Ya hace tiempo que en los palacios del poder se sabe que la fiscal superior de Madrid no traga al fiscal general del Estado, así que esa mañana temprano, cuando Álvaro García Ortiz la llama por teléfono hasta seis veces seguidas y le envía un torrente de mensajes de texto, Almudena Lastra no le responde, sino que termina de arreglarse y a eso de las 8.30 sale de su domicilio y se dirige en coche al despacho. La noche anterior, cuando su jefe de prensa le advierte, muy nervioso, de que García Ortiz anda removiendo Roma con Santiago para tratar de desmentir una noticia falsa que ha puesto en circulación el diario El Mundo, Lastra le responde: “Tranquilo, Íñigo, apaga el teléfono y vete a dormir”.
Tenía razón Mark Carney, entonces presidente de La Vieja Dama (el Banco de Inglaterra) y actual primer ministro de Canadá, cuando echó una sonora bronca a los dirigentes de las grandes aseguradoras por no tener en cuenta el riesgo que corrían si se producía una nueva guerra en el Golfo y quedaban implicados países como Qatar o los Emiratos. Se está viendo ahora: “Si el tránsito por [el estrecho de] Ormuz no pasa a ser de un riesgo normal”, asegura un analista muy respetado en la Casa Blanca, “el sistema económico global pasará de una simple subida de precios a un complicado sistema de racionamiento de combustible y, finalmente, se usará una logística supervisada por la fuerza militar”. En inglés, con cuatro palabras lo resumes: será tan malo que llevará a mayor inflación y menor crecimiento. ¿Por qué? Hasta el momento nadie sabe explicar bien cómo se ha podido llegar a la situación actual. Es, dicen algunos analistas, una guerra sin un porqué.
La cita para esta entrevista, al principio, estaba fijada a mediados de febrero en un hotel de Berlín. La escritora Arundhati Roy (Shillong, India, 64 años) estaba invitada a la Berlinale, el festival de cine, con ocasión del estreno de la versión restaurada de In Which Annie Gives It Those Ones (en el que Annie la monta, sin traducir al español), un popular telefilme de 1989 cuyo guion ella escribió y en el que actuó. A última hora, y estando en París a punto de subirse al avión hacia Berlín, vio que, en una rueda de prensa el cineasta alemán Wim Wenders, presidente del jurado, y otros miembros del cónclave eludían las preguntas sobre Israel y Gaza. “Me sorprendió que personas tan inteligentes tuviesen miedo de decir cualquier cosa sobre Gaza”, recuerda Roy. Y anuló el viaje y la entrevista.
La guionista Gaba Agudo Adriani buscaba con el GPS la casa de una amiga en Caracas cuando acabó frente a una calle cerrada por uniformados y controles. Tardó varios segundos en entender no solo que allí vive Delcy Rodríguez, sino quién es ahora Delcy Rodríguez. Ese instante de desconcierto resume bien una sensación común ante el nuevo momento del país. Después de años atrapada en la espera del cambio, Venezuela ha entrado en una nueva etapa sin que sus ciudadanos terminen de saber dónde están parados. La realidad se movió de golpe, pero sigue envuelta en una mezcla de optimismo e incertidumbre. Algo cambió: lo difícil es definir cuánto, hacia dónde y por cuánto tiempo. Aunque sí parece irreversible.
Manuel Filiberto de Saboya, Pablo de Grecia, Luis Alfonso de Borbón. Los tres son los jefes de sus dinastías y forman parte de una larga lista de casas históricas que ya no reinan, pero que siguen siendo protagonistas de la actualidad: ocupan titulares en medios y también horas de televisión, y comparten tiempo y actos con miembros activos de realezas europeas. Son los máximos representantes y pretendientes a ocupar el trono en países donde las repúblicas llevan instaladas y consolidadas desde hace décadas, e incluso siglos. No tienen pretensión de reinstaurar las monarquías; aunque algunos lo han soñado.
De todos los escenarios posibles abiertos cuando el pasado 28 de febrero Donald Trump y Benjamín Netanyahu ordenaron atacar Irán —sin excusa alguna de legítima defensa o mandato internacional, sin autorización del Congreso de EE UU y sin informar a la OTAN—, la guerra se encuentra en uno de los más nefastos.
Cenar ligero, poner la alarma antes de las siete de la mañana, irse a dormir pronto. No es la tediosa rutina de un trabajador en un día laborable, sino la que eligen los viajeros que han convertido en hacer deporte su principal objetivo vacacional. El turismo activo se ha consolidado en España como uno de los segmentos más dinámicos del sector. En 2025, el 21,4% de las experiencias turísticas ofertadas online en España incluían actividades deportivas, según recoge el último informe de la plataforma Yumping, posicionándose como la categoría con mayor crecimiento, solo por detrás de la oferta cultural. Su valor también se traduce en un importante impacto económico. En 2024, el turismo deportivo —que incluye viajar tanto para ver como para practicar deporte— generó más de 8.351,2 millones de euros en el país, según el informe de la consultora Lin3s. “El turismo deportivo ya no es una acción puntual, sino una auténtica estrategia territorial”, advertía el pasado enero Andrés de la Dehesa, presidente de la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de Artículos Deportivos durante la cuarta edición de Fitur Sports.
La escena se repite cada vez con más frecuencia. Un hospital que opera en zona de conflicto es bombardeado y los responsables del ataque aseguran que la instalación había dejado de ser neutral. No presentan pruebas independientes, nadie ha verificado que se cometieran actos hostiles entre sus muros, pero el mensaje se impone: si un centro sanitario alberga al enemigo, deja de ser un espacio protegido. Y así, lo que el Derecho Internacional Humanitario tipifica como crimen de guerra —el bombardeo de un hospital— pasa directamente a presentarse como una operación legítima.
Una de las consignas más repetidas por Donald Trump en su campaña de deportaciones es que está orientada a expulsar “a lo peor de lo peor”, a los delincuentes más peligrosos. Pero la realidad es que no solo la mayoría de los más de 700.000 deportados no tenían antecedentes penales, sino que las víctimas de delitos están siendo perseguidas. Es el caso de los menores que han sufrido abusos y que hasta el año pasado, protecciones legales y motivos humanitarios les excluían de las expulsiones. Sin embargo, el Gobierno del republicano ha deportado a 132 menores y detenido a 265 que tenían el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS, por sus siglas en inglés) hasta el 22 de diciembre.
