Hace años que, en varias universidades, se optó por reducir el número de alumnos por aula, de manera que, en lugar de acoger a no menos de 100 estudiantes en cada clase, se pasó a tener unos 40, que a veces no son más de 20 y, en el mejor de los casos, unos 70, dependiendo de la asistencia. Se dijo, en su momento, que la docencia era más eficiente cuando se impartía a menos estudiantes, pudiendo tener un trato más personalizado por parte del profesorado.
“Vamos a apurar al máximo hasta el final”. Sumar se plantó ante el PSOE para arrancar el decreto de vivienda que congela los alquileres y ahora emprende una ofensiva que combinará diálogo político y presión social en un intento de que el Congreso lo convalide antes del 6 de mayo. Pese a las reiteradas negativas de Junts a aprobar la medida y al escepticismo de los socialistas sobre las posibilidades de recabar apoyos suficientes, el ala más a la izquierda del Gobierno se resiste a tirar la toalla. Sumar asume que llevará el peso de las negociaciones y cuenta con el apoyo de sindicatos y entidades sociales para redoblar la presión, incluidas movilizaciones en la calle.
El reciente cambio en el Gobierno de Pedro Sánchez —con el nombramiento del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como vicepresidente primero, y de Arcadi España como titular de Hacienda— ha provocado un efecto paralelo en el Partido Popular. Hasta ahora, durante las sesiones de control en el Congreso, Ester Muñoz acostumbraba a preguntar a María Jesús Montero. La portavoz parlamentaria del PP tenía en la anterior número dos del Ejecutivo su principal diana tanto por su cargo como por el mensaje, con el foco puesto en los casos de corrupción que rodean a los socialistas y en sus férreas críticas a La Moncloa por la presión fiscal. En adelante, sin embargo, Muñoz protagonizará sus cara a cara de los miércoles con Cuerpo. Un antagonista muy distinto: sin carné del PSOE, de tono calmado y a quien hasta ahora el PP había interpelado con preguntas orales solo tres veces en lo que va de legislatura en la Cámara baja.
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge rechaza levantar la orden de alejamiento que había impuesto al comisario de Policía Emilio de la Calle, acusado de varios delitos de acoso laboral y sexual a una subordinada cuando ambos trabajaban en la embajada de España en La India entre 2024 y 2025. El comisario De la Calle —que llegó a decirle a su subalterna “odio a la gente como tú”,“te dejo como un trozo de carne, te reviento, ten cuidado”— argumentaba que había cumplido con las medidas cautelares durante un año, pero la fiscal le recuerda que “el cumplimiento no es un mérito, sino una obligación impuesta judicialmente”.
La marcha de Ángel Escribano de la presidencia de Indra y su sustitución por Ángel Simón ha pillado a los inversores en plena Operación Salida de Semana Santa. Las acciones de Indra, que en 2025 se revalorizaron un 184%, se han devaluado un 23% durante el último mes, tras la decisión del Gobierno —máximo accionista de Indra, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)— de forzar el cese de Escribano. En los mercados financieros cunden las dudas de qué será de la compañía tras la salida del directivo estrella y, sobre todo, tras la frustrada fusión de EM&E, la empresa de defensa fundada por el propio Escribano y su hermano Javier.
Los grandes camiones eléctricos ya son una realidad en España. Las matriculaciones de vehículos de más de 3,5 toneladas se han multiplicado por 22 en cinco años (de 17 a 378), aunque todavía son minoría (1,6% de los nuevos), según datos de la DGT. El crecimiento del sector sigue lastrado por retos como la autonomía de los vehículos —que hace que la mayoría se empleen en trayectos urbanos o de menos de 250 kilómetros—, los puntos de recarga ultrarrápidos adaptados o la falta de ayudas públicas para compensar su mayor coste de compra. Algunos transportistas pioneros, como Transbernal, comienzan a usarlos para rutas de hasta 1.000 kilómetros diarios. “Si las empresas hacen sus números y ponen puntos de recarga en sus instalaciones, verán que a la larga salen más baratos. Con lo que ha subido el gasoil, ahorras mucho dinero”, explica su propietario, Gabriel Bernal.
“A lo mejor nuestros nietos ya no sabrán que existió la ketamina y solo hablarán de Spravato”. La investigadora cultural Marta Echaves (Arganzuela, Madrid, 35 años) tuvo un “mal augurio” cuando Estados Unidos aprobó en 2019 comercializar Spravato, un medicamento antidepresivo de esketamina —un derivado de la ketamina— en forma de spray nasal. Distribuido por la unidad farmacéutica de Johnson & Johnson’s, el spray que recuerda en su envase a un simpático cohete en miniatura cuesta entre 500 y 700 euros. La patente expirada de la ketamina como medicamento genérico apenas supera los 50 céntimos. “Con esa estrategia confirmé que cualquier estado de alteración de conciencia siempre acabará siendo un espacio de cooptación para la industria clínica”, cuenta esta licenciada en Filosofía graduada en el Programa de Estudios Independientes (PEI) del Macba el último año que lo dirigió Paul B. Preciado (“figura crucial en mi pensamiento”, señala).
El miércoles, a las 18.30 hora local, un cohete SLS, el más potente jamás construido, despegaba del Centro Espacial Kennedy, en Florida (EE UU) y ponía rumbo a la Luna. A bordo de una cápsula Orion, de más de tres metros de longitud y cinco de diámetro, cuatro astronautas —tres estadounidenses y un canadiense— tienen previsto dar la vuelta al satélite y regresar. Si lo logran, serán los primeros humanos en sobrevolarlo desde 1972. Es la segunda misión del programa Artemis, desarrollado por la Agencia Nacional del Espacio y la Atmósfera estadounidense (NASA) en cooperación con otras agencias espaciales (entre ellas, la Agencia Espacial Europea) cuyo objetivo es poner astronautas en el suelo lunar antes de 2028 y establecer allí una base permanente que sirva para misiones aún más ambiciosas, como un hipotético viaje a Marte.
1. Es difícil leer la política internacional cuando el primer plano, donde viene figurando Estados Unidos, lo ocupa un personaje delirante como Donald Trump, incapaz de sostener un argumento o definir una estrategia, de modo que nunca se sabe hasta dónde quiere llegar y menos todavía el modo de conseguirlo. La puesta en escena es conocida: el despliegue sin límites de una personalidad que transmite un ego desbordado por la necesidad de reconocimiento del que vive a distancia de la realidad, instalado en la autocomplacencia e incapaz de leer los límites: hasta dónde se puede llegar, hasta dónde pueden estar dispuestos a ceder los adversarios.
Un elemento común a los partidos políticos de la derecha y de la extrema derecha, de las organizaciones sociales racistas y de los grupos religiosos fundamentalistas es el rechazo a las personas migrantes y refugiadas, a quienes se demoniza y sobre las que se elabora el discurso del odio, que desemboca en xenofobia, racismo, aporofobia y, con frecuencia, en prácticas violentas. No se trata de un fenómeno marginal, sino que está muy presente en el imaginario colectivo y en no pocas prácticas políticas incluso de gobiernos democráticos, que tienden a identificar ciudadanía con país o Estado y niegan dicha ciudadanía y el ejercicio de los derechos cívicos a quienes no han nacido en el territorio al que llegan, aunque vivan, trabajen y generen riqueza en él.