Segunda victoria de Sandra Ortega frente la banca por la quiebra de Room Mate. La justicia madrileña ha vuelto a dar la razón a la primogénita de Amancio Ortega, fundador de Zara, en su conflicto con la banca por la docena de avales por el importe de 144 millones de euros que su sociedad patrimonial, Rosp Corunna, emitió con relación a Room Mate, la cadena hotelera fundada por Kike Sarasola, que acabó en concurso de acreedores como consecuencia del confinamiento durante la pandemia de la covid-19. El Juzgado de Primera Instancia número 62 de Madrid ha desestimado la demanda que Banca March presentó contra el family office, al que reclamó una indemnización de 36 millones de euros por su negativa a afrontar la quiebra de los hoteles. La jueza confirma que Sandra Ortega no dio su consentimiento al que fuera el gestor de su fortuna, José Leyte, para otorgar dichas garantías.
España está muy lejos de los países más avanzados de Europa en distintas variables económicas. Una de ellas es especialmente sensible, las muertes en el trabajo. Según se desprende de las últimas cifra de Eurostat, detalladas este martes, España arroja una incidencia de la siniestralidad laboral (cociente entre el número de decesos en el trabajo por cada 100.000 empleados) de 1,71. Esa tasa está ligeramente por encima de la media comunitaria (1,63) pero es muy superior al dato que notifican los países más seguros del continente. Es el caso de Países Bajos (0,38), Alemania (0,71) o Polonia (1,18).
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y el Grupo Banco Europeo de Inversiones han decidido ampliar en 200 millones de euros la dotación del Fondo de Resiliencia Autonómica (FRA), el instrumento diseñado por el Gobierno para canalizar los fondos europeos hacia las comunidades autónomas.
Un día, aburrido, Pau Brunet decidió desentrañar lo que era la ironía. “Quería ver si era capaz de entender la única cosa que mis padres creían que no podría aprender jamás…”. Y lo consiguió, no de golpe, paso a paso, consciente de lo que le cuesta entrever en la vida muchos de sus dobles sentidos y el equilibrio necesario para afrontarlos.
Para saber qué conexión existe entre Manuel Fraga, ministro franquista y aun así padre de la Constitución, y Pete Doherty, estrella del rock y ex de Kate Moss, o qué vínculo hay entre el desastre nuclear en Palomares y el Abbey Road de los Beatles, y qué une también a Nadiuska, Maradona, un cómic belga y los clubes de música electrónica de Ibiza, el lector puede hacer un pequeño sacrificio: ir a la piscina municipal más cercana, planchar la toalla en el césped y entregarse, además de a la lectura de este texto, al escrutinio de los bañistas.
Si el magistrado Leopoldo Puente decidiera enviar este miércoles a prisión preventiva al exministro José Luis Ábalos, en el Congreso se abre a la vez un nuevo escenario. El que fuera secretario de Organización del PSOE, diputado desde febrero de 2024 en el Grupo Mixto de la Cámara baja, obtuvo el acta tras las elecciones generales de junio de 2023 en la lista de los socialistas por Valencia. Si el juez del Tribunal Supremo ordenase su ingreso en la cárcel, ¿qué ocurriría entonces? ¿Pierde la condición de diputado? ¿Qué pasaría con las mayorías de la Cámara baja?
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP, ha evitado este martes contestar a las preguntas de los periodistas convocados en el patio de la Palau de la Generalitat. Sí lo hizo la pasada semana ante tres medios de comunicación elegidos a los que concedió las primeras entrevistas, casi un año después de la dana que causó 229 muertos en la provincia de Valencia. Pero este martes ha preferido pasar palabra y se ha marchado a su despacho, tras presentar un nuevo paquete de ayudas de 108 millones de euros para los afectados.
“No se trata de criminalizar a nadie por su condición de inmigrantes”, declaró este martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, antes de presentar un plan sobre inmigración que, de nuevo, y en perfecta sintonía con Vox, volvió a vincular a la población extranjera con la inseguridad y el Código Penal. No fue la única contradicción en la que cayó el presidente de los populares, quien se apoyó en hipérboles para asumir el discurso de la extrema derecha sobre la necesidad de “proteger los valores y los recursos” de los españoles frente al “descontrol” de la comunidad inmigrante y así “salvaguardar la unidad, la estabilidad e identidad de España”. Pero más allá del tono y el relato, el plan del PP incluye medidas que ya están recogidas en la legislación actual. Estas son las claves del plan y el discurso del líder de la oposición.
El Gobierno dio este martes el primer paso para presentar formalmente una propuesta de reforma de la Constitución para incluir como derecho la interrupción voluntaria del embarazo. La propuesta es añadir un apartado al artículo 43 que obliga a todos los poderes públicos a garantizar este derecho reconocido en la ley de 2010 y ratificado en 2023 por una sentencia del Constitucional. El tribunal tardó nada menos que 13 años en decidir sobre la constitucionalidad de esta ley en respuesta a un recurso del PP. Una ley que el último presidente de ese partido, Mariano Rajoy, decidió dejar como estaba a pesar de gobernar con mayoría absoluta. Con las encuestas en la mano, los conservadores españoles decidieron entonces abandonar la guerra con este asunto. Hasta hace dos semanas, cuando hicieron saltar las alarmas el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, primero, y sobre todo la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, arremetiendo contra las garantías al ejercicio de este derecho. La presidenta de la comunidad, donde un 99,5% de las interrupciones de embarazos se practican en clínicas privadas, tuvo el cuajo de calificar el aborto como un “gran negocio para el feminismo”.