Los contenedores amarillos admiten envases metálicos y plásticos, lo que no quiere decir que sea el sitio para un paraguas roto, aunque tenga partes metálicas y plásticas. Supone un error costoso. Este impropio, como se conoce a los residuos depositados en el cubo que no les corresponde, puede provocar un atasco en la planta de separación. Igual que si se tira al amarillo una persiana vieja, también fabricada en plástico. O un juguete inservible. Hay una premisa en el sector que conviene tener siempre presente, recuerda Javier López, gerente de la Oficina Técnica en Ecoembes: “El contenedor amarillo no es el de los plásticos, sino el de los envases de plástico, metálicos y briks, y no admite cualquier cosa”. Y establece una comparación ilustrativa: “A nadie se le ocurre meter unos zapatos de tacón en la lavadora. Con los plásticos sucede igual, no todos son envases”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado este lunes ante el Parlamento de Israel —que le ha ovacionado más que al primer ministro, Benjamín Netanyahu— su plan para Gaza no como un bebé que acaba de echar a andar, sino como un éxito consumado que abre una “era dorada” en Oriente Próximo. En su hiperbólica y frecuentemente aplaudida intervención, Trump ha definido su plan —que ha hecho posible el canje de los últimos 20 rehenes israelíes vivos por la excarcelación de cerca de 2.000 presos palestinos— como “un triunfo increíble para Israel y para el mundo” que “se recordará como el momento en que todo cambió a mejor”. “Esto no es solo el fin de una guerra, sino el fin de una era de terror y muerte y el comienzo de una era de fe, esperanza y de Dios”, ha resumido.
Rebeca Carranco
Berta Vila y Álvaro González
Berta Vila, Álvaro González y María Page
Eduardo Ortiz, Julia Jiménez, Berta Vila y Álvaro González
Maite Lizundia, Lucía González y Alicia Merino
Ana Fernández
Carlos Muñoz
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso rectifica y rebaja la pena a los estudiantes por atentar contra la libertad de expresión de un millón de euros a 300.000 euros en el borrador de la ley de educación superior (LESUC) que prepara. Por contra, se mantiene la condena de hasta 15.000 euros por poner una pancarta o la “falta de decoro institucional” y hasta 100.000 por participar en escraches o manifestarse sin autorización (en realidad no hay que pedir permiso, es un derecho fundamental garantizado en la Constitución).