña de familias desplazadas instaladas en un patio de la Universidad islámica de Ciudad de Gaza. Tiene dos años y medio y un inconfundible acento egipcio que delata que aprendió a hablar en el país vecino, lejos de toda su familia y de Gaza.
Al otro lado de la pantalla del ordenador se conecta Rosalía (Sant Esteve Sesrovires, 33 años). Volcada en los preparativos de su Lux Tour, reflexiona sobre el “privilegio” de ser la imagen del nuevo perfume Euphoria de Calvin Klein. La marca lanzó su icónica fragancia por primera vez en 2005. Entonces, Natalia Vodianova fotografiada por Steven Meisel, el gran artífice del inconfundible sello visual ‘Calvin’, fue la estrella elegida para promocionarla. Ahora Rosalía toma el relevo y lo hace a su manera: baila sensualmente en el spot, al ritmo de su tema Dios es un stalker.
Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias declaró procedente el despido de una empleada que dedicó parte de su jornada al uso privado de sus redes sociales. Para fundamentar el cese, la empresa aportó registros de actividad y publicaciones en la web de la infractora. Este no es un caso aislado. En otro litigio, el TSJ de Castilla y León validó el empleo de un software de control para motivar el cese de un teleoperador que prestaba servicios desde su domicilio. Del mismo modo, el tribunal autonómico madrileño refrendó el despido de otra teletrabajadora: la empresa, una importante aseguradora, aportó un certificado sobre tiempos de desconexión.
¿Cómo conseguir pruebas sobre la inactividad de un teletrabajador sin vulnerar su intimidad? Para Òscar Jiménez, titular del despacho Òscar Jiménez Digital Forensics, un peritaje riguroso no implica un acceso indiscriminado a la información de un dispositivo. En sala, el especialista aplica metodologías de minimización, como “búsquedas selectivas por palabras clave” vinculadas al objeto investigado. El objetivo es limitar el examen a los datos potencialmente relevantes. En un reciente juicio por despido, este tipo de análisis fue clave para que el tribunal calificara la metodología empleada por Jiménez como “respetuosa con los derechos fundamentales”. En materia de evidencia digital, “no solo importa qué información se obtiene, sino también cómo se accede a la misma”, defiende el perito.