El periodista franco-marroquí Ali Lmrabet permanece arrestado e incomunicado desde la tarde de este domingo, cuando aterrizó en Tánger de un vuelo procedente de Barcelona, ciudad en la que mantiene su residencia. “He podido hablar dos veces con él. Está sereno y firme en sus convicciones. Ali se considera secuestrado por el ejercicio de su profesión”, cuenta en conversación telefónica Laura Feliu Martínez, mujer de Lmrabet y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona.
El reconocimiento del genocidio armenio, un paso que acaba de dar Israel, siempre ha sido mucho más que una cuestión de memoria histórica. Los Estados no reconocen genocidios solo porque, de pronto, descubran la verdad. La verdad estaba ahí. Los supervivientes hablaron durante décadas. La diáspora armenia empujó, escribió, presionó y recordó una y otra vez. Si el respeto a las víctimas hubiera bastado, el reconocimiento habría llegado hace mucho tiempo. Lo que cambia es el momento político: el coste de incomodar a Turquía y la utilidad de convertir una memoria ajena en un mensaje diplomático propio.
Hoy se cumplen 20 años desde el lanzamiento de Twitter. En este tiempo, la plataforma ha cambiado significativamente, mucho más allá de sustituir el pajarito azul por la X blanca sobre fondo negro. Tras adquirirla en 2022 por 44.000 millones de dólares, Elon Musk relajó las normas, restableció cuentas hasta entonces censuradas por saltarse las reglas y despidió a los moderadores de contenido (junto a la mitad de la plantilla). Decidió que su trabajo lo hicieran los propios usuarios con las llamadas notas de la comunidad, que añaden contexto o matizan la falsedad de las publicaciones. Ese sistema ha demostrado ser incapaz de garantizar la circulación de contenidos veraces. Todo cabe en la jungla de X, donde circula hasta pornografía infantil. La llegada de Musk marcó el inicio de una transformación profunda que incluye el lanzamiento de un servicio de pago y que, atendiendo únicamente a las cifras de usuarios, ha funcionado.
Cuando el 9 de junio, el tribunal dejó visto para sentencia el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; el exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y otras nueve personas, la impresión entre los abogados de las defensas y las acusaciones populares era que el sentido del fallo dependía en gran medida de la valoración que los tres magistrados hicieran de dos elementos: los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sostenían que hubo irregularidades en la creación de un puesto de trabajo para el familiar de Pedro Sánchez y otro para un amigo suyo, y la treintena de testimonios que durante el juicio habían contradecido, precisamente, las conclusiones de aquellos. El fallo, conocido este martes y que condena a pena de inhabilitación a los 11 acusados, deja claro que los jueces optaron por el documento policial.
La Constitución española reconoce al poder judicial el monopolio para impartir justicia atribuyéndole la capacidad para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Esta forma de poder parece muy robusta y, en parte, lo es. Basta con apreciar la capacidad que tiene el sistema para hacer efectivas las consecuencias de sus decisiones. Con todo, las fisuras de ese poder se perciben también de manera nítida cuando lo que rodea a algunos procesos resulta difícil de entender desde el argumento jurídico. Quién impulsa la causa y contra quién o el sentido de aquellos pronunciamientos judiciales de difícil (o imposible) comprensión son solo algunos elementos que no pueden obviarse en el debate sobre la confianza en la justicia.
Una mujer despierta de una cirugía de aumento de pecho con una presión feroz sobre el tórax. No puede incorporarse. No puede levantar los brazos para recogerse el pelo, retirar el mechón que el esfuerzo ha pegado en su frente. Cada respiración parece encallarse en algo que alguien ha escondido dentro de ella mientras dormía. No puede abrazar a la amiga que ha venido a verla. Bajo la piel, dos implantes han sido depositados como en otras épocas los amuletos: con la esperanza de que algo no se pierda.
“Mete tripita”, me dijo el fotógrafo con la mejor de sus intenciones, esas que adoquinan el camino al infierno. Me negué: mi tripa soy yo. Ante mi obstinación, el fotógrafo se aplicó lo de Mahoma y la montaña y ensayó varios ángulos aberrantes hasta que encontró uno (él, medio subido a un árbol, buscando un contrapicado) en el que no se me notaba la tripa. Mira qué flaco sales, proclamó, satisfecho. Le di las gracias por la liposucción radical que acababa de hacerle a mi imagen, pero por dentro me sentí traicionado, como si me hubiesen secuestrado y despertara de una anestesia con un riñón menos.
La muerte de al menos cinco británicos en el dramático incendio de Los Gallardos (Almería) ha puesto en evidencia una realidad que a menudo pasa desapercibida: en España viven 408.000 ciudadanos del Reino Unido, diez veces la población de Gibraltar. Y otros 427.000 españoles residen en Gran Bretaña, el equivalente a la ciudad inglesa de Coventry. Además, 19 millones de súbditos del rey Carlos III, en su gran mayoría ingleses, visitaron el año pasado España, donde se gastaron 23.540 millones de euros, el 1,44% del PIB español, mientras que 2,6 millones de españoles viajan cada año el Reino Unido, donde dejaron el año pasado 1,400 millones de libras, el 0,05% de su PIB. “En verano hay más vuelos entre España y Reino Unido que entre cualesquiera otros países del mundo”, resume el embajador británico en Madrid, Alex Ellis. “A los británicos les gusta venir a España, también a Anthony Gordon”, apostilla, en alusión a la nueva estrella de la selección inglesa que ha fichado por el Barça.
Reyes Maroto (Medina del Campo, 52 años) dijo en abril que repetiría como candidata socialista a la alcaldía de Madrid. Lo fue ya en 2023, recién llegada del Ministerio de Industria. Con el fin de curso a la vuelta de la esquina, las aguas estaban en calma en el PSOE madrileño. Y no se esperaba marejada. Óscar López era el candidato casi asegurado ―y así ha sido― a la Comunidad y Maroto la aspirante, en principio única, al Ayuntamiento. La apuesta de Ferraz por segundo año. Eso cambió hace tres semanas. Enma López, número dos del partido en Cibeles, anunció que competiría por enfrentarse a José Luis Martínez-Almeida (PP) en 2027 y la ejecutiva regional pensó que se había precipitado. Este domingo las dos concejalas medirán sus fuerzas en las urnas.
