Los cuerpos sin vida de un hombre de 40 años y su hija, de tres, fueron hallados anoche en una vivienda de la urbanización Los Naranjos, en Torrevieja (Alicante). La Guardia Civil halló los cadáveres en el domicilio del fallecido, al que los primeros indicios apuntan como presunto autor del crimen, después de recibir un aviso de la madre de la menor, expareja del hombre, preocupada porque no les podía localizar. Los agentes investigan las muertes como posible asesinato en el ámbito de la violencia vicaria y posterior suicidio del autor.
Una mujer ha sido asesinada a tiros esta mañana en la capital aragonesa, presuntamente a manos de su exmarido. Ha ocurrido a primera hora, poco después de las nueve de la mañana, en el popular barrio de las Fuentes de Zaragoza cuando la víctima, de 42 años, se disponía a abrir el establecimiento en el que trabajaba como peluquera. Según el testimonio de varios vecinos, su expareja ha bajado del coche que conducía y le ha descerrajado tres tiros, y al ver que todavía se movía la ha rematado en el suelo con otro disparo. Después se ha disparado a si mismo en la cabeza falleciendo poco después.
Las petroleras se enfrentan a sanciones de hasta seis millones de euros si no proporcionan la información que les exige la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el marco del nuevo paquete de ayudas para mitigar el impacto económico de la guerra en Irán. El decreto ley publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que entre otras medidas prevé una rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% y una reducción del impuesto de hidrocarburos, habilita al organismo para solicitar a “los agentes que participen en la distribución mayorista y minorista de productos petrolíferos” los datos necesarios para analizar el funcionamiento del mercado.
Siete años de silencio rompieron su vida para siempre. Corría enero de 2015 cuando esta mujer de 28 años, cuyo nombre ha sido anonimizado en la documentación consultada por EL PAÍS, acudió al centro de salud Padre Benito Menni de Ciempozuelos (26.000 habitantes, Madrid) para una citología vaginal. Detectaron hongos. Lo que nadie le comunicó es que en el análisis también se observaron unas “células escamosas atípicas de significado incierto”. En julio de ese mismo año, un segundo análisis le puso nombre al miedo: la paciente padecía el virus del papiloma humano (VPH), con genotipos de alto riesgo. Nadie la llamó. Nadie le avisó de la posibilidad de que desarrollara cáncer. Tampoco le informaron de que debía realizarse pruebas complementarias, como una colposcopia. Siete años después, aquel silencio llenó su vida de ruido.
Por el suelo del paraje natural del Hondo (Elche), en el humedal La Raja, de 141 hectáreas, asoman todavía cartuchos de cuando se abatía a las aves. La caza se prohibió hace apenas dos años, tras la compra del terreno por el Ministerio para la Transición Ecológica y por dos organizaciones conservacionistas: SEO/BirdLife y Anse. Sin escopetas apuntando, varias parejas de cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), la anátida más amenazada de Europa ―conocida como el pato triste por la mirada que le confiere el antifaz oscuro que rodea sus ojos―, nadaban este martes en las lagunas regeneradas de la Raja. A pocos metros, flamencos, moritos, malvasías o fochas también disfrutan de la paz lograda.
Son siete personas. Cinco de ellas, mujeres. Trabajan en el campus de la farmacéutica GSK en Tres Cantos, a media hora de Madrid. Y hasta ahora, lo hacían en laboratorios de nivel de bioseguridad 3 (BSL-3), el penúltimo escalón de peligro biológico. Ahora, cinco de las 27 salas BSL-3 que tenía la compañía en este complejo han sido reconvertidas para acoger dos salas del primer laboratorio español que trabajará al nivel máximo de bioseguridad: el BSL-4. El salto no es solo técnico. Es, en cierta medida, existencial.