El Gobierno calcula que las rebajas fiscales a los carburantes aprobadas este viernes para mitigar el golpe económico de la guerra en Irán supondrán un ahorro de hasta 29 céntimos el litro de gasolina 95 y de 23 en el caso del diésel. Estas cifras han sido calculadas por el Ministerio de Hacienda teniendo en cuenta los precios que tenían los combustibles este pasado jueves, 19 de marzo, cuando la gasolina 95 rondaba los 1,8 euros el litro y el gasóleo se situaba en torno a 1,9 euros.
El escándalo en la adjudicación de pisos protegidos entre altos cargos afines en Alicante al PP ha destapado lo lejos que ha llegado el proceso de privatización de las políticas de promoción de vivienda pública en algunas comunidades. En concreto, Madrid y la Comunidad Valenciana lideran un modelo que en los últimos años está suponiendo descalificaciones masivas de viviendas de protección oficial (VPO), la pérdida de suelo público y adjudicaciones directas por parte del promotor sin apenas control. El Gobierno central ha buscado blindar el parque de vivienda pública supeditando el acceso de las comunidades a recursos estatales a que las casas de nueva construcción protegidas lo sean de por vida. Sin embargo, las autonomías del PP solo están accediendo a esa condición para las promovidas por la Administración y no por los privados, pese a que estos cuenten con ayudas públicas. En Madrid y la Comunidad Valenciana, según el Ministerio de Vivienda, más del 90% de los pisos protegidos son proyectados por empresas privadas.
El paquete económico contra los efectos de la guerra de Irán es adecuado. Por ahora, un ahora que puede variar súbitamente si la guerra se agrava y alarga.
La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Tamara Ćapeta, ha avalado formalmente que los Estados miembros de la Unión Europea puedan excluir a fabricantes tecnológicos considerados de “alto riesgo” —específicamente, la compañía china Huawei— de sus infraestructuras de telecomunicaciones por motivos de seguridad nacional.
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Estados Unidos ya libra la batalla por el control del estratégico estrecho de Ormuz y para permitir el tráfico marítimo por ese paso clave para el tránsito mundial de petróleo. Un grupo de buques anfibios y una unidad expedicionaria de infantes de Marina (entre 2.200 y 2.500 soldados) va a zarpar desde California hacia la zona, mientras un contingente similar, de tres barcos anfibios y otra unidad de infantes de Marina, está a punto de llegar procedente del Pacífico. A la espera de su llegada, los aviones estadounidenses han intensificado los bombardeos de las posiciones militares en las islas y costas iraníes en la zona, para impedir que Teherán pueda responder con sus misiles.
Desde el comienzo, hace tres semanas, de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y de las acciones de represalia de la República Islámica en la región, ha habido dos ocasiones en las que el blanco aparente de los ataques ha sido un objetivo casi tabú: la infraestructura hídrica del adversario. Las instalaciones de agua potable. A diferencia de otros golpes dolorosos contra intereses militares, económicos y energéticos, en estos casos las arremetidas han estado envueltas en un cierto misterio, sin reivindicaciones públicas ni réplicas dilatadas, sino lanzadas como advertencias veladas de alto riesgo.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, los considera “compañeros de armas”, pero los diputados de Vox no apoyarán los decretos aprobados este viernes por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra contra Irán que ha desatado su socio. Lo adelantó Santiago Abascal este lunes, mucho antes de conocer su contenido: “Nosotros no vamos a colaborar con la mafia de Pedro Sánchez”, dijo. “Lo hemos hecho en ocasiones que aparentemente son más difíciles”, argumentó, recordando que fue el único partido que votó en contra de la revalorización de las pensiones y que eso no parece haber afectado a sus resultados electorales. Vox se opone a cualquier medida que venga del Gobierno, incluso si coincide con sus demandas, y reprocha al PP cuando no hace lo mismo. Ni siquiera quiso participar en la ronda de consultas que realizó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para escuchar las propuestas de la oposición antes de presentar las del Ejecutivo.
Son siete personas. Cinco de ellas, mujeres. Trabajan en el campus de la farmacéutica GSK en Tres Cantos, a media hora de Madrid. Y hasta ahora, lo hacían en laboratorios de nivel de bioseguridad 3 (BSL-3), el penúltimo escalón de peligro biológico. Ahora, cinco de las 27 salas BSL-3 que tenía la compañía en este complejo han sido reconvertidas para acoger dos salas del primer laboratorio español que trabajará al nivel máximo de bioseguridad: el BSL-4. El salto no es solo técnico. Es, en cierta medida, existencial.