Al menos 11 niños han muerto y otras 19 personas —entre ellas varios menores— han resultado heridas durante el incendio declarado en la madrugada de este jueves en un orfanato para menores discapacitados de la localidad de Mohammadia, en las afueras de Argel, la capital de Argelia, según ha comunicado la Dirección Nacional de Protección Civil.
Un alto cargo del Ejecutivo valenciano del expresidente Carlos Mazón ha reconocido este jueves ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que fue informado por WhatsApp de la alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a las 7.51 del día de la riada, el 29 de octubre de 2024, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su declaración.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado este jueves al PP de “intentar torpedear las relaciones de España con el Mundo Árabe”. En la presentación de la Estrategia de Diplomacia Pública de su departamento, que busca potenciar las relaciones con la sociedad civil de los distintos países más allá de los gobiernos, Albares se ha felicitado de la buena imagen de España en el extranjero, “mal que les pese a algunos, que intentan torpedear las relaciones con el Mundo Árabe y no lo van a conseguir”.
Lucía González, hasta ahora al frente del Desarrollo de Audiencias y Estrategia Digital editorial de EL PAÍS, ha sido nombrada directora de El HuffPost y se incorporará a la cabecera el 1 de septiembre. En esa misma fecha, Antonio Ruiz Valdivia entrará como subdirector.
La amnistía a los encausados del proceso independentista de Cataluña, la medida sobre la que se pusieron los cimientos de la legislatura en el Congreso de los Diputados, ha recibido este jueves el espaldarazo de la justicia europea después de tres años de encendidos debates jurídicos y políticos tras la cesión de Pedro Sánchez para aprobar una ley que diera carpetazo a todas las causas judiciales vinculadas al procés. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado ampliamente la ley de amnistía en lo que respecta al derecho comunitario, al considerar que la normativa ni choca contra los intereses financieros de la Unión Europea ni tampoco es contraria a la directiva en materia de terrorismo. El fallo ha sido recibido por el Gobierno como un reconocimiento de su política en Cataluña, donde los dirigentes y activistas que aún no se han beneficiado de la medida esperan que los tribunales españoles muevan ficha.
